Mientras en 2017 el entonces diputado Gabriel Boric cuestionaba públicamente las pruebas presentadas en las investigaciones en el caso Luchsinger Mackay, su actual gobierno optó por apelar a la decisión de la Corte de Temuco de dejar en libertad condicional al preso político mapuche José Tralcal Coche.

Por J. Arroyo Olea

El gobierno encabezado por Gabriel Boric ha optado por situarse contra las exigencias del preso político mapuche José Tralcal, condenado por el conocido Caso Luchsinger Mackay, cuyo procedimiento de investigación ha estado cruzado por cuestionamientos y un proceso abierto en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Fue este martes cuando El Mercurio dio cuenta de la intención del Ministerio del Interior de apelar contra la libertad condicional que fue otorgada a Tralcal Coche a fines de la semana pasada, quien se encontraba recluido en un Centro de Educación y Trabajo (CET) y que ya contaba con salida dominical, considerando entre los antecedentes su buena conducta, resultados del informe psicosocial y lo pertinente de su postulación a la medida acorde al tiempo estipulado en su condena.

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En esta línea, la postura del Gobierno ha sido apelar a la medida exigiendo que José Tralcal vuelva al Centro de Educación y Trabajo de Victoria.

La posición del Ejecutivo se da a conocer luego que un grupo de personeros políticos de derecha, incluyendo a Jorge Luchsinger, hijo del matrimonio, se pronunciaran públicamente contra la medida, a la cual desde la familia Tralcal han planteado recurrentemente que se cuenta con todos los requerimientos necesarios para que sea aplicable.

Esta mirada del Gobierno es totalmente opuesta a la que dio a conocer Boric mientras se desempeñaba como diputado en 2017. A través de una misiva publicada por los medios, el ahora presidente se refería al procedimiento investigativo sobre el caso Luchsinger Mackay a partir del estado de salud de la machi Francisca Linconao, quien en ese entonces se encontraba en huelga de hambre.

En aquella oportunidad, Boric escribió que la situación que se vivía producto de las investigaciones era «el resultado de una política sistemática y racista de represión y criminalización del movimiento mapuche». En la misma línea, el ahora presidente apuntaba al carácter cuestionable de las pruebas presentadas en el proceso, las que incluían el testimonio de José Peralino, quien reconoció ser torturado para dar sus declaraciones, y una pericio de georreferenciación de celulares que no contaba con los mínimos técnicos para ser fiables.