Fue en 2002, a dos años de la implementación del consentimiento escrito en los hospitales, que Francisca- seudónimo que ella implementó por motivos de seguridad- fue sometida a un procedimiento de esterilización sin consentirlo, todo luego de un parto en el que había sido tratada de "irresponsable" por quedar embarazada estando con VIH.
Por Valentina Luza Carrión / resumen.cl
Tenía 20 años en 2022 y estaba casada, cuando supo que tenía VIH. Con miedo de transmitírselo a su bebe, comenzó un tratamiento retroviral que buscaba evitarlo. Fue en noviembre del 2002 que en camino al Hospital de Curicó, empezó con contracciones.
El personal que estaba en dicho lugar, la trató de irresponsable por tener un hijo siendo seropositiva. Francisca fue sometida a una cesárea y su hijo nació siendo un niño sano, sin embargo, cuando despertó del procedimiento le comunicaron que había sido esterilizada.
Tras este suceso, Francisca se convirtió en un ejemplo de la violación de derechos humanos, específicamente los sexuales y reproductivos en una época cargada de impunidad, estereotipos y discriminación.
El pasado jueves el presidente Gabriel Boric, en una ceremonia en el Palacio de la Moneda, ofreció disculpas públicas en nombre del Estado de Chile, aceptando la responsabilidad en este atropello a los derechos humanos.
La gerencia de la ONU para el Sida, reconoció este gesto diplomático, como una señal para ampliar la conversación en torno a los derechos de las mujeres.
A través de una representante legal, Francisca envió unas palabras para el acto: "Me encantaría haber sido yo, con mi voz, mi cara, y mi cuerpo la que, después de tantos años de lucha, estuviese presente para liderar en nombre propio este acto. Sin embargo, dar a conocer mi identidad me hubiese cerrado un sinfín de puertas. Hasta la fecha, se sigue mirando con menosprecio a las personas que portamos VIH, como si nosotros lo hubiésemos elegido. Quiero pensar que esto cambiará. Que ninguna mujer será esterilizada sin su consentimiento".
La historia de Francisca
Cuando entró al Hospital de Curicó ella nunca solicitó el procedimiento, ni firmó, ni expresó verbalmente ser sometida a ello. Tras ese suceso, la afectada empezó un proceso judicial en busca de justicia.
Con ayuda de organizaciones, Francisca cayó en cuenta que lo que le había pasado no era normal y había sido una vulneración a sus derechos fundamentales.
Siendo una mujer de una zona rural, bajos recursos y cero educación sexual, comenta que gracias a las fundaciones de personas con VIH pudo solicitar ayuda, poniendo una querella en 2007 contra el médico que la había atendido.
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En 2009 su caso se incluyó en una denuncia contra el Estado de Chile por parte de la organización Vive Positivo, la que fue presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Esta fue partícipe de la documentación de relatos de mujeres seropositivas chilenas, que a menudo eran presionadas para no embarazarse, y para esterilizar quirúrgicamente,.
Se alegaron los derechos de integridad personal, garantías judiciales, protección a la honra y la dignidad, entre otros principios que se encuentran en la Convención Interamericana de DDHH. Fue en 2014 cuando se declaró como admisible.
Después de ello, fue en agosto que tras varios años el Estado reconoció su responsabilidad, firmando un acuerdo de solución amistosa con la víctima; con reparaciones económicas y compromiso de medidas concretas en los hospitales públicos para mayor concientización en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.