El recurso se interpuso luego que el pasado 7 de mayo fueran trasladados seis presos políticos mapuche desde la cárcel de Angol, según uno de sus abogados, de forma «ilegal» a penales en Rancagua, Concepción y Puerto Montt. Lo anterior, sin que Gendarmería notificara a sus representantes, ni familiares, ni a ellos mismos.

Por Juan Contreras Jara

Finalmente, el máximo tribunal del país acogió el recurso de amparo presentado a inicios de junio pasado en favor de 6 de los 17 presos políticos mapuche recluidos en el penal de Angol, quienes pertenecen a las comunidades en resistencia de la provincia de Malleco.

Sobre el proceder de la institución carcelaria, según el fallo de la Corte Suprema, se «establece la obligación de Gendarmería de recabar la autorización del juez de garantía competente para modificar el establecimiento donde se ordenó por el tribunal el cumplimiento de la medida cautelar, lo que no aconteció en este caso, pues la misma institución recurrida reconoce en su informe que la decisión de traslado del amparado (...) fue comunicada en forma posterior a su ejecución, aludiendo en forma genérica a la gravedad de los hechos, sin especificar los fundamentos por los cuales en este caso preciso no podía esperar el pronunciamiento jurisdiccional".

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El recurso de amparo interpuesto en favor de seis presos políticos mapuche de la cárcel de Angol se dio luego de los hechos ocurridos el pasado 7 de mayo, día que correspondía la visita de las familias y comunidades mapuche en resistencia de la provincia de Malleco al recinto penitenciario. Es tras la negativa de dicha visita, sin previo aviso, que se generaron los hechos de violencia que terminaron con comuneros heridos de diversa consideración, uno de ellos con perdigones en la cara. 

Tras el hecho, Gendarmería trasladó de forma arbitraria y de madrugada a 6 de los 17 comuneros recluidos en el penal angolino, enviándolos a cientos de kilómetros de sus familiares a modo de castigo, dejándolos en penales de Rancagua, Concepción y Puerto Montt.

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La acción tampoco fue debidamente abordada, según el fallo de la Corte Suprema, por el tribunal competente, destacando que, «tanto Gendarmería como el Juzgado de Garantía, omitieron cumplir sus obligaciones. En efecto, respecto de la primera institución no recabó la autorización del tribunal competente para llevar a cabo el traslado del imputado, como el segundo omitió pronunciarse sobre la procedencia de tal medida, inactividad que lesiona la libertad personal y seguridad individual del amparado, a quien se le trasladó a un establecimiento penitenciario fuera de la región donde se conoce la causa en que se decretó la medida cautelar y que deberá ser subsanada por esta Corte acogiendo el recurso deducido en la forma que se indicará en lo resolutivo».

El fallo agrega que el traslado,»evidentemente, no se ajusta no solo a las disposiciones constitucionales, sino que además se aparta de tratados internacionales sobre derechos humanos. En particular, atenta contra la vinculación del amparado a su núcleo familiar y de la relación con sus cercanos, trasgrediendo con ello el inciso segundo del artículo 1° de la Carta Fundamental, en cuanto se reconoce a la familia como núcleo fundamental de la sociedad, su protección y fortalecimiento".

Tras la determinación judicial, los seis comuneros, trasladados de forma ilegal desde el penal de Angol, deberían retornar al módulo F de presos políticos mapuche, en la provincia de Malleco.