Si bien el procedimiento de soterramiento entregaría grandes beneficios a la población, el costo de inversión y la actual propiedad privada del cableado son grandes obstáculos para su instalación.

Por Diego Chacano

Agosto comenzó con un frente de mal tiempo que azotó a diversas comunas de la zona centro-sur del país y que dejó, solo en la Región Metropolitana de Santiago, a más de 190.000 viviendas sin luz durante días. Esto ha puesto sobre la mesa diversas interrogantes y críticas a las empresas privadas distribuidoras del servicio por su negligencia y falta de compromiso con los usuarios.

Enel, la multinacional que gestiona la electricidad de 33 de las 52 comunas de la RM, es la firma que más controversia ha generado por no cumplir a tiempo las reposiciones de energía y por esto la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) ha formulado cargos en su contra. Por su parte, Claudio Orrego, gobernador de la región, comentó en un punto de prensa que: "Si bien la principal causa fueron los vientos, nosotros no descartamos que el exceso de basura aérea también haya contribuido a los cortes eléctricos que tuvimos".

Y es que gran parte de la negligencia de Enel (y otras empresas distribuidoras) no solo se hizo notar en su falta de gestión para la reposición de la electricidad a tiempo, si no también en un punto clave que ha vuelto a estar sobre el ojo público esta semana: el exceso de cables en desuso y la necesidad de una infraestructura eléctrica subterránea.

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Teniendo en consideración que nuestra región tiene la segunda mayor capacidad de generación eléctrica instalada y registra el mayor consumo de energía primaria del país, RESUMEN conversó con la seremi de Energía del Biobío, Daniela Espinoza, respecto a los beneficios y obstáculos de instalar subterráneamente el cableado eléctrico.

"Efectivamente evitaría los cortes de suministro, por ejemplo, por caídas de árboles o eventos meteorológicos extremos", explica Espinoza. "Sin embargo, existe un tema de los costos de esta infraestructura que puede llegar a diez veces por sobre una línea aérea, dependiendo de la zona donde se ubica", aclaró.

Según la seremi de Energía: "En ciudades altamente pobladas el costo puede ser mucho mayor, y eso es algo que podría impactar a la tarifa eléctrica de los usuarios. Recordemos que las tarifas eléctricas también recogen los costos de transmisión y distribución, por lo tanto las inversiones realizadas en la red también pueden tener una influencia en la tarifa".

A pesar de este obstáculo en cuánto a materia de inversión, la Seremi considera que: "es algo que se tiene que trabajar, en cómo las redes de transmisión se hacen más eficientes y resilientes ante las emergencias climáticas".

Por su parte, Vanessa Cáceres, ingeniera jefa de Ingeniería y Construcción IMS ltda, explicó que la cantidad de beneficios sería realmente alta para el país, "se reduce la posibilidad de robos de cables, como fibra óptica, y también hay un avance tremendo en despejar la contaminación visual".

"En algunas comunas ya se ha realizado", explica Vanessa. "En 2017, en la Región Metropolitana aproximadamente el 20% de las redes de distribución estaban con soterramiento. Se realizaron obras de soterramiento en comunas como Vitacura, Las Condes y Santiago. También en Valdivia".

Rosa Serrano, directora de Estudios y Regulación de Empresas Eléctricas AG, detalló algunos de los principales factores que aumentan el coste de inversión del soterramiento para la revista En Concreto (de la Cámara Chilena de la Construcción): "Entre los principales elementos empleados en el soterramiento de redes se encuentran la utilización de cables protegidos, la excavación y canalización, construcción de bóvedas para equipos y transformadores, rotura de pavimento y repavimentación y pago de derechos municipales por el uso temporal del bien nacional de uso público (veredas)".

Sin embargo, más allá de los temas de costo iniciales de proyectos de esta envergadura, hay que subrayar que desde hace cinco años que existe la Ley 21.172 (conocida como Ley "Chao Cables") que fue aprobada por unanimidad en el Congreso y establece que: "En caso de que tales elementos (tendido eléctrico) hayan dejado de ser utilizados para los fines del o de los servicios autorizados, serán calificados como desechos y deberán ser retirados por la respectiva concesionaria o permisionaria a su costa, en el lapso y de acuerdo a los criterios, procedimiento y mecanismos de resolución de discrepancias establecidos en la citada normativa técnica".

Aún así, desde 2019 que la Subsecretaría de Telecomunicaciones no termina el reglamento oficial necesario para que las empresas de telecomunicaciones y administradoras de electricidad se hagan cargo de los materiales en desuso. Claudio Araya, subsecretario de Telecomunicaciones, comentó: "Sabemos que el reglamento es urgente, y ponemos todos nuestros esfuerzos para poder contar con su publicación a la brevedad posible, de manera que podamos terminar con la implementación de esta ley".

Un dato no menor es que, durante los primeros seis meses de este año, Enel reportó utilidades por $250 mil millones. Un incremento del 120% en comparación con el mismo período en 2023.

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Fotografía principal: @CGE_Clientes