La Corte Suprema dictó sentencia definitiva por los secuestros calificados de Domingo Bartolomé Blanco Tarrés y José Belisario Carreño Calderón y los homicidios calificados de Gonzalo Mario Jorquera Leyton, Carlos Alfonso Cruz Zavala, Luis Alfredo Gamboa Pizarro, Pedro Juan Garcés Portiagliati, "scar Osvaldo Marambio Araya, Edmundo Enrique Montero Salazar, Jorge Osvaldo Orrego González, William Osvaldo Ramírez Barría miembros del Grupo de Amigos Personales (GAP), escolta del presidente Salvador Allende Gossens, y de Enrique Andrés María Ropert Contreras, hijo de la secretaria de Allende, quienes fueron detenidos el 11 de septiembre de 1973 en las inmediaciones del Palacio de La Moneda, trasladados a la Intendencia de Santiago, luego a unidades policiales y, finalmente, ejecutados.

Por Darío Núñez

En el fallo (causa rol 44.913-2021), la Segunda Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros y ministras Jorge Dahm, Leopoldo Llanos, María Teresa Letelier, Eliana Quezada y la abogada (i) Pía Tavolari- revocó la sentencia apelada, únicamente en la parte que condenó al ex general de la Fuerza Aérea (FACH) Vicente Armando Rodríguez Bustos, a la pena de 10 años y 1 día de presidio, pero éste murió antes de la resolución de segunda instancia dictada en mayo de 2021 (falleció el día 02 de septiembre de 2020), por lo que dispuso que el ministro instructor proceda a decretar el sobreseimiento definitivo y parcial a su respecto. Asimismo, la Sala Penal confirmó la absolución del ex general de Carabineros Patricio de la Fuente Ibar que había sido decretada en las resoluciones precedentes por falta de participación.

Pese a la gravedad de los hechos, a la secuencia de los mismos en que intervienen un diverso número de uniformados y agentes represivos, estos dos individuos fueron los únicos dos procesados que hubo en esta causa.

Los hechos

En la investigación judicial queda establecido que en la madrugada del día del golpe militar contra el gobierno del presidente Allende, un grupo de miembros de la escolta integrantes del GAP, al mando de Domingo Blanco Tarrés, que se encontraban en la residencia presidencial de Cañaveral decide trasladarse a la residencia de Tomás Moro a reunirse con el presidente Allende. Este traslado lo hacen acompañados de la secretaria del Presidente Miria Contreras Bell y sus hijos Max y Enrique Ropert Contreras

Al llegar a Tomás Moro se enteran que el presidente ya se había retirado del lugar con destino al Palacio de La Moneda, por lo que Blanco Tarrés, junto a sus demás escoltas, se trasladaron desde Tomás Moro hasta ese lugar, lo mismo hizo Miria Contreras y su hijo Enrique Ropert Contreras, en su propio vehículo, quedándose Max Ropert Contreras en Tomas Moro.

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Al llegar al centro de la ciudad e ingresar por calle Morandé, alrededor de las 7:30 horas, cerca de los estacionamientos de vehículos de La Moneda, Blanco Tarrés junto a los demás miembros de su grupo GAP se bajaron premunidos de sus armas, pero son descubiertos y conminados a entregarlas por un contingente de Carabineros pertenecientes al grupo móvil que dirigía el oficial Patricio De la Fuente Ibar que pertenecía a la Prefectura ubicada en la Intendencia de Santiago.

Debido a este incidente, Miria Contreras Bell, que llega en los momentos en que ocurre la detención, le solicita a su hijo Enrique Ropert Contreras que averiguase lo sucedido, pero al hacerlo también pasa a ser detenido por las fuerzas policiales y Miria Contreras no pudo evitarlo, por lo que resuelve escapar hacia La Moneda.

Los integrantes de la guardia personal del Presidente Allende, junto a Enrique Ropert Contreras, fueron trasladados hasta las dependencias de la prefectura policial del interior de la Intendencia, donde permanecieron por unas horas, sin que las intervenciones de las autoridades de gobierno del Palacio Presidencial y del director de Carabineros, en ejercicio ese momento, tuvieran éxito en obtener su liberación.

Posteriormente, alrededor de mediodía, en un bus de Carabineros, son llevados a la 6º Comisaría de Santiago, unidad policial donde llegó primeramente Pedro Espinoza Bravo a hablar con el comisario Jorge Retamal Berríos, para efectos de llevarse consigo a los detenidos, lo que fue negado a la falta de una orden escrita. Más tarde, el día 13 de septiembre, llega hasta la comisaría el mayor de Inteligencia de la FACH, Vicente Rodríguez Bustos, premunido de una orden escrita de un Consejo de Guerra, quien es el que finalmente procede a llevarse consigo a este grupo de detenidos, antes de ser puestos a disposición de la Justicia.

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Todo o parte de este grupo de prisioneros, es trasladado el día 12 o 13 de septiembre de 1973, al Cuartel Central de la Policía de Investigaciones, lugar donde fueron sometidos a interrogatorios, entre los que se sabe con certeza que estaba Domingo Blanco Tarrés, quien es ingresado a la Cárcel Pública, el día 15 de septiembre de 1973, por órdenes de la 2º Fiscalía Militar. Desde allí le sacan en varias oportunidades y le llevan a la Fiscalía, donde fue sometido a torturas, interrogatorios y careos con otros miembros del GAP y egresa desde el recinto penitenciario el día 19 de septiembre, según los registros de Gendarmería, por orden de la 2º Fiscalía Militar, perdiéndose desde esa fecha, todo rastro de él.

Además, los restos de José Belisario Carreño Calderón, que en un principio fueron identificados como de dicha persona al ser encontrados el 19 de septiembre de 1973 en el puente Bulnes, con posterioridad de acuerdo a examen de ADN se habría descartado, por lo que desde la fecha en que es trasladado a la 6º Comisaría de Carabineros y es retirado por el oficial de Inteligencia de la FACH, no se supo más acerca de su paradero.

A su vez, los cuerpos de Enrique Ropert Contreras, Carlos Cruz Zavalla, Luis Gamboa Pizarro, Gonzalo Mario Jorquera Leyton, "scar Marambio Araya, Edmundo Montero Salazar, Jorge Osvaldo Orrego González y William Ramírez Barría fueron encontrados el día 19 de septiembre de 1973, en las riberas del río Mapocho, en el sector del puente Bulnes, e ingresados el día 20 de septiembre de 1973 al entonces Instituto Médico Legal, según dan cuentas sus protocolos de autopsias y actas de recepción de cadáveres.

Luego, los ejecutados fueron inhumados en la fosa común del Patio 29 del Cementerio General de Santiago; en años recientes han sido identificados por exámenes de ADN realizados en laboratorios extranjeros. Solo los restos de Gonzalo Mario Jorquera Leyton fueron reconocidos y entregados a sus familias en los días posteriores a ocurridos los hechos.

En relación a Pedro Juan Garcés Portigliati, su cadáver ingresa al Instituto Médico Legal, sin constar respecto de él ningún informe de autopsia o acta de recepción de cadáveres, encontrándose esta víctima entre las identificadas por exámenes de ADN realizados posteriormente a restos encontrados en el Patio 29.