De los nueve querellados por el delito de fraude al Fisco en la región de Tarapacá, tres son ex autoridades de la Intendencia de dicha región, durante el último gobierno de Piñera. Todos ellos, tras la puesta en marcha del programa Alimentos para Chile, luego del inicio de la crisis sanitaria por Covid 19, habrían adjudicado tratos directos a tres proveedores para la adquisición de al menos 23 mil cajas de comida.

Por Juan Contreras Jara

El Consejo de Defensa del Estado presentó una querella contra nueve personas por el delito de fraude al Fisco, entre los que figuran Miguel Ángel Quezada, ex intendente y delegado presidencial de Tarapacá, Lilian Plaza, ex jefa de gabinete de dicho intendente y ex directora regional de Sernac y Jhonny Muñoz Cancino, ex jefe de Administración y Finanzas de la Intendencia.

La querella expresa que los nueve imputados, "a través de una infracción grave y dolosa de sus deberes funcionarios intervinieron -en razón de su cargo- en operaciones de cotización, adquisición, fiscalización, recepción, control y entrega de ayuda social, defraudando o, a lo menos, consintiendo en una defraudación la cual produjo una cuantiosa pérdida de recursos fiscales, todo ello sin perjuicio de otros delitos y/o responsables que se establezcan en el curso de la investigación".

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Los funcionarios de la segunda administración de Piñera en la región de Tarapacá, junto a otros seis antisociales, entregaron tratos directos a tres proveedores de alimentos durante la puesta en marcha del programa Alimentos para Chile, con precios por unidad superiores a los valores de mercado.

Dicha situación habría ocasionado serios perjuicios al patrimonio público de la región, por cifras que superan los $230 millones. A esto se le suma que los tratos directos propiciados por los exfuncionarios fueron con proveedores que se dedicaban a rubros como el de la producción de eventos, la producción de eventos, venta de insumos médicos, entre otros. Ninguno de ellos contaba con el respaldo financiero o con el giro permitido para cerrar el acuerdo con el Estado.