Como Movimiento por el Agua y los Territorios hemos recorrido 10 años sosteniendo que la mercantilización del agua y el modelo de gestión privada solo agravan la crisis hídrica que hoy está desafiando a las autoridades y empresas sanitarias, por verse sin capacidad de proveer del vital elemento a la población.

Hoy alertamos que pese a las declaraciones y supuestas medidas para mejorar la situación, hasta donde sabemos, estas se enmarcan en las «falsas soluciones» que en nada ayudan a salir de una situación estructural enmarcada en la privatización y la instauración del mercado del agua.

En caso crítico, la autoridad y las empresas mencionan privilegiar el corte de suministro a la población en Santiago, por medio del racionamiento, pero no se menciona la detención de empresas como Alto Maipo o Angloamerican que usan agua de las dos cuencas en las que se abastece la región Metropolitana. Esa situación ya ha sumado a El Manzano a aquellas localidades que carecen de este bien común natural indispensable para la vida.

Tampoco hay priorización de uso para consumo humano para respetar el derecho humano al agua. Incluso se podría dar la situación de que el Estado podría verse en la obligación de no abrir escuelas producto de la falta de abastecimiento hídrico. A la población le ofrecen camiones aljibes, jugoso negocio de algunos de los dueños de derechos de agua, pero a las empresas transnacionales no les ponen límites. Eso no hace sentido. ¿Cuál es la priorización que están haciendo?

Llamamos a que las soluciones hídricas en esta emergencia climática estén enmarcadas en los derechos humanos, en la priorización de usos y que tiendan a revisar cuál es el problema estructural de tener este modelo de aguas profundamente inequitativo, desigual y privatizado.

La crítica situación hídrica de la zona no requiere de parches sino drásticas medidas de fondo. Los eventuales costos de una restricción del vital elemento deben ser asumidos completamente por los grandes empresarios mineros, del agronegocio y similares que han secado las cuencas gracias a su avaricia y sobreexplotación.

Si el Estado y sus diversas autoridades asumen plenamente el agua como un derecho humano, pueden y deben actuar en ese sentido e impedir que siga usándose este bien común natural como una mercancía especulativa y de incesante acumulación de riqueza.

Sostenemos que pese a la debilidad de la institucionalidad, y teniendo en cuenta los daños a los ecosistemas ya provocados, el gobierno puede adoptar medidas de emergencia en el sentido señalado, sin afectar el DDHH al agua de las comunidades del Valle afectado.