Por Valentina Riveros

En la austral localidad de Raúl Marín Balmaceda (Región de Aysén), el pasado 3 de junio Sara fue atacada por Flavio Aviléz, quien ingresó a su domicilio manifestando claras intenciones de asesinarla, pese a que el sujeto contaba con una orden de alejamiento vigente por violencia intrafamiliar (VIF). Ante la situación de alto riesgo en que se encontraba, Sara luchó por su vida, actuando en legítima defensa, dando muerte al agresor. Ante esta situación, la articulación feminista lanzó la campaña comunicacional "#YoTambiénMeDefendería" que busca visibilizar y denunciar esta situación en que señalan legítima defensa de Sara, exigiendo su absolución.

Durante cuatro años, Sara vivió diferentes episodios de violencia por parte de Aviléz, su ex pareja, y acudió al Estado solicitando que la institucionalidad la protegiera ante estos hechos: presentó dos denuncias por violencia intrafamiliar en 2019, frente a los que el Tribunal de Garantía de Puerto Cisnes decretó una medida cautelar de alejamiento al agresor.

A pesar que el tribunal había solicitado la medida cautelar de arresto domiciliario, el Ministerio Público insistió en en la prisión preventiva, que finalmente fue concedida.

A raíz de esto, la Red Feminista de la Región de Aysén emitió una declaración pública en defensa de Sara, exigiendo su absolución:

"atendiendo el contexto de violencia reiterada que sufría por parte de su agresor y considerando el intento de femicidio hacia ella el día 03 de junio por parte de este su victimario.

Rechazamos tajantemente el actuar indiferente de la directora regional del SERNAMEG Aysén [Elizabeth Gutiérrez Eggers], quien mediante sus declaraciones expresa que no apoyarán el caso de Sara, ya que 'condena la violencia venga de quien venga'. Respuesta y acción que consideramos graves y cuestionables, pues provienen de la institución del estado que debe velar y brindar las herramientas necesarias para erradicar y combatir la violencia de género, tal como lo indica uno de sus principios fundamentales: 'Ejecutar modelos programáticos para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres e intrafamiliar'".

Del mismo modo, la organización interpela a los medios de comunicación de la zona ante un uso sexista y sesgado del lenguaje al abordar el caso, así como también denuncian la "violencia estructural por la que se encuentra pasando Sara, expresado en el abandono de la red de protección de víctimas, falta de presencia de salud pública y todos los instrumentos del Estado que existen, programas financiados con nuestros impuestos dedicados a la reparación de la mujeres violentadas y vulneradas".

La Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres también se hizo parte de la articulación. Lorena Astudillo, vocera de la organización, señaló que "El Estado chileno en vez de pedirle disculpas a Sara porque, pese a comprometerse a cuidar de su vida, el agresor llega e intenta matarla, hoy día la criminaliza, la condena y pretende juzgarla por parricidio. Sara lo que hizo fue defenderse. Exigimos su libertad total. El Ministerio Público no puede seguir pretendiendo enjuiciar a una mujer que defiende su vida porque ellos no fueron capaces de ponerla a salvo".