Nuevos antecedentes fueron conocidos en el caso SQM luego de la renuncia del Subsecretario General de Gobierno Rodolfo Baier, quien al momento de su renuncia adujo razones personales para dejar el cargo. Lo cierto es que el personero había reconocido hace unos meses que realizó una boleta a SQM hecho que ahora explicó realizó por petición del actual asesor del ministerio de Minería, Alejandro Sule, pues se lo habría solicitado para pagar gastos de campaña, contradiciendo de esta forma la primera versión dada por Baier que cuando estaba en el gobierno indicó haber realizado servicios personales a SQM como periodista independiente.

Aunque el gobierno señaló no saber acerca de los antecedentes de Baier, resulta a lo menos fantaseoso creer que el gobierno no haya chequeado a Baier tras la salida de Peñailillo de la cartera de interior, luego de que se supiera a través de investigaciones de la propia Moneda, las intenciones de SQM de influir en el gobierno para que la explotación del Litio quedara en sus manos a través del grupo del ex ministro del Interior denominado G-90. Como señaló El Mostrador Peñailillo fue sondeado por la Moneda y se habría descubierto que el vínculo con la empresa iría más allá del financiamiento irregular y "apuntaría al financiamiento de Peñailillo y su equipo por parte de SQM bajo la promesa de que en el gobierno de Bachelet se asegurara la extracción del mineral a través de la compañía de Ponce Lerou"

El caso SQM es el más evidente caso de posible soborno a los militantes de partidos políticos a nivel transversal, pues la minera no metálica no ha escatimado en recursos para tratar de influir en políticas que la beneficien desde que Ponce Lerou -ex yerno de Pinochet- se apropió de manera irregular en dictadura de la compañía estatal. SQM mantiene un litigio judicial con CORFO en el cual la Corporación de Fomento demandó a la compañía de Ponce Lerou porque no ha pagado a la estatal en forma íntegra ni oportuna, las rentas trimestrales desde 2009 en adelante. CORFO mantiene un contrato de arrendamiento desde el año 1993 de pertenencias mineras con la empresa que le permite derechos exclusivos sobre un área de 140.000 hectáreas del Salar de Atacama, en los que puede explotar recursos minerales en 81.920 hectáreas hasta el 31 de diciembre de 2030. Este contrato le permite a SQM sacar del salar altas concentraciones de litio, potasio, sulfato, boro y magnesio.

El litigio de CORFO busca incluso terminar el arrendamiento con la Compañía por serios incumplimientos al contrato y se da en un proceso de debate acerca de cual será la política nacional con el Litio. En enero de este año, la Comisión del Litio estableció que el mineral debía ser explotado por una empresa estatal o bien por una empresa mixta manteniendo su carácter de estratégico. No obstante aquello, desde el gobierno se ha planteado que el mineral debe ser explotado por privados. De hecho la propia Ministra de Minería Aurora Williams señaló a El Mercurio en una entrevista de julio del 2014 "Hoy día tenemos una presencia mundial en producción de litio, la que se hace desde un modelo en donde el litio es declarado un recurso estratégico y no concesible, por ende, el Estado de Chile puede explotar el litio, pero a través de arriendos administrativos, contratos especiales de operación del litio (CEOL), concesión y empresas estatales. Y eso, la verdad es que ha implicado que no tuviéramos un desarrollo adecuado. Al ser estratégico y al declararse no concesible es un mercado que se ha desarrollado con lo existente."

Es en este contexto donde se agrava el caso de Baier, debido a que el renunciado personero declaró haber hecho la boleta a SQM por petición de un actual asesor del Ministerio de Minería Alejandro Sule.

Cabe recordar que Manuel Riesco, integrante de la Comisión del Litio explicó a El Mostrador "al quedar el litio sujeto a concesiones como otros minerales, automáticamente SQM habría quedado de propietario en los hechos de gran parte del mineral donde ya tiene las concesiones mineras sobre una amplia superficie del Salar de Atacama. Aunque formalmente con las concesiones el Estado mantiene la propiedad, la empresa puede hacer lo que quiere y si el Estado quiere recuperarla tiene que pagarle el valor total de los minerales que hubiese encontrado debajo"

A estos antecedentes se agrega que uno de los partícipes de la Comisión del Litio fue el consejero jurídico de Codelco, Cristián Quinzio, cercano al cuestionado Giorgio Martelli y miembro provisorio de AyN, la empresa investigada por el financiamiento irregular de campañas políticas y quien habría sido, según explicó Riesco a El Mostrador, uno de los que "llevó la voz cantante en todo momento de manera estridente y para que el litio fuera no estratégico y sometido a la ley de concesiones, entregándolo a privados…".

El jefe de gabinete del Ministerio de Minería es Adolfo Galindo, miembro de la mentada G90 y uno de los hombres de confianza de Peñailillo.

Fuente imagen: Fiestoforo