El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se sumó esta semana a un grupo de académicos internacionales y chilenos; parlamentarios, legisladores y exministros de diversos países; representantes de organizaciones sociales latinoamericanas y europeas; así como diversas personalidades artísticas, como la leyenda de la música, Roger Waters, que denuncian la persecución mediática-judicial de raíz política de la que está siendo víctima Daniel Jadue, el atentado a la democracia y exigen su libertad.

Fue a través de su cuenta en la red social Twitter/X, en que el mandatario colombiano manifestó su solidaridad con la persecución de la que está siendo víctima el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quién estaría en prisión preventiva «por la jurisprudencia de Pinochet», señaló Petro, quien además agregó un video de la expresidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador, Gabriela Rivadeneira, quien con el hashtag #JadueLibre comenta «Hoy la dictadura de la guerra judicial [lawfare] es una dictadura real porque te aniquila. No es a la persona, es al proyecto político que representa». A renglón seguido agrega «¿Saben por qué está preso? él está preso porque impulsó desde la alcaldía comunista (…) las farmacias populares. Chile se ganó el membrete del país más neoliberal, todo es privatizado, el asunto es que la medicina que te venden en una farmacia común a cinco veces su precio, en las farmacias populares era accessible a la gente». «Es quien dijo que se acabó el gran negocio de las farmaceúticas.» indicó también la expresidente del congreso del país sudamericano.

Con esto el presidente Petro se suma a una serie de más de 100 representantes nacionales e internacionales que formaron la semana pasada el "Comité de Justicia para Daniel Jadue", conformado por diputados y senadores de Italia, España, Argentina, Bolivia, México, Costa Rica, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia, entre otros; exministros de gobiernos latinoamericanos; académicos e intelectuales; y representantes del mundo de la cultura para denunciar el lawfare del que está siendo víctima el alcalde de Recoleta y exigir su inmediata libertad.

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Entre ellos destacan nombres como el de la leyenda viviente de la música, como bajista, compositor y líder de la emblemática banda Pink Floyd, Roger Waters, la periodista Inna Afinogenova, conocida en América Latina por sus videos virales de política internacional con millones de reproducciones o el ex vicepresidente del Banco Central, Hugo Fazio. A su vez, figuran personalidades como Premio Nacional de Literatura, Raúl Zurita; la abogada y fundadora de la Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia (ABJD), Anjulí Tostes; quien fuera la coordinadora del National Coordinating Center in Solidarity with Chile en EEUU de solidaridad con Chile durante la dictadura militar-empresarial, Susan Borenstein; el expresidente de la Cámara de diputados de Italia, Fausto Bertinotti; el Nelson Mandela Forum; la secretaria de Junta Directiva del Congreso de Guatemala, Sonia Gutiérrez; la abogada y directora de la Rede Lawfare Nunca Mais, Cleide Martins; el presidente de la Comissão de estudo e Combate ao Lawfare, Luciano Tolla; la escritora chilena y premio nacional de literatura, Diamela Eltit; entre muchos otros nombres que suman más de 100.

Con ello se busca visibilizar a nivel internacional la persecución mediante lawfare de la que está siendo víctima Daniel Jadue y presionar para desmontar las maniobras que buscan eliminar su figura política.

¿Por qué es lawfare?

El lawfare, guerra jurídica, instrumentalización de la Justicia, judicialización de la política o acoso judicial, es la utilización abusiva de instancias judiciales, manteniendo una apariencia de legalidad, para inhabilitar o provocar el repudio popular contra una figura política, según la simple definición de Wikipedia.

Quizás los dos ejemplos más demostrativos de estas maniobras mediático-judiciales pueden ser la condena contra el expresidente Rafael Correa por influir psíquicamente (literal) en funcionarios del Estado para aceptar coimas, proceso que lo tiene inhabilitado de ocupar cargos públicos en Ecuador; o también lo que ocurrió con la maniobra contra Lula da Silva en Brasil, condenado a cárcel en un corrupto juicio por supuestamente aceptar un departamento que nunca se dio por enterado, en un proceso dirigido por un juez que despejó el camino para el triunfo de Bolsonaro y que fue premiado siendo nombrado ministro de Justicia de ese gobierno, y que actualmente ejerce como senador de un partido de ultraderecha.

En Chile, es Daniel Jadue quien está siendo víctima de lawfare ¿Pero por qué habría una estrategia deliberada para destruir la carrera política de Jadue? ¿Qué lo convirtió en un objetivo de los grupos de poder? Los motivos son varios, principalmente, están buscando castigar cualquier tipo de iniciativa política que ponga en duda el régimen de tiranía del mercado, pues la idea de las farmacias populares destapó un modelo de gestión pública para ser partícipe de la prestación de bienes y servicios sin fines de lucro.

Además, no se debe dejar de lado grupos de lobby sionistas contra de una de las principales figuras de la causa palestina en Chile con posibilidades reales de ser presidente del país y, a su vez, frenar las opciones del único potencial candidato del bloque oficialista que sí podría expresar un cambio en el eje de administración del poder Ejecutivo y representar por primera vez un cambio en el statu quo postdictatorial, a pesar de ser parte de un partido de gobierno administrador del neoliberalismo.

El lawfare tiene sus tiempos, un timing como dicen algunas. No se hace en cualquier momento, sino en un contexto especial en que éste afecte de mayor manera a su objetivo. Por eso es que su formalización ocurre ahora, no durante los tres años de investigación o después, sino que a meses de las elecciones municipales, instancia que prefigura el terreno para las presidenciales y legislativas del año siguiente, las que, si son capaces de alargar este proceso, podrían incluso impedirle participar. Esto pese a que ya van tres años de lo que podría denominarse una «investigación desformalizada» en las que el Fiscalía comenzó pericias en el caso Achifarp, es recién ahora en que fue formalizado. No obstante, esto no impidió que el Ministerio Público fuera filtrando estos antecedentes a un medio de comunicación del duopolio de la prensa escrita que sobrevive sólo por dineros públicos de avisaje estatal: La Tercera, el diario que ha liderado todo este tiempo las acusaciones contra Jadue y que incluso le asignó, usando un concepto futbolístico, una periodista como una marca personal. Es desde La Tercera donde se han colgado todos los demás medios del poder para sumarse a la operación, televisivos, radiales y escritos. El alcalde ha tenido que enterarse a través de estos el porqué se le estaba persiguiendo durante tres años.

Las irregularidades son tan groseras, que incluso la Fiscalía (no un juzgado) le negó salir del país sin siquiera tener una medida cautelar que se lo impidiera, violando toda norma de proceder legal -y constitucional- y haciendo más evidente que nunca que se trata de una maniobra política, lo que queda todavía más claro tras decretar su prisión preventiva, la cautelar más drástica que existe en la legislación chilena, reservada para casos excepcionales de extrema gravedad, que no se aplicó a casos como el de Cathy Barriga o el de Raúl Torrealba, que sí están investigados por presunto desfalco de dineros públicos y no por el simple no pago y quiebra de una agrupación privada de compra de insumos médicos en tiempos de pandemia global.

Cabe esperar que de alguna forma u otra prime la cordura y se caiga esta operación, pues el daño que puede generar es de una gravedad tal que sus impulsores, debido a sus propias limitaciones intelectuales y de clase, son incapaces de dimensionar, pues el lawfare no solamente daña la imagen de la persona que es víctima directa, sino que afecta a la soberanía popular y a la democracia en sí misma por, entre otras cosas, eliminar opciones de elección libre a la población. Es por eso que se utiliza siempre en contra de quienes podrían disputar un poder hegemónico o desestabilizar el statu quo. Ya pagó bastante caro Brasil las maniobras para favorecer a Bolsonaro y su proceso de destrucción de la institucionalidad de la que aún el país no es capaz de recuperarse, así que esperemos por el bien de nuestro país que esta mafiosa práctica no se instale en Chile.