Tras ingresar un recurso de reposición al Ministerio de Energía luego que el organismo ampliara el plazo de construcción de la Central Rucalhue, organizaciones socioambientales y consejeros regionales no han tenido respuesta a más de un mes del trámite. Mientras, el proyecto aún tramita su declaratoria de interés nacional y se mantiene abierto un proceso judicial contra jóvenes defensores del río Biobío.

Por J. Arroyo Olea

Hace más de un mes, seis organizaciones socioambientales informaron del ingreso de un recurso de reposición contra la decisión del Ministerio de Energía que extiende el plazo para la construcción de la Central Hidroeléctrica Rucalhue. Sin embargo, hasta hoy no ha habido respuesta.

Las organizaciones ONG We Kimun, Fundación Protege Los Molles, Comité Medioambiental Rucalhue, Movimiento Autoconvocado Santa Bárbara y el Comité Ambiental Comunal de Tucapel informaron el 14 de septiembre mediante un comunicado público que se ingresó «un recurso de reposición que enérgicamente y por todos los derechos que la ley nos confiere rechaza el decreto exento 175 publicado en el Diario Oficial que otorga una extensión del plazo para la construcción del Proyecto».

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Anteriormente, RESUMEN informó que la decisión del Ministerio «se da luego que en agosto de este año el Ministerio de Energía resolviera acceder a a solicitud de la empresa de capitales chinos para extender el plazo de la construcción de obras, modificando el cronograma de obras producto de acciones de movilización de la comunidad local y organizaciones sociales, como también por propias gestiones de la empresa que han sido rechazadas por organismos públicos».

En esta línea, el organismo señaló que la empresa «solicitó nuevamente a este Ministerio la modificación del artículo 13° del DS N° 20/2018, en el sentido de ampliar de 35 a 65 meses el plazo total para la ejecución del Proyecto, contados desde la fecha de inicio de las obras», lo cual fue finalmente aprobado.

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En el recurso ingresado por las organizaciones, del cual también se hicieron parte el consejero regional Javier Sandoval y la consejera regional Camila Arriagada, se exige «declarar caducada la concesión eléctrica ya mencionada en atención al incumplimiento del plazo de construcción del proyecto ofensor, lo que no se debió a fuerza mayor o caso fortuito u otra causal grave que exima de responsabilidad al concesionario como la empresa transnacional ofensora ha tratado de hacer creer al Ministerio».

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En contacto con RESUMEN, Sandoval explicó que «n un contexto donde el propio Ministerio de medioambiente ha rechazado el Interés Nacional de este proyecto y cuestionado su utilidad «para satisfacer la necesidad de energía», resulta contradictorio que se le otorgue a la empresa nuevamente una concesión eléctrica, la cual estaba por caducar». Esto, haciendo referencia al proceso de declaratoria de interés solicitado por la empresa, ante el cual aún no se ha pronunciado CONAF y sobre el cual la empresa Rucalhue Energía SpA necesita el visto bueno para avanzar en obras estructurales.

Por otra parte, el consejero regional destacó que «se trata de un proyecto innecesario y además altamente agresivo para nuestra región, que amenaza íntegramente al río Biobío y sus comunidades», donde «la demora de respuesta ante la reclamación en que nos hemos hecho parte solo aumenta la preocupación y alarma ante el reprochable accionar de una empresa cuyos intereses se contraponen a las necesidades de sustentabilidad que tenemos y se aleja de objetivo de transición energética justa».

Además del recurso presentado contra la extensión del plazo de construcción y el proceso en desarrollo de declaratoria de interés nacional, continúa la judicialización contra jóvenes defensores y defensoras del río Biobío, luego que la empresa hidroeléctrica ingresara querellas contra 12 personas, de las cuales tres continúan en el proceso judicial y cuya audiencia se desarrollara el 22 de noviembre.

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