Los negocios extractivistas en terrenos fiscales o bajo tutela de Fuerzas Armadas se encuentran en una penumbra donde abundan las irregularidades e ilegalidades. En la Península de Tumbes, tras múltiples denuncias contra una empresa que destruyó playas en terrenos administrados por la Armada, organizaciones locales han apuntado a que infractores ambientales tienen una gran cantidad de «regalías para evadir sanciones e incumplir las frágiles leyes ambientales».

Por Vicente Lagos Isla

La propiedad del suelo con uso militar y negocios presuntamente ilegales se encuentra en el ojo de la polémica esta semana tras la publicación de la investigación «Prohibido el Paso» realizada por el periodista Dauno Totoro Taulis. En ésta reveló que: "Un tercio del territorio nacional corresponde a patrimonio fiscal, con una superficie cercana a los 250 mil kilómetros cuadrados, similar al área de países como Ecuador, muy por encima de Uruguay o Cuba, y muy cerca de Italia. De esta superficie, parte importante corresponde a bienes de uso público. El resto son propiedades o bienes fiscales administrados por el Estado. De estos bienes fiscales, más de un 50% se encuentra destinado a las distintas instituciones del Estado para el cumplimiento de sus funciones. De este 50% de destinaciones, la mitad está en manos de las Fuerzas Armadas, sumando un total estimado de 5.100 propiedades, que constituyen un 'territorio militar' de, al menos, 1.6 millones de hectáreas".

En la comuna de Talcahuano la Armada mantiene extensos predios plantados con monocultivos forestales de pino y eucalipto junto a devastadoras faenas de extracción de áridos, las que han destruido completamente al menos tres playas en la península de Tumbes. Además, cuentan con la totalidad de la superficie de la isla Quiriquina donde mantienen varias instalaciones y también plantaciones forestales.

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Con respecto a la extracción de áridos, son al menos tres las playas destruidas en la Península de Tumbes. «El Lirio» y «El Ensueño» en la parte oriental y «El Tricao» en la parte occidental de la península, las cuales han sido profundamente afectadas por la extracción indiscriminada de áridos. Respecto a la responsabilidad de los crímenes ambientales se ha señalado a empresas privadas y la Armada de Chile.

Desde sus inicios en 2006, el proyecto "Extracción de áridos fundo lo Alfaro" de la empresa Maquinarias Solar y Cía Ltda (propiedad de la Sociedad extractora y comercializadora de Áridos Santa Fé Limitada), ha destruido parte de las playas, bosques y vertientes del territorio de la Península de Tumbes.

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A pesar de esto, en 2016 fue aprobada la extensión del proyecto por cinco años más por la directora regional subrogante del SEA Marcela Nuñez Rodríguez directora Regional mediante una consulta de pertinencia.

Proyecto de procesamiento de cenizas de termoeléctricas

El 3 de Agosto de 2020 la empresa ingresó la solicitud de pertinencia del proyecto "Co-procesamiento de cenizas" Éste consistía en el procesamiento de unas 300 toneladas diarias de cenizas provenientes de la combustión de plantas termoeléctricas a carbón de la zona que serían mezcladas con áridos para su venta justificando su aprobación como una forma de reciclaje.

Sin embargo, es importante recalcar que hasta ahora la empresa ni siquiera cuenta con patentes regularizadas, siendo esto reconocido por el propio Municipio de Talcahuano, que además no ha logrado fiscalizar el terreno, dado a la negativa de los responsables legales del proyecto en ejecución.

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Al respecto la Asamblea Ambiental de Talcahuano señaló que «Las organizaciones socioambientales de Talcahuano y quienes habitan la Península de Tumbes han seguido viendo como dicha cantera ha continuado con la destrucción de los ecosistemas del sector, afectando el entorno adyacente de la costa y maritorio y con ello el desarrollo de algas y fauna marina, y consigo una fuente de ingresos para pescadores y recolectoras. El impacto abarca tres importantes playas utilizadas estratégicamente para recolección, recreación y fuente de agua de vertientes utilizadas principalmente por habitantes de Caleta Tumbes y Las Canchas».

La organización socioambiental ha generado múltiples denuncias, tanto a la municipalidad de Talcahuano como a la Superintendencia de Medio Ambiente. Sin embargo la empresa ha continuado sus faenas habilitando inclusive un ingreso colindante al principal, a pesar de su clausura municipal.

En febrero de 2021 la Asamblea Ambiental Talcahuano interpuso una denuncia a la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) por «daños causados por dicha empresa en la calidad del suelo del sector, la alteración de la calidad del agua de la costa de la Bahía de Concepción, liberación de material particulado en suspensión, así como la pérdida de vegetación nativa perteneciente al sector y destrucción de vertientes».

Pese a esto, el 29 de julio de 2021 la empresa titular solicitó al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) poder extender nuevamente la vida útil del proyecto por ocho años más. Ante estos hechos, la Asamblea Ambiental de Talcahuano informó a la Superintendencia de Medio Ambiente sobre estas irregularidades, apuntando a que precisamente el mismo proyecto que está siendo investigado por incumplimiento de Resolución de Calificación Ambiental, simultáneamente pueda acceder a aumentar su tiempo de ejecución.

Ante este cuestionamiento, el organismo evaluador se autoexcluyó como órgano competente sobre asuntos de consultas de pertinencia. Sin embargo, permitieron incorporar la información aportada por la organización, al expediente de investigación mediante fotos y videos que evidencian que la empresa ha continuado en funcionamiento a pesar de su clausura. Paralelamente a esto, el SEA (debido a la nueva solicitud de pertinencia mencionada) solicitó a la empresa algunos antecedentes y la aclaración de ciertos puntos que habían sido detectados en las fiscalizaciones realizadas gracias a las denuncias interpuestas a la SMA.

Como la empresa no fue capaz de cumplir con dichos antecedentes solicitados, el SEA le concedió tres veces la ampliación de plazo para enviar la información, dilatando la respuesta por nueve meses mientras seguían operando en clandestinidad y con su RCA caducada. Su actividad consistió en el intento de crear supuestas "terrazas" para declarar un presunto subsanamiento de la zona destruida, de seguro pensando en una posible fiscalización futura.

El pasado 7 de abril de 2022 (Resolución Exenta N°1/ D-061-2022) la SMA dio inicio a la instrucción del procedimiento administrativo sancionatorio (Rol D-061-2022) en contra de "Sociedad extractora y comercializadora de Áridos Santa Fé Limitada" por infracción. En el informe se menciona que la empresa no ha dado cumplimiento a las medidas de extracción de áridos dispuestas en la RCA 326/2006, donde por ejemplo actualmente se evidencia riesgo de derrumbe o colapso con posibilidad de afectar trabajadores y área de playa (Intermareal), inexistencia de medidas para evitar el arrastre de sedimento al mar, realización de intervenciones en zona de playa, falta de obras y canalización para el manejo de aguas lluvias y construcción y operación de plataformas de escarpe y estacionamientos.

Estos hechos son clasificados como infracción grave, lo cual podría incurrir en la revocación de la RCA, clausura, o multa de hasta cinco mil unidades tributarias anuales a la empresa. Sin embargo, cabe recordar que esta empresa ya tiene su RCA vencida.

Como sea, en caso de que la Sociedad extractora y comercializadora de Áridos Santa Fé Ltda, opte por presentar un "Programa de Cumplimiento" con el objeto de adoptar medidas destinadas a propender a la ejecución satisfactoria de la normativa ambiental infringida, y en caso que éste sea aprobado y debidamente ejecutado, el procedimiento se dará por concluido sin aplicación de la sanción administrativa. Lamentablemente, a pesar de los antecedentes mencionados, la SMA el 21 de abril de 2022 aprobó una ampliación de plazos presentada por la empresa (res. ex. n° 2/ rol d-061-2022) para presentar dicho "Programa de Cumplimiento", con la finalidad de evadir dichas sanciones mencionadas anteriormente.

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Con frustración la Asamblea Ambiental Talcahuano señaló que «Como se puede ver, las personas que acusan estos hechos han agotado todas las instancias de denuncia a pesar de lo permisiva que es la legislación ambiental. Sin embargo, han tenido que ver con impotencia, todo el tiempo, cómo los infractores ambientales tienen tantas regalías para evadir sanciones e incumplir las frágiles leyes ambientales«.

No ha existido pronunciamiento oficial de la Armada. Institución que tendría la mayor responsabilidad en los hechos por tener bajo su administración todo el territorio afectado, además de haber participado directamente en la destrucción de una de estas tres playas.