El Plan Calles sin Violencia, impulsado por el gobierno para enfrentar el crimen organizado, cuenta con un presupuesto de $24.251 millones para 2024, una cifra que resulta inferior al desfalco de $28.300 millones que sacudió a Carabineros en 2016 con el Pacogate. Así, los recursos destinados contra el crimen organizado y narcotráfico son menores al dinero desviado por la corrupción dentro de la misma institución encargada de proteger a la población.

En abril de 2023, el presidente Gabriel Boric anunció una importante inyección de recursos para enfrentar el crimen organizado que afecta las calles del país, tras el asesinato del carabinero Daniel Palma. Como respuesta, se implementó el Plan Calles sin Violencia, coordinado por el Ministerio del Interior junto con la PDI y Carabineros.

Acorde al presidente Boric, este plan «va a contemplar recursos destinados fundamentalmente a fortalecer la capacidad operativa e investigativa de las policías y fiscalías no sólo para prevenir el crimen, sino para sancionarlo eficazmente, incluyendo la aplicación de reformas legales cuando corresponda en materia de protección de policías, el fortalecimiento de las competencias de Gendarmería de Chile, la creación del delito de extorsión, como señalaba anteriormente y el endurecimiento de penas para el delito de secuestro promulgadas esta mañana».

Son cuatro los ejes que fomenta dicho plan, entre los que se encuentra un aumento en la presencia policial y el aumento de patrullaje en 48 comunas priorizadas, donde la región Metropolitana se encuentra completamente incluida, mientras que en regiones como Arica, Tarapacá, Antofagasta, Maule, Atacama, O’Higgins, Los Ríos, Araucanía, 'uble, Los Lagos, Aysén y Magallanes existen hasta apenas dos comunas incluidas.

En el caso de la Región del Biobío, son solo tres las comunas incluidas: Los Ángeles, Concepción y Coronel.

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Montos de desfalco v/s presupuesto del Plan

Sin embargo, los recursos públicos asignados para el combate del crimen en las calles contrastan con los históricos casos de corrupción dentro de Carabineros -policía clave en la implementación del plan-, especialmente el «Pacogate» de 2016. Este caso de desfalco involucró, al menos, la malversación de $28.300 millones que terminaron en el bolsillo de algunos oficiales mermando su utilización en otras áreas de la policía, entre las que podría encontrarse la investigación sobre el crimen organizado o narcotráfico.

Mientras que el desfalco alcanzó esa exorbitante cifra, el presupuesto destinado para el Plan Calles sin Violencia en 2024 es de $24.251 millones, lo que deja en evidencia una contradicción: los fondos perdidos por corrupción superan el dinero que hoy se destina a la política mediante la cual el Ejecutivo pretende combatir al crimen organizado contando con $4.000 millones menos que lo que fue a parar al bolsillo de funcionarios policiales.

En la misma línea, la Reforma a las Policías, impulsada por el Ejecutivo, tiene un presupuesto de $22.516 millones para 2024, lo que representa una diferencia de $5.700 millones en comparación con el monto del desfalco. Esto plantea interrogantes sobre la efectividad de las políticas actuales y la necesidad de asegurar que los recursos se utilicen de manera transparente para garantizar la seguridad en las calles del país.

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