La propiedad de la tierra está en el centro de cada uno de los conflictos sociales, políticos y revoluciones en Latinoamérica. Por esto es que la firma de un acuerdo para la compra de tres millones de hectáreas a los latifundistas de la Asociación de Ganaderos de Colombia por parte del gobierno dirigido por Gustavo Petro, tiene un carácter histórico.

Por Joaquín Pérez

La reforma era el primer punto del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las FARC, sin que hasta la fecha no se hubiese avanzado en nada en la materia, por lo que para avanzar en otro acuerdo que se está negociando con el ELN, es fundamental que Colombia comience a cumplir sus compromisos previos.

Sacar adelante la reforma agraria es fundamental para pacificar el país, no sólo porque los guerrilleros son esencialmente campesinos sin propiedad, sino además porque los grupos paramilitares, el bando contrario, nacen precisamente de las guardias privadas de los terratenientes.

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Por eso es histórico, porque estos latifundistas, los tradicionales oligarcas de Colombia, al aceptar vender esta cantidad de hectáreas, reconocen que ellos deben dar pasos para terminar con la violencia política en el país, que se arrastra por décadas con decenas de miles de muertos y cientos de miles de desplazados.

Para José Félix Lafaurie, presidente de la asociación de ganaderos (Fedegan) "Petro ganó con una bandera, que era cumplir el Acuerdo de Paz y eso es hacer la democracia", según trascendidos, la negociación ya llevaba más de un mes en completo silencio, y estaba a cargo por parte del gobierno del senador por el Pacto Histórico (plataforma que levantó la candidatura presidencial de Petro) Iván Cepeda, y por la ministra de Agricultura, Cecilia López.

Sin duda estos terrenos son aún insuficientes para garantizar una mayor justicia social, en un país donde 55 millones de hectáreas permanecen en manos de privados, no obstante, el traspaso de estos tres millones es mucho más que las 187 mil hectáreas que se han comprado a privados en Chile, desde el origen de la actual CONADI y el denominado proceso de restitución de tierras, mientras las grandes empresas forestales siguen en poder de millones de predios de monocultivo forestal, con el consiguiente daño ambiental, social, económico y cultural.