El empresario Rafael Figueroa, representante legal de Empresa Ingeniería y Servicio de Maestranza RF SPA, decidió ampliar la querella por falsificación de instrumento público que había presentado e incluir el eventual delito de malversación de caudales públicos por un caso en que denuncia que se le solicitaron coimas por parte de funcionarios públicos en obras que se había adjudicado con su empresa que finalmente le quitaron y pese a cobrarse la garantía por parte del GORE Biobío, no se le habría pagado lo adeudado a trabajadores.

La historia cuenta así. El Servicio de Salud de Talcahuano adjudicó a Ingeniería y Servicio de Maestranza RF el contrato a suma alzada denominado "Reposición Posta Rafael, Comuna de Tomé" por un valor de $392.473.246, financiado con fondos del FNDR, y cuya supervisión técnica y administrativa era de cargo del SST.

Como en la mayor parte de estos contratos, se le exigió una poliza de garantía por el fiel cumplimiento de las obras, la que adiquirió con la aseguradora HDI Seguros S.A. por la suma de $39.247.325, con vigencia hasta el 28 de mayo del año 2018, y cuyo beneficiario era el Gobierno Regional de la Región del Bío Bío.

El 9 de febrero del 2017 el Servicio de Salud Talcahuano puso término anticipado al contrato suscrito con la empresa y el GORE habría procedido a cobrar la póliza de seguro constituida como garantía extendida a su beneficio depositándose los dineros en la cuenta corriente de dicha institución con fecha 22 de noviembre del año 2017.

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Según el empresario, funcionarios públicos del Servicio de Salud Talcahuano y de la Intendencia -hoy GORE Biobío- le pidieron coimas de $3 millones para que el proyecto siguiera ejecutándose de acuerdo a los plazos y exigencias convenidas. Sin embargo, como no habría accedido a ello, habría terminado perdiendo el proyecto.

Figueroa asevera que hubo cobro irregular de la garantía, pago irregular de sueldos y falsificación de oficios, pues estos señalaban que habían pagado las deudas de la AFP, lo que finalmente no se habría realizado.

De acuerdo a la querella "Con dichos dineros debía hacerse pago de las obligaciones laborales y previsionales que la contratista adeudaba a sus trabajadores, en conformidad con el ejercicio de los derechos de fiscalización, control, y retención que en su calidad de mandante le confieren los artículos 183-C y 183-D del Código del Trabajo, para después proceder a liquidar, y de haber remanentes restituirlos a la querellante".

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Y agrega que hasta la fecha solo se han cancelado las remuneraciones quedando de pendientes de solución las cotizaciones previsionales, y como éstas no han sido debida y oportunamente canceladas, no se podido proceder conforme a derecho a la liquidación del contrato, y restituir los saldos que hubiesen a la querellante, pareciendo inconcebible e impresentable que haya pasado mas de siete años sin realizar los pagos en referencia.

La arista, según sostiene el representante legal de la empresa sacada del proyecto en Tomé, incluye la desaparición del sumario que partió con el exintendente Sergio Giacaman debido a las irregularidades que también fueron detectadas por Contraloría, siguió con Patricio Kuhn y llegó al GORE conducido por Rodrigo Díaz. Este último es quien habría ordenado otro sumario – el que no se habría realizado aún – para investigar que habría ocurrido con la anterior investigación sumarial perdida.

El sumario buscaba el fin de determinar la eventual responsabilidad administrativa que le pudiera caber al o los funcionarios que intervinieron en los hechos referentes al término anticipado, cobro de garantía y liquidación del contrato «Reposición posta Rafael, comuna de Tomé».

*Esta investigación está basada en un proceso judicial en curso, por lo que no debe considerarse culpable a ninguna persona hasta que el poder judicial sostenga que lo es.