Durante el último periodo de Sebastián Piñera, se estableció una oficina en el Ministerio de Economía para acelerar la aprobación de proyectos por parte de los organismos evaluadores. El órgano dio apoyo a la obtención de sus permisos a varias iniciativas controvertidas.

Por José Torres

La institucionalidad ambiental ha sido uno de los temas más tocados del último tiempo en el acontecer político con eventos como el rechazo de Dominga, proyecto minero de la familia Délano y la polémica de la exseremi Patricia Hidalgo que acusó a diferentes figuras del Gobierno de presionarla en ciertas votaciones del Comité de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana. A lo anterior se suma el reportaje de Ciper que reveló cómo dos asesores de la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS) del Ministerio de Economía intercedieron en favor del proyecto Pampa Camarones, de cuya propiedad participa la familia de Sebastián Piñera.

Esta oficina, creada en 2018, había levantado suspicacias en diferentes organizaciones relacionadas a la defensa del medio ambiente durante el segundo mandato del empresario y fue criticada como un ente de lobby dentro del Ministerio de Economía. Mediante gestiones hechas por un grupo de asesores, GPS buscaba agilizar la evaluación de los organismos evaluadores sobre proyectos de inversión de áreas como la Minería, Energía e iniciativas inmobiliarias, entre otras. En 2020, la Federación de Trabajadores del Medio Ambiente, de la que forman parte los funcionarios del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), denunció como una intervención a sus labores la firma de convenios entre el SEA y esta oficina.

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Hasta el reportaje de Ciper no existían registros conocidos de las comunicaciones que GPS mantenía con "rganos de la Administración del Estado con Competencia Ambiental (OAECA) pero sí se sabía que esas gestiones eran parte de la actividad del organismo. Intentos previos de obtener correos de la oficina fueron rechazados por el Consejo para la Transparencia, como una solicitud relacionada a la evaluación de proyectos dentro del Sernageomin y otra sobre la iniciativa minera Los Domos de Equus Mining.

GPS firmó más de 20 convenios de traspaso de recursos a diferentes OAECA para que estos sumaran personal a honorarios, con la finalidad de hacer más "eficiente" la tramitación de permisos. El Ministerio de Hacienda incluso solicitó un préstamo al Banco Interamericano de Desarrollo por "hasta 100 millones de dólares" para la oficina. El papeleo de todos los convenios firmados con organismos del Estado se encuentra en transparencia activa del Ministerio de Economía, los documentos relativos al préstamo están publicados en el sitio web del BID.

Las gestiones de la oficina

La noticia estalló con lo revelado por Ciper en enero de este año, los correos de dos asesores de dicha oficina hacia funcionarios del Sernageomin para solicitar prisa en la evaluación de la iniciativa minera Pampa Camarones. Este hecho puso las luces encima de GPS nuevamente. Pero las señales venían de antes, durante el gobierno del empresario fuentes de la oficina habían dado entrevistas a diferentes medios de comunicación explicando la labor que llevaban a cabo.

La relación con la prensa de GPS, tras su creación por decreto en 2018, se enfocó en anunciar con bombos y platillos su labor en pos de reactivar la economía. Juan José Obach, primer Secretario Ejecutivo que tuvo GPS, explicaba las labores de la oficina en una entrevista con El Mercurio y en la web del organismo estaba publicado cada nombre de las y los asesores que lo conformaban.

Una nota de La Segunda de junio de 2018 explicaba el trabajo de GPS y su rol en apoyo a algunos proyectos en evaluación. El artículo  enumera varios de los proyectos en los que GPS tuvo interés. La nota relata, por ejemplo, las labores de la oficina para acercar posiciones en un litigio que mantuvo el proyecto Territoria Apoquindo con la Dirección General de Aguas (DGA) cuando esta no entregó derechos de aprovechamiento para el sistema de enfriamiento de los edificios.

La DGA rechazó la solicitud de la inmobiliaria debido a la restricción establecida en 2005 sobre el acuífero "Santiago Central" al encontrarse éste en riesgo de descenso de sus niveles. El litigio escaló hasta la Corte Suprema que dio la razón a la DGA. Para ese momento la inmobiliaria contaba con derechos de aprovechamiento de agua adquiridos a particulares, el traslado de los puntos de acceso al acuífero de estos quedó registrado en la plataforma de la DGA. Todos fueron trasladados a Las Condes donde se encuentran los tres edificios del proyecto.

En el texto de La Segunda se relata también cómo GPS realizó telefonazos para analizar el timing de los pronunciamientos de los servicios públicos que emitieron informes sobre el Centro de Distribución El Peñón de Walmart, cuando dicha iniciativa fue vista por el Comité de Ministros.

La lista de proyectos que pasaron por GPS es extensa y la principal tuerca del sistema de evaluación ambiental es el SEA, documentos obtenidos vía Ley de Transparencia muestran que durante 2019 y 2020 la oficina mantuvo reuniones periódicas con el Servicio de Evaluación Ambiental, institución que además recibió tres traspasos de dinero desde GPS para contratar funcionarios a honorarios. La labor de una de las personas contratadas por el SEA con los dineros de Economía tuvo que ver, por ejemplo, en la evaluación del proyecto Los Bronces Integrado de Anglo American como mostró Interferencia en 2020. La Contraloría revisó estos convenios tras una solicitud hecha por vecinos de Lo Barnechea y no advirtió ningún inconveniente legal.

El "filo a la institucionalidad ambiental"

En un momento donde la lupa se encuentra sobre la institucionalidad ambiental y el elemento político de esta se ve cuestionado, llama la atención que no se recuerde la labor de este ente del Ministerio de Economía en favor de grandes empresas, en muchos casos dando apoyo a proyectos que no eran bien vistos por la ciudadanía. Asimetría es un término común para hablar de la labor de GPS. Asimetría entre la ciudadanía que cuando se opone a iniciativas privadas debe arreglárselas sin apoyo del Estado y los proyectos del catastro de GPS, proyectos que debían tener una inversión mínima de 100 millones de dólares para recibir el apoyo de dicha oficina.

Iniciativas como Mina Invierno, Alto Maipo, Los Bronces Integrado y largo etcétera fueron algunos de los proyectos asesorados por GPS y que arrastran o arrastraron bullados conflictos socio ambientales en diferentes zonas del país.

Personas ligadas a la administración de Piñera -como el exministro de Hacienda, Ignacio Briones- y a entes cercanos al empresariado han levantado la voz acusando al gobierno de intervenir políticamente la institucionalidad ambiental. El mismo Juan José Obach, ex secretario ejecutivo de GPS y actual director ejecutivo de Horizontal, publicó una columna en Ex-Ante titulada "La inversión a merced de un Whatsapp", señalando un "sesgo ideológico" contra la inversión por parte del gobierno, esto por el caso de la exseremi, Patricia Hidalgo.

Otra voz crítica ha sido el escritor Joaquín Barañao, miembro del "laboratorio de Políticas Públicas" Pivotes, dirigido por el empresario y vicepresidente de Colbún Bernardo Larraín Matte, que señaló por Twitter que el rechazo a Dominga era una decisión meramente política y un "filo la institucionalidad ambiental".

Durante los dos periodos de Piñera, en que Barañao (primer periodo) y Obach (primer y segundo periodo) participaron, existieron organismos que operaron en apoyo a proyectos de grandes empresas frente a la institucionalidad ambiental. Durante el primer gobierno del empresario existió el CAI, ente que fue abordado en profundidad por El Mostrador en 2011, en el segundo mandato de Piñera aparecería GPS. Pero el fenómeno de este tipo de actividades no fue algo exclusivo de los gobiernos de Piñera. Concertación y Nueva Mayoría cargan con un historial no menor.

Dos ejemplos, la aprobación de la Termoeléctrica Campiche en el primer gobierno de Michelle Bachelet, cuando se hizo una modificación de uso de suelo para permitir la operación de la generadora en Puchuncaví. El segundo ejemplo, el informe de CONAF que no fue tomado en cuenta en la evaluación de Dominga durante el último gobierno de la ex Comisionada de DDHH de la ONU.

Finalmente y conectando las labores de la oficina con hechos relacionados al último gobierno de Bachelet. GPS se hizo parte de las gestiones que intentaron establecer una sociedad entre ENAP y el proyecto hidroeléctrico Alto Maipo de AES Gener durante 2017 y 2018. El impulsor de esta idea fue Marcelo Tokman, exministro de Energía y presidente de Enap nombrado por Michelle Bachelet, cómo abordó un El Mercurio. La idea era que la petrolera del Estado se hiciera con el 30% de la propiedad del cuestionado proyecto, sobre el que pesa un Proceso Sancionatorio desde la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA). El acuerdo fracasó, Enap no invirtió en Alto Maipo y Tokman pasó de la empresa estatal al directorio de la hidroeléctrica durante 2019.