Observatorio del Derecho a la Comunicación: "Un tercio de los pronunciamientos de la CIDH declara que Chile ha vulnerado la libertad de expresión"

La libertad de expresión y la utilización de la vía penal para frenarla, sigue en la palestra actualmente en Chile, que hace solo semanas fue notificado por la Corte Interamericana de DDHH de una condena por atentar contra este derecho. Este fue uno de los temas de conversación del matinal de La Voz de los que Sobran, que tuvo como invitado al presidente del Observatorio del Derecho a la Comunicación, quien conversó, entre otros, sobre el crecimiento de las querellas por injurias, que en nuestro país bordearon las 2 mil en 2020, ejemplificando este fenómeno con la condena sufrida por el ex director de RESUMEN por este delito.

Por Juan Contreras Jara

Según Javier García, presidente del Observatorio del Derecho a la Comunicación, las querellas por injurias en Chile comenzaron a aumentar significativamente desde 2016, duplicando la cantidad de este tipo de querellas en 4 años. Lo que destaca el profesional, es que muchos de estos casos tienen que ver con medios de comunicación. «Alguien habló de alguna persona poderosa, de algún funcionario público, hizo escrutinio de alguna municipalidad y se vio inmerso en este proceso».

Desde el Observatorio del Derecho a la Comunicación se refirieron a las repercusiones  de silencio obligado que tienen este tipo de querellas en la actividad periodística y en el riesgo que implican para el derecho a la información y la democracia, definido por García como un «efecto inhibitorio».

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Ejemplos como el de RESUMEN y su ex director, querellado y condenado por injurias tras publicar información oficial de Contraloría sobre el funcionario público, Rodrigo Daroch, la condena contra El Ciudadano en 2015 por el mismo delito y contra el abogado ambientalista, Carlos Baraona en 2004, dan cuenta de la persecución ejercida en Chile contra medios de comunicación o personas naturales que se atreven a cuestionar o investigar sobre temas de interés público.

En este punto, el investigador hizo hincapié en la condena contra el Estado chileno por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, justamente por haber supeditado el derecho a la libertad de expresión, por la honra, en este caso, de un senador de la República. Lo anterior marca una importante jurisprudencia y mandata a Chile reorganizar su estructura judicial con respecto a la figura de las injurias, cuando el tema es de interés público o involucra a un funcionario público. 

Debido al fallo de la CIDH, García trae a la palestra el caso de RESUMEN y la condena por injurias contra su ex director, Felipe Soto Cortes, sentenciado a 61 días de reclusión, pena conmutada a libertad condicional por un año, y al pago de una multa de $680.000. 

Sobre este atentado contra la libertad de expresión, el investigador comentó que, «esta es una práctica que funciona, sobre todo en relaciones asimétricas, cuando el medio de comunicación es pequeño, de regiones, cuando no tienen un staff de abogados, etc. Un medio grande tiene abogados, equipo jurídico, puede enfrentarla, pero un medio pequeño no. Que te condenen a 11UTM puede ser un problema financiero».

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El silencio de los grandes medios

El caso de RESUMEN, por lo menos en el contexto de organizaciones de medios internacionales, como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), tuvo amplia reproducción y se definió como un atentado contra la democracia, pero, y en Chile ¿tuvo repercusiones este caso? Sí, pero dentro de los medios independientes.

En este punto, desde el Observatorio del Derecho a la Comunicación son enfáticos al señalar que, «el único país donde los grandes medios no publicaron nada fue en Chile. Los propios socios de la SIP en Chile, como El Mercurio y otros, no publicaron nada con respecto a esta noticia».

A este ocultamiento en los grandes medios, García añade el tratamiento informativo de la condena contra Chile por vulnerar los derechos de libre expresión y pensamiento del abogado ambientalista Carlos Baraona Bray. En este punto, el profesional habla de una mínima cobertura sobre el tema y recalca que, «esta es la sexta sentencia de la CIDH de 18, que dice que hay vulneración de la libertad de expresión en Chile, es decir, un tercio de los pronunciamientos de la Corte Interamericana de DDHH dice que Chile ha vulnerado la libertad de expresión».

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Es en este punto que Javier García es claro al expresar que «Chile tiene un problema con el debate público», haciendo alusión a la marginalización que se puede llegar a ejercer contra comunicadores y comunicadoras que busquen poner en la palestra temas de interés nacional.

«Cuando tú te sales del histórico espacio binominal y ascienden voces disonantes o nuevos discursos, estos son atacados y silenciados. Esto no pasa solo con la información periodística, sino que también, con la expresión artística y política. ¿Cómo resuelve Chile sus problemas? Con violencia jurídica. Alguien cuestiona lo que se está haciendo en una municipalidad y en vez de que se utilice el derecho a rectificación, generar un debate público o mejorar su transparencia, acude al derecho penal, castiga al crítico», acotó García

Considerando la nueva condena contra Chile por violar la libertad de expresión (Caso Baraona Bray) y la continuidad de la judicialización de este derecho, por debajo de la honra (Caso Resumen), desde el Observatorio del Derecho a la Comunicación enfatizan en la revisión que el Estado debe hacer de su jurisdicción en esta materia, cuestión, por lo demás, ordenada por la misma CIDH.

«Hacer periodismo en Chile no tiene que ser una actividad de riesgocidad y se convierte en eso. O sea, tú tienes que elegir entre la pega y sobrevivir, por lo que mucha gente opta por autocensurarse y eso no puede ser, porque estamos haciendo un daño muy grande a la democracia, concluyó Javier García.

Revisa la entrevista completa aquí.

 

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