En su visita a Concepción, el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, anunció que habría una nueva concesión para la Ruta del Itata tras el término del contrato que mantenía con la española Globalvia en lugar de propiciar su administración por parte del Estado para que sea un camino público con pajes más baratos o liberados.
Por Alejandro Baeza
Según García, el costo de este peaje que conecta al Gran Concepción con la Ruta 5 Sur por el norte, debería ajustarse a un monto cercano a los 2.900 que tiene actualmente la ruta a Cabrero y que conecta a la ciudad con la panamericana por el sur como motivo para anunciar una nueva concesión para realizar mejoras en el camino y así reemplazar a Globalvia, transnacional de origen español que posee gran cantidad de los caminos del Biobío y en Chile.
También puedes leer: Alcalde y vecinas/os de Hualpén denuncian falta de protocolos desde ENAP tras emergencia que obligó la evacuación de una escuela
En este momento el costo del peaje Agua Amarilla es de $4.710 pesos, lo que lo convierte en el más caro de todo Chile y un costo enorme para las personas que deben transitar a diario por esta carretera que cuyo estándares no se ajustan al enorme monto cobrado y con una alta tasa de accidentes con camiones forestales.
No obstante, en caso de ser un camino público incluso podría estar liberado de peaje y permitir a los vehículos circular gratis, o por lo menos con un costo significativamente menor.
En este sentido el diputado Félix González aseguró que «No tiene ningún sentido que se vuelva a licitar y que vuelva a ser un negocio para un privado».
«No puede ser que sea simplemente un negocio por un par de décadas más para un privado, cuando la ruta ya la pagamos» agregó en declaraciones recogidas por Sabes. «No estamos de acuerdo en que se vuelva a licitar. Es una ruta que esta región y la región de 'uble ya la pagaron», concluyó.
La Provincia de Concepción está rodeada de peajes, los que se encuentran entre los más caros de Chile y que sin duda empobrecen a sus habitantes y desestimula las actividades económicas. Estos valores no se condicen con la calidad de la infraestructura vial y para nada respetan los derechos de las y los usuarios.