Tras ocho años del crimen contra la defensora Berta Cáceres, las organizaciones que dieron acompañamiento técnico a los procesos judiciales alertan la necesidad de justicia integral al presentarse irregularidades en el proceso condenatorio e investigativo de su asesinato.

Por J. Arroyo Olea

Fue la madrugada del 2 al 3 de marzo de 2016 cuando la defensora hondureña, coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) y lideresa del pueblo lenca Berta Cáceres fue asesinada en su hogar por oponerse férreamente a la construcción de la hidroeléctrica Agua Zarca de la empresa DESA.

Fue recién en junio de 2022 cuando la Sala I del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional condenó a 22 años de cárcel a Roberto David Castillo Mejía, quien era el presidente ejecutivo de la hidroeléctrica al momento del crimen. Anteriormente -en 2018- fueron también condenados otros siete involucrados, entre representantes de la empresa DESA, ex militares y sicarios.

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A ocho años de su asesinato, la Misión de Observación Calificada compuesta por una decena de organizaciones cuya misión fue realizar el acompañamiento técnico en los procesos penales del caso de la defensora ambiental, publicó un comunicado en el que apuntaba a la necesidad de «justicia integral por su vil asesinato», señalando que «en reiteradas ocasiones hemos alertado sobre irregularidades que afectan a las víctimas».

Desde el espacio de organizaciones alertan que la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, no han emitido sentencias sobre los recursos de casación interpuestos tras loa fallos condenatorios. Ante esto, la «Misión» catalogó como «inaceptable que el máximo tribunal hondureño se niegue a emitir sentencias definitivas, lo cual constituye una violación flagrante del derecho a un proceso judicial sin dilaciones indebidas y un evidente incumplimiento a la garantía de no repetición».