[resumen.cl] La movilización social en curso en estos días, producto y en apoyo a la huelga de hambre de los presos políticos mapuche de Temuco y de la toma de la Catedral penquista por otros comuneros mapuche, ha sacado a relucir la faceta más auténtica de nuestras autoridades locales.

El triunvirato conformado por el Intendente del Biobio, la Gobernadora de la Provincia de Concepción y el Alcalde de la comuna penquista, demostraron su escasa vocación y nula cultura democrática haciendo públicas, a través de los medios empresariales de comunicación, las presiones que ya realizaban en privado en contra el Arzobispo de Concepción, Fernando Chomalí, que en un gesto de fraternidad social acogió a familiares de los prisioneros políticos en huelga de hambre que se tomaron la Catedral de Concepción.

Como sabemos los comuneros en huelga se encuentran recluidos, sometidos al régimen de prisión preventiva por más de 15 meses, sin que se les someta a juicio y procesados por la nefasta ley antiterrorista, otra herencia más de la dictadura que los gobernantes concertacionistas o nuevamayoristas se han esmerado en conservar para mejor cumplir sus roles de sirvientes del gran empresariado, dueños absolutos del poder económico y del poder político en nuestro país. Y por si el control empresarial sobre la clase política no resultara suficiente, los gobernantes se esmeran en someterse a los caprichos facistoides de la derecha y de la oligarquía neoliberal. La misma que se ha apropiado y conserva la mayor parte de la propiedad de la tierra en la zona centro-sur para sus intereses extractivistas exportadores, los que en gran medida perjudican directamente a la población local.

El comportamiento de las autoridades locales es solo reflejo de una conducta común del Estado chileno y de la clase política de hacer caso omiso de la realidad social, de las exigencias de la población, de las demandas populares, de las normas internacionales de derechos esenciales, de todo cuanto tenga algún viso de necesidad popular, de todo aquello que tenga algún atisbo de restar privilegios y rentabilidades a los explotadores de los pueblos.

También es sabido que existen pronunciamientos de organismos de derechos humanos, de tribunales internacionales de justicia como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y observadores de las propias Naciones Unidas en esta materia, que cuestionan o condenan al Estado chileno por utilizar al sistema judicial como otro órgano represor más, particularmente respecto de los pueblos originarios y más específicamente respecto del pueblo mapuche.

En los hechos, las Fiscalías y los Tribunales niegan las garantías mínimas del debido proceso a los comuneros mapuche y utilizan las medidas cautelares, como la prisión preventiva, para someter a castigos carcelarios indeterminados en el tiempo a los comuneros que detienen por cualquier circunstancia. Ha quedado demostrado en una serie de mediáticos procesos contra comuneros o comunidades mapuche, que se convierten en una precoz condena mediática y publicitaria de las fiscalías y los medios de comunicación empresarial, y luego de prolongadas reclusiones se han derrumbado de manera estrepitosa por carecer de verdadero sustento legal. La totalidad de juicios por ley antiterrorista han quedado en nada, sin embargo decenas de personas inocentes han pasado años en la cárcel sin haber cometido delito alguno. Esa es la lógica discriminatoria, injusta y punitiva que aplica el Estado.

En la actual coyuntura constatamos, una vez más, la confluencia de intereses políticos, judiciales, represivos y comunicacionales para montar una gran nueva operación contra los mapuche que, entre otras cosas, busca nublar los próximos derrumbes de otros mediáticos y publicitados casos judiciales. Esta vez, además, contando con el especial interés de Carabineros de ocultar, o más bien tratar de ocultar, los escándalos de corrupción financiera en que ha incurrido una gran camarilla de jerarcas y miembros de la institución policial. El especial interés nuevamayorista de mostrar una satisfactoria conducta represiva que concite la aprobación de la derecha facha, para que no les critiquen, y de los sectores fachos más reaccionarios para que no sigan amenazando con paros y bloqueando la economía. El especialmente estúpido interés nuevamayorista de pretender captar al votante facho y democratacristiano, con la ilusión de que pueden asimilarlos como confiablemente duros contra la movilización popular. El permanente interés del empresariado usurpador de las tierras mapuche de llevar la batuta, a través de sus medios de comunicación, en criminalizar al pueblo mapuche y sus demandas y en exigir del Estado que disponga de las fuerzas policiales a su entero y casi exclusivo servicio en una sucia guerra de baja intensidad contra los mapuche.

En esta lógica las autoridades locales penquistas han querido brillar con luces propias y se muestran más fachos que los fachos, más papistas que el Papa, para ganarse quizás que granjerías o palmaditas en la espalda de quizás que poderoso. De partida se han arrogado un derecho que va más allá de la propia constitución pinochetista, negando el derecho a reunión o manifestación, arrogándose el poder omnímodo de otorgarlo o no, en circunstancias que es un derecho consagrado como principio básico del estado de derecho y de las libertades democráticas. Han ido más allá de lo decente para exponentes de corrientes supuestamente democráticas, democráticas y cristianas, pero que no trepidan en atacar con inusitada fiereza a un Obispo que trató de auxiliar a indefensos y de mediar en un conflicto. El Obispo Chomalí ha sido objeto de la inquina oficial por haberse negado a que las fuerzas especiales de carabineros irrumpan en la Catedral a desalojar a los ocupantes.

Esta regresión autoritaria ha generado que las fuerzas policiales que por principio, supuestamente debieran estar para garantizar los derechos de los ciudadanos y sus libertades, se conviertan en todo lo contrario, en fuerzas destinadas a reprimir y coartar estas pretendidas garantías, reproduciendo el papel que ya cumplieron en los 17 años de terrorismo de Estado de la dictadura.

FF.EE. custodian el exterior de la Catedral para impedir la solidaridad con sus ocupantes al interior y el establecimiento de un campamento en el exterior del edificio.

La prohibición que hoy mantienen las autoridades políticas del Biobío, para que cualquier vecino, incluida la prensa, se acerque a la catedral penquista o que pretenda sentarse en las escalinatas de acceso a la catedral, es una señal más de que no son solo palabras las que asemejan el actuar de las actuales autoridades a los manejos propios del terrorismo de Estado. De hecho, mientras el ministro del Interior anuncia que pedirá cambiar la medidas cautelares que afectan a los comuneros presos y los tribunales se avienen a iniciar el juicio formal contra los mapuche procesados, las autoridades locales siguen dando órdenes de represión contra las manifestaciones de apoyo a esta lucha y, de paso, contra cualquier manifestación popular que se produce en la región.

Fotografía principal: FF.EE. reprimen marcha y campamento en apoyo a presos mapuche a 111 días en huelga de hambre el 25 de septiembre de 2017.