[resumen.cl] Este martes en el Juzgado de Garantía de San Pedro, la magistrada mantuvo la prisión preventiva para el poblador Ignacio Matus. Este se ha transformado en un caso emblemático, lleno de irregularidades y donde la prisión preventiva se aplica como un castigo anticipado para amedrentar a la población movilizada por sus justa demandas.

Ignacio Matus fue detenido el 21 de octubre en la población San Pedro de la Costa a las 22:30 hrs. de la noche, mientras participaba con sus vecinas y vecinos de un cacerolazo. Tras la arremetida de efectivos de Fuerzas Especiales de Carabineros, el joven fue detenido, golpeado y trasladado a la 6ta Comisaria de San Pedro de la Paz.

Cabe destacar que Matus, hoy formalizado por porte de municiones, había sido operado de una pierna hace unos meses previos al estallido social, por lo que su familia y grupos de apoyo rechazan cualquier vinculación que se haga del joven con algún ilícito, debido a su condición de salud. Además, acusan a Carabineros de haber montado pruebas en su contra, en este caso casquillos de balas, encontrados por efectivos policiales supuestamente en las vestimentas de Ignacio.

A través de un video, su abogada defensora y más de 50 vecinos de la comuna de San Pedro y del Colectivo «No mas presos por luchar» expresaron su apoyo a Ignacio, constatando que el joven no es un peligro para la seguridad de la sociedad, sino que es un aporte para la misma.

La abogada indicó que presentó 3 declaraciones juradas de 3 testigos que estuvieron con él. Explicó que estas declaraciones las hicieron en una notaría y no en el Ministerio Público ya que la ella aún no puede acceder a la carpeta investigativa

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De todos modos magistrada mantuvo la prisión preventiva, indicó la defensa.

Desde hace tiempo, la medida cautelar de prisión preventiva se ha utilizado como un mecanismo de castigo contra personas de las cuales no se tienen indicios de los delitos que se le imputan. Así lo han experimentado integrantes de comunidades mapuche desde que se comenzó a implementar la reforma procesal y que han recibido la absolución luego de realizar extensas y gravosas huelgas de hambre, consiguiendo que el poder judicial reconociera lo que hasta entonces negara: la inexistencia de pruebas condenatorias. Ahora, el Estado está aplicando la misma treta contra la población chilena movilizada.