La madrugada del 08 de diciembre de 2010, una tragedia remeció a la población de Chile, destapando una serie de irregularidades y negligencias del sistema penitenciario que significó la muerte de 81 personas.

La cárcel de San Miguel sufrió un siniestro tras una disputa entre los internos del recinto penitenciario el que, cual efecto dominó, conllevó un cuestionamiento estructural más allá del hecho puntual que lo inició.

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10 años después del siniestro, el Séptimo Juzgado Civil de Santiago corroboró que existió una falta de servicio por parte de Gendarmería donde «la administración no observó el patrón de conducta que se esperaba, pues ni aun la precariedad que el servicio poseía -o posee- justifica las omisiones en que incurrió, todas ellas constitutivas de falta de servicio», traduciéndose en una millonaria compensación económica a las familias de los muertos, pero que poco y nada viene a reparar integralmente el hecho.

El caso icónico de Bastián Saavedra da cuenta de aquello. El joven estaba al interior del penal debido a que no tuvo el dinero para pagar una multa luego que fuera detenido por vender CDs pirateados.  Tras el fallo de 2020 su madre, Marcela Arriagada, señaló que «no me interesa la plata; no me interesa nada. Mis hijos han sufrido una enormidad y a la más chica le ha tocado ver todo mi proceso. No espero nada de nada y sigo sin esperar nada».

El infierno en la cárcel de San Miguel

El hecho ha sido investigado a partir de diversas aristas. Parte de estas, han sido difundidas en el documental «El cielo está rojo» que reúne testimonios sobre «la tragedia carcelaria más grande de Latinoamérica en donde murieron 81 personas privadas de libertad». En la misma línea, se encuentra el notable trabajo de investigación de la periodista Tania Tamayo titulado «Incendio en la torre 5«.

Este último, reúne un profundo análisis del sistema penitenciario chileno que incluye las concesiones privadas, las deficiencias del modelo aún vigente en las cárceles del país y una serie de antecedentes que dan cuenta de las negligencias que se acumularon para que la tragedia de tal envergadura fuera posible.

Entre los antecedentes planteados por Tamayo, que incluye relatos de sobrevivientes a la tragedia, se encuentran notables deficiencias de un modelo que condenó a la muerte a 81 personas. En el texto, la autora plantea que «Eduardo Zepeda declararía que mientras pedía a sus compañeros que pararan la mano le habría gritado a un centinela y este le habría respondido ‘que se quemen no más los giles culiaos’ y luego el gendarme ‘se puso un pendrive para escuchar música'».

En la misma línea, el relato del reo Marcelo expone que «éramos más de 200 los que gritábamos hacia abajo. Cómo no iba a escuchar Gendarmería. Yo gritando y los demás también gritando a los gendarmes que vinieran pa’ arriba. Desde las ventanas del baño también. Como yo veía que se quemaban vivos. Aunque ya no podía gritar, estaba mareado, pero ellos no nos ayudaron en nada. Lo único que hicieron fue esperar que nos quemáramos y que nos muriéramos intoxicados».

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Fotografía principal: Pudahuel.cl