[resumen.cl] Recientemente se ha publicado el texto "Implicancias del Acuerdo Transpacífico (TPP)", elaborado por la plataforma Chile Mejor Sin TPP, donde convergen organizaciones sociales intervinientes en diversas áreas de la vida social del país.

El libro puedes descargarlo aquí.

El opúsculo constituye un intento por reunir una serie de antecedentes sobre este Acuerdo que, si bien está en vilo, luego de la elección de Donald Trump como presidente de EE.UU., se cierne como una amenaza latente para los pueblos de la cuenca del océano Pacífico, en tanto su contenido representa la intención de las empresas transnacionales de optimizar la recolección de ganancias propias de sus múltiples inversiones en las naciones involucradas (Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Chile, Estados Unidos, Malasia, México, Japón, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam).

El secretismo bajo el cual se fraguó el TPP se explica por el contenido de sus cláusulas orientadas a maximizar las utilidades empresariales a costa de la soberanía de las naciones y su empobrecimiento en áreas como la salud; el uso de internet y el acceso a contenidos bajo el control de empresas de derechos de autor; en la agricultura y alimentación; en el deterioro ambiental; en el reclamo por la restitución de tierras para los pueblos originarios; entre otras.

En la publicación se explica cómo la entrada en vigencia del TPP podría anular los beneficios de la Ley conocida como «Ricarte Soto», en tanto aumentará de 5 a 8 años el periodo con que los laboratorios fabricadores iniciales de productos farmacéuticos biológicos cuentan para monopolizar la venta de éstos en el país, impidiendo la comercialización de biosimilares y colocando el precio de los mismos a su discreción. Ahora bien, si se considera que gran parte de los tratamientos cubiertos por esta Ley se realizan con productos biológicos, el costo de éstos se elevará ostensiblemente. De hecho, el propio Ministerio de Salud ha declarado que cada año de "protección de datos" para los fabricantes originales de productos biológicos provocará una pérdida fiscal de 770 millones de dólares y con ello disminuirá el poder comprador del Fondo de Tratamiento de Alto Costo, creado por la Ley Ricarte Soto.

El documento también aborda las normativas referentes al uso de Internet y el acceso a contenidos (música, cine, libros, fotografías, etc) bajo el control de empresas de derecho de autor, el cual será restringido al extremo. El aprovechamiento comercial de las obras por parte de estas empresas se extenderá por 70 años después de la muerte de su autor. Además, se establecen mecanismos para obligar a los proveedores de servicios de internet a pagar compensaciones en el caso de publicar obras controladas por estas empresas de derecho de autor, junto con implementar el método denominado de "notificación y bajada".

La alimentación también está en riesgo con la eventual aprobación del TPP, lo cual se denuncia en la publicación. Al adscribirse a este Acuerdo, el Estado de Chile está obligado a adherir al Convenio UPOV 91, el cual establece que diversas variedades vegetales podrán ser controladas por personas (o empresas) que las registren para su uso exclusivo. De este modo, quien quiera ocupar semillas para la producción, reproducción o multiplicación de éstas deberá contar la autorización del obtentor y cumplir con las condiciones impuestas por él.

Los Sistemas de Resolución de Controversias entre Inversor y Estado, a los cuales deberán someterse los Estados miembros del TPP, también son un peligro para la soberanía de las naciones. Estos sistemas se dedican a dirimir en controversias surgidas, luego que alguna empresa denuncie a un Estado la violación de cláusulas propias de un Tratado Comercial firmado por éste y el Estado donde se domicilia la firma. Por ejemplo, una empresa norteamericana podría exigirle al Estado chileno, resarcirla luego de considerar que su política le ha impedido conseguir las utilidades esperadas en su inversión. El CIADI [Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones] es uno de los sistemas más usados y en los laudos emitidos desde su origen (1966) hasta el 2015, registra que un 74% de éstos han favorecido total o parcialmente a las empresas demandantes. Aunque Chile ya es parte de estos Sistemas, la puesta en marcha del TPP implicaría un sometimiento continuo a estas instancias.

El texto invita a informarse, pues, claramente, de parte de la clase política hay un ocultamiento de las condiciones impuestas por el TPP, ya que no pueden justificar su denodado apoyo a esta iniciativa. Esta carencia de argumentos quedó plasmada en el anexo de una carta al Diputado Giorgio Jackson, emitida el pasado 1 de julio por encargo del Ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz. En éste se consigna que "aun no podremos referirnos acuciosa y seriamente a lo que gana Chile y cuáles podrían ser los déficits en cuanto al cierre de estas negociaciones, puesto que no contamos con la información necesaria como para realizar este balance."

O sea, si el propio Gobierno declara que no cuenta con información para conocer los perjuicios de la implementación del TPP, no hay otra alternativa que salirse de este tratado y, de paso, condenar a todos sus promotores por la irresponsabilidad con la cual han obrado.