La normativa que busca dar mayor proyección a las víctimas de delitos sexuales y penaliza la inducción al suicidio fue aprobada en general de forma unánime el pasado jueves, pasando así a su segundo trámite constitucional.

Por José Figueroa Soto

El año 2019 se dio a conocer el caso de Antonia Barra, joven que se quitó la vida tras denunciar haber sido víctima de violación. Este hecho, que mantiene en calidad de imputado a Martín Pradenas por su presunta responsabilidad en ésta y otras denuncias de violencia sexual, conmocionó a gran parte de la población, decantando en diversas protestas y acciones del movimiento feminista exigiendo justicia.

Sin embargo, el hecho debeló una serie de falencias en el sistema judicial chileno al abordar crímenes de violencia sexual. Ante esto, un grupo de diputadas presentó un proyecto de ley en agosto de 2020 que busca dar mayores garantías a las víctimas de delitos de esta naturaleza y tipificar la inducción al suicidio -suicidio femicida- como delito en el Código Penal.

Dicho proyecto de ley tiene como objetivo: "modificar diversos cuerpos legales con el fin de proteger los derechos de las víctimas de delitos sexuales, brindándole apoyo estatal para que conozcan y puedan ejercer adecuadamente sus derechos, protegiendo su integridad y privacidad en la investigación y el proceso penal, evitando su revictimización y, en definitiva, garantizando su derecho a una vida libre de violencia". Para ello establece una serie de medidas.

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En primer lugar, un aumento en los años de prescripción de delitos sexuales, de 5 a 10 años, comprendiendo lo complejo que puede llegar a ser para la víctima tomar la decisión de denunciar los hechos ante el Ministerio Público.

Del mismo modo, se les otorgan mayores garantías a las denunciantes, resguardando la identidad, prohibiendo la entrega de esta información a los medios de comunicación y restringir el ingreso a las audiencias.

En esta misma línea, el proyecto busca evitar la revictimización, para lo que establece que la persona podrá declarar en una sola oportunidad, quedando grabado dicho testimonio y así evitar que este deba ser repetido en múltiples ocasiones ante los diferentes organismos que así lo soliciten.

Sumado a lo anterior, el proyecto de ley busca tipificar como delito el suicidio inducido por terceras personas, otorgándole una pena de presidio menor en sus grados medio a máximo (541 días a los 5 años).

Tras pasar a su segundo trámite constitucional, deberá ser discutido en el Senado.

Fotografía principal: radio.uchile.cl