Las sorprendentes revelaciones sobre irregularidades en convenios del GORE Los Lagos
Dos funcionarias del GORE de Los Lagos fueron detenidas el día martes pasado tras ser imputadas por el Ministerio Público por los delitos de lavado de activos y fraude al Fisco. Se suman así a las detenciones de Diego Ancalao -excandidato presidencial de la Lista del Pueblo- y Jaime Huincahue, representantes de la Fundación Kimun, investigados por los eventuales delitos de fraude al Fisco, lavado de activos y estafa. Un informe de Contraloría, emitido a principios de noviembre, da luces sobre algunas de las presuntas irregularidades producidas bajo la supervisión de las trabajadoras en los convenios fiscalizados que habrían permitido los escándalos.
Por Michelle Martínez
Durante el día martes, la actual Administradora Regional del GORE de Los Lagos, Viviana Godoy, junto a la ex jefa de la División de Fomento e Industria, Gloria González, fueron detenidas por orden del Juzgado de Garantía de Puerto Montt tras ser imputadas por los delitos de lavado de activos y Fraude al Fisco. Las detenciones descritas son las primeras que involucran a personas vinculadas al Gobierno Regional de Los Lagos.
El gobernador Patricio Vallespín, durante la tarde del día miércoles, se pronunció en relación a las detenciones de las funcionarias. «Creemos que los procedimientos que está desarrollando el Ministerio Público están en el marco de lo que es su competencia. Nosotros vamos a seguir colaborando en esto. Quiero resaltar que seguiremos atentos a la evolución de este proceso que involucra a la Administradora Regional y a la ex jefa de la División de Fomento, lo cual es parte de una investigación reservada. No tenemos antecedentes algunos ni detalles de lo que esto involucra».
En la investigación de los convenios irregulares, las presuntas participaciones de las funcionarias del GORE de los Lagos son mencionadas en distintos apartados del informe final de auditorías elaborado por la Contraloría y emitido a principios de noviembre de este año, el cual señala una serie de irregularidades cometidas por el GORE, principalmente relacionadas con la admisión, gestión y monitoreo de los convenios relacionados con las instituciones Fundación Participa, Corporación Kimun y Corporación El Canelo. Las falencias detectadas por la institución fiscalizadora dan cuenta de la falta de mecanismos de control interno que posee la institución para distribuir y monitorear los fondos asignados a instituciones privadas.
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Tras la publicación del primer informe elaborado por Contraloría sobre las auditorías oficiadas al Gobierno Regional de Los Lagos, se presume la participación de las dos funcionarias dentro de las irregularidades detectadas por la entidad tras exponerse su mención en el documento emitido por Contraloría a principios de noviembre.
En este documento, se menciona la presunta vinculación entre Gloria Gonzalez y Corporación Kimun, tras ser ella quien comunica la adjudicación del convenio realizado con la institución privada. En el oficio, se advierten una seguidilla de irregularidades referentes al funcionamiento de Corporación Kimun y la manera en que la institución concretó un convenio de $1.200 millones de pesos con el GORE de Los Lagos.
El proyecto propuesto por la Corporación Kimun fue terminado anticipadamente el 17 de julio de 2023 por solicitud del Gobierno Regional de Los Lagos, producto de la falta de informes mensuales de inversión, además del no pago de las boletas de garantías del proyecto, tal y como lo indica el informe realizado por la Contraloría. Lo anterior, dio paso a la posterior detención de Jaime Huincahue, representante de la Corporación Kimun, el cual se encuentra actualmente investigado por el delito de fraude al Fisco de acuerdo a lo señalado por el Consejo de Defensa del Estado, el cual decidió querellarse tras descubrirse las irregularidades detectadas en el convenio suscrito entre el GORE y la corporación.
El Gobierno Regional de Los Lagos, por su parte, durante el convenio no solicitó la documentación que acreditara que Corporación Kimun, al igual que el resto de instituciones fiscalizadas, tuviera su giro de actividades vinculado a la iniciativa de regularización de inmuebles, lo que no permitió verificar que «tengan las competencias necesarias para llevar a cabo las tareas suscritas en sus respectivos convenios» de acuerdo a lo señalado por Contraloría. Las actividades de la organización, hasta ese punto, se limitaban solo a «la promoción del desarrollo, especialmente de las personas, familias, grupos y comunidades que viven en condiciones de pobreza y/o marginalidad y de manera prioritaria a los habitantes de los pueblos originarios de Chile» según lo señalado por el informe.
Aún con estos antecedentes, a finales de octubre de 2022, Gloria González, la exjefa de División de Fomento e Industria del Gobierno Regional de Los Lagos, informó mediante un correo electrónico institucional la adjudicación del proyecto de $1.200 millones de pesos a Corporación Kimun. «Estimados, como es de su conocimiento, el Gobierno Regional de Los Lagos, a través de su División de Fomento e Industria, los ha seleccionado para operar como ejecutores de programas cuyo propósito es generar intervenciones estratégicas para el fomento de la actividad productiva en los territorios de la región» indica parte del correo citado por el informe de Contraloría.
Lo anterior, cobra especial importancia considerando que el proyecto de Corporación Kimun no fue elegido por concurso público, sino por asignación directa de acuerdo a lo señalado por Contraloría en el apartado 1.2 de su informe. Si bien, Gloria Gonzalez aparece tachada en el documento, se puede advertir su autoría detrás del correo emitido considerando que en el informe se menciona su cargo durante el periodo en el que se encontraba trabajando.
Cabe recordar que Jaime Huincahue Melipil y Diego Ancalao, parte de la Fundación Kimun, se encuentran en prisión preventiva acusados por los eventuales delitos de fraude al Fisco, lavado de activos y estafa. Según la investigación, a través de Kimun habrían recibido recursos que alcanzaron los 1200 millones de pesos del GORE de Los Lagos, parte de los cuales habrían utilizado para costear deudas del CFT e IP Los Lagos, el que luego habría sido adquirido por la Fundación Fundelin, donde también es director Ancalao.
Por otro lado, sobre la Administradora Regional, se tienen registros sobre un procedimiento disciplinario dirigido a la funcionaria y dictaminado el 28 de julio del presente año por la Contraloría.
En el marco de las investigaciones de convenios irregulares, se menciona en el informe de Contraloría que la Corporación El Canelo recibió la totalidad de los $736 millones de pesos adjudicados en su convenio con el GORE, pese a que su traspaso debió ser desglosado en dos transferencias.
De este proceso, el oficio cita un correo enviado por parte de uno de los jefes de las divisiones departamentales del GORE, el cual iba con copia a la Administradora Regional. «Tal cual todos los actores saben, en los convenios se introdujo una cláusula que establece que sin perjuicio que tendrán vigencia desde la fecha de total tramitación de la resolución que los aprueba, las actividades del mismo podrán desarrollarse desde su suscripción. Eso significa que todo lo que debe hacerse en virtud del convenio, puede empezar a realizarse desde su fecha, entre otras, los pagos respectivos, pues esta es una actividad del convenio que, además, permiten que se realicen todas».
«El citado convenio en la cláusula sexta, establece que la transferencia de los recursos se realizará a través de dos cajas; la primera de ella se hará efectiva a la fecha de la total tramitación del último acto administrativo que apruebe el citado contrato y la segunda caja será transferida, cuando se rinda la primera caja, existencia de disponibilidad presupuestaria, el avance efectivo en la utilización de recursos y la obtención de los productos, lo cual no aconteció en la especie, toda vez que se realizó la transferencia de la primera y segunda caja» señala el informe.
El GORE no cumplió con lo instruido en el convenio, produciendo así la medida disciplinaria en contra de la Administradora Regional. De la misma manera que con González, no aparece el nombre de Godoy indicado en el documento, sin embargo, se puede deducir su mención a partir del nombramiento de su cargo.
Para el informe de Contraloría se seleccionaron tres convenios realizados durante 2022 para su análisis, correspondiendo cada uno a Fundación Participa, Corporación Kimun y Corporación El Canelo. Entre los tres convenios, el GORE de los Lagos realizó un financiamiento de más de $3 mil millones de pesos, siendo Fundación Participa financiada por $1.200 millones, Corporación Kimun por $1.200 millones y Corporación El Canelo por $736 millones de pesos.
Los anteriores convenios se implementarían a través del programa "Saneamiento de la tenencia irregular de la propiedad Chile Propietario" de 2022, el cual fue una iniciativa de la Seremi de Bienes Nacionales de Los Lagos para regularizar los inmuebles de 3.431 familias vulnerables del sector. No obstante, «de acuerdo a información del Servicio de Impuestos Internos (SII), Contraloría pudo comprobar que ni Fundación Participa, Corporación Kimun, ni Corporación El Canelo tienen una actividad económica relacionada al saneamiento de títulos de dominio» explica el informe de Contraloría.
Pese a este antecedente, durante el proceso de aprobación de los convenios investigados, la comisión evaluadora -compuesta por los Consejeros Regionales y el Gobernador Regional- aprobó de forma casi unánime la adjudicación de los proyectos planteados por Fundación Participa, Corporación Kimun y Corporación El Canelo. De los 18 Consejeros Regionales, 17 aprobaron las iniciativas planteadas, mientras que en todas las iniciativas se indicó la aprobación del gobernador Patricio Vallespín de acuerdo a lo expuesto en el informe de Contraloría en sus anexos.
A partir de las irregularidades detectadas por Contraloría, la institución realizó una derivación de las materias observadas a la Fiscalía Regional de Los Lagos y al Consejo de Defensa del Estado, debido a que el Ministerio Público durante la emisión del informe se encontraba investigando hechos relacionados a los antecedentes recopilados por la entidad fiscalizadora.
