[resumen.cl] Las informaciones aparecidas esta semana acerca de las onerosas pensiones que reciben por parte del Estado los criminales condenados por delitos de lesa humanidad recluidos en el Penal Punta Peuco, viene a dejar al descubierto una nueva forma de prolongar la infamia y la burla hacia las víctimas de aquellos delitos, hacia los familiares de las víctimas, y hacia la sociedad en su conjunto, que no se entera que ha sido cómplice del pago de suntuosas jubilaciones y pensiones de estos presidiarios. Un privilegio más que pone también al descubierto el uso de los recursos del Estado, en este caso de las instituciones de las Fuerzas Armadas, en particular del Ejército, para brindarle compensaciones a sus agentes criminales.

La denuncia pública solo se ha referido a los criminales que permanecen recluidos en el Penal Punta Peuco, no alude a los cientos que cumplen condena en libertad (si a eso se puede llamar condena); no alude a los cientos que ya cumplieron algunas de las irrisorias condenas con que han sido beneficiados por tribunales cómplices o complacientes; no alude a los cientos que están siendo procesados por delitos de derechos humanos. Tampoco alude a los criminales condenados que se encuentran prófugos de la justicia pero siguen recibiendo sus pensiones de estas "instituciones" del Estado que actúan como cajas pagadoras de la mafia, financiando la fuga o la clandestinidad de los ex agentes fugitivos, de los criminales prófugos. Tampoco alude a aquellos que indebidamente (y solo a título de la omnipresencia del terror y del poder) reciben pensiones del Estado pagadas por estas "instituciones", como las conocidas de la familia del tirano, de su mujer y su hijo.

Esta vergüenza nacional viene a refrendar la exactitud y la necesidad de las denuncias realizadas constantemente por organizaciones de familiares de víctimas y organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, acerca de las maniobras de encubrimiento, de pro impunidad, de privilegios ilegítimos, de que se han beneficiado los criminales autores de delitos de lesa humanidad. Los autores y gestores de esta infamia han sido, desde luego, las instituciones de la defensa nacional que, como decíamos, haciendo uso y abuso de los recursos del Estado, en suma de los recursos de todos los chilenos, se han convertido en aparatos protectores de los hechores e implicados en lugar de entidades colaboradoras con la búsqueda de verdad, de justicia y de la tan basureada reconciliación. No hay verdad cuando se encubre la verdad, no hay justicia cuando se actúa impunemente y se protege a criminales, no habrá reconciliación posible con estas prácticas instauradas por los continuadores de la dictadura y protectores de las bestialidades causadas por ésta.

Los responsables de esta infamia ante la sociedad, ante los familiares, ante la memoria de las víctimas, son los desvergonzados integrantes de la clase política, en particular de las cúpulas concertacionistas (o nuevamayoristas) o como quieran llamarse, que no han tenido la decencia de poner término a los privilegios de los criminales; que no han tenido la decencia de terminar con los centros penales exclusivos, con las regalías y el uso de subterfugios de que se valen los implicados en violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad para burlar la acción de la justicia, ya de por sí condescendiente, timorata y tardía. Clase política concertacionista que no ha tenido la decencia de degradar a los ex miembros de las Fuerzas Armadas condenados por los delitos que cometieron en dictadura.

Sabido es que estos criminales de lesa humanidad fueron premiados por  los crímenes que cometieron y por la labor represiva y de terror que desempeñaron durante el nefasto período de la dictadura y, en algunos casos, aún después de ella, durante la pretendida democracia post 90. Estos premios instaurados por el dictador (que se otorgó a sí mismo el ridículo título de capitán general), por las instituciones armadas, por la derecha política dictatorial, consistieron en ascensos de carrera, en aumentos de sueldos extraordinarios y, como consecuencia de ello, en pensiones desproporcionadas, suntuosas, burlescas. La justificación que se dan a sí mismos los responsables de esta infamia, es que los montos de las pensiones de los criminales son producto de su "carrera profesional" al interior de sus instituciones de origen; lo que no dicen es que esas carreras las cimentaron en la matanza, en el terror, en la tortura, en la violación, en el crimen; lo que no dicen es que esas carreras -por definición de alrededor de 25 años- las hicieron en dictadura y las prolongaron o coronaron por la complicidad de la clase política, por la indecencia de la clase política, por la inmoralidad de la clase política toda.

Terminar con esta burla que constituye una afrenta para la gente de trabajo, de esfuerzo, que percibe sueldos ínfimos o salarios precarios y que a la hora de jubilar percibe pensiones indignas, es una necesidad urgente que la clase política no puede seguir eludiendo, o tratando de explicar con una lógica inmoral y mercantil. Con certeza tomar estas medidas mínimas de decencia política y moral, a la clase política en general, y concertacionista, en particular, les debe significar un gran esfuerzo; mal que mal se han vendido al mejor postor para mantener sus rentables cuotas de poder; mal que mal, se vanaglorian y abanican de sus vínculos familiares, de vecindario y de amistad con los más conspicuos exponentes de la dictadura; mal que mal, hicieron lo indecible para rescatar al tirano y ponerlo a recaudo del alcance de la justicia; mal que mal, son solo lo que son. Pero ya basta de infamias. Degraden a los criminales condenados, terminen con los privilegios y beneficios de estos individuos, terminen con los privilegios ilegales e indebidos de los que gozan la familia del tirano y todos aquellos que se siguen aprovechando de la estela de terror que gestaron y dejaron a su paso.