Un reportaje de CIPER revela que un estudio revisó el accionar de instituciones como las Subsecretarías de Salud y Medio Ambiente entre 2010 y 2020. Este concluyó que han tenido una política reactiva sin tener un análisis consolidado de compuestos contaminantes presentes en el agua, en el aire y los suelos en la zona. Tampoco se registró la aplicación de metodología alguna que evalúe cómo se ha afectado la salud de la población.

Por: Alberto San Martín

Esta auditoría concluyó que las instituciones del Estado no mantuvieron una acción preventiva en la zona afectada. Se identificaron vacíos, omisiones, falta de normativas y falta de mirada multisectorial. El Informe Final N°27 de 2022 fue emitido por Contraloría en mayo de este 2022.

Se confirmó que nunca se realizó seguimiento a estudiantes de la escuela de La Greda intoxicados en 2011. Tampoco se han creado normas para medir contaminación en suelos ni se han fijado límites a emisión de compuestos orgánicos volátiles.

Entre los principales hallazgos del informe se señala que «No se ha elaborado por parte de la Subsecretaría del Medio Ambiente los instrumentos de gestión que définan los estándares ambientales para la protección, recuperación y remediación de suelos contaminados, que permitan además orientar la definición de zonas de riesgo en el marco de los procesos de planificación territorial»

A continuación, la siguiente tabla extraída del citado informe muestra la comparación de las normas de calidad del aire entre el estándar vigente en Chile y el estándar recomendado por la Organización Mundial de la Salud en la actualización de 2005 (columna central) y de 2021 (columna derecha)

Además evidenciaron que «el Ministerio de Salud en conjunto con el Ministerio del Medio Ambiente no ha definido el procedimiento sistemático para evaluar, en un periodo de 5 años, los impactos en la salud de la población por los niveles existentes de calidad del aire, por material particulado fino respirable, MP2,5, desde la entrada en vigencia de la norma, esto es, el 1° de enero de 2012″.

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Tampoco se advirtió «un procedimiento para desarrollar la vigilancia de los niveles de plomo en la sangre en población menor de dos años, que permita, a nivel local, contar con los niveles promedio de plomo en sangre y con el porcentaje de niños con niveles de plomo superior a 10 mg/dl»

Junto a esto el informe advierte que se «las normas de calidad del aire evaluadas en Puchuncaví, Quintero y Concón corresponden a MP10, MP2.5, SO2 (primaria y secundaria) y Pb, sin que se observara la revisión de las normas de NO2, 03 y CO. Lo anterior, debido a que las evaluaciones se han realizado de manera reactiva, operando a petición, -lo que genera que existan redes, que nunca han sido evaluadas»

El informe revela que en las estaciones de monitoreo de la zona no se están evaluando todos los contaminantes que se encuentran normados. Quedaron fuera: el dióxido de nitrógeno (NO2), ozono (O3) y monóxido de carbono (CO).

CIPER constató que en los registros online del Sistema de Información Nacional de Calidad del Aire estos contaminantes no son registrados por todas las estaciones de las comunas mencionadas.

El citado medio identificó que en las estaciones Valle Alegre, Colmo y Junta de Vecinos (las dos últimas de ENAP) no hay información disponible para MP2,5

En las estaciones La Greda, Puchuncaví (Codelco) y Valle Alegre (AES Gener) no se registraron datos para emisiones de monóxido de carbono (CO). La estación de Ventanas tampoco midió emisiones de CO, pese a que el monitoreo fue instruido por la Subsecretaría del Medio Ambiente en febrero de 2021.

En síntesis, durante ambos gobiernos de Piñera y el segundo de Bachelet no se realizaron muchas acciones para contener y revertir esta catástrofe en la zona de sacrificio en torno a la Bahía de Quintero

Tampoco se priorizó en vigilancia epidemiológica de la población afectada. «Se recomienda a la Subsecretaría de Salud fortalecer la vigilancia epidemiológica asociada a la contaminación atmosférica, generando para ello un diagnóstico del actual programa implementado, determinando ‘áreas de mejora, la estimación de los recursos financieros necesarios para su implementación y las acciones que deben ser realizadas en el corto y mediano plazo, definiendo hitos y metas claras a cumplir» indica el informe.

Vea el reportaje completo de CIPER aquí

Vea el informe de Contraloría aquí