El pasado 19 de enero, a través de este medio, informábamos de una decena de desvinculaciones que afectaban a funcionarios de la Corporación de Asistencia Judicial del Bío-Bío y que activaron, a modo de respuesta, una paralización de las organizaciones de trabajadoras y trabajadores del servicio.

F. San Martín / resumen.cl

El argumento esgrimido por el Director (S) del organismo Sr. Gonzalo Contreras Reyes, para justificar las desvinculaciones se basó en una supuesta modernización del servicio que, para materializarse, exigiría de una reestructuración interna. Esto, en principio, si se ha de traducir en mejoras para un servicio que otorga asistencia judicial a los sectores más vulnerables de la población, puede sonar bien. Sin embargo, la mencionada modernización queda en suspenso si atendemos a los siguientes hechos concretos.

La iniciativa de presunta modernización respondería al informe emitido por una consultora externa que en su momento recomendó mejoras a los procesos de gestión en los Departamentos de RRHH y de Administración. No obstante, las desvinculaciones se han centrado mayoritariamente en profesionales de vasta experiencia que se desempeñaban en la Dirección Jurídica que es, como se puede deducir, el órgano fundamental en un servicio que presta atención jurídica, siendo el encargado de control y fiscalización del trabajo desarrollado por el personal que labora en todas las unidades de atención directa de público de la institución, en sus aspectos técnico-jurídicos.

Junto a esto, también despierta sospecha el hecho de que los despidos se den a pocos días de que se haga efectivo el cambio de gobierno, abriendo la conjetura de que la reestructuración no es más que un ardid para reemplazar a las y los desvinculados por figuras vinculadas a la actual administración gubernamental y así prolongarlas en cargos públicos.

Pero a todo lo anterior, se suman una serie de denuncias y resoluciones de parte de la Contraloría General de la República que dan cuenta de la falta de probidad de la autoridad detrás de este proceso de reestructuración: el Director (S) Gonzalo Contreras Reyes.

Entre las denuncias confirmadas por la Contraloría podemos mencionar:

1) Remuneraciones en exceso entre los años 2013 y 2018 para el citado Director (dictamen de 1/10/2020 Nº 12.123). Contraloría ordena el reintegro de los pagos indebidamente percibidos. Contreras Reyes, sin embargo, se acoge al beneficio de prescripción para solo reintegrar una fracción de los excesos en remuneraciones.

2) Atrasos no justificados equivalentes a 79 horas durante el año 2017, como estableció el Informe Final de Observaciones de Contraloría referido al Macro proceso de RRHH de CAJ BIOBIO Nº 902/2018 (11/04/2019).

Estas resoluciones, así como otras denuncias en curso contra quien conduce la reestructuración al interior de la CAJ Bío-Bío, junto con las incoherencias del proceso de reestructuración en sus propios términos técnicos, aportan elementos para sospechar de un proceso viciado que, en su cara contraria dota de mayor legitimidad la exigencia de reintegro de los desvinculados que levantan las organizaciones de funcionarias y funcionarios.