[resumen.cl] El lapidario informe presentado esta mañana por la Alta Comisión para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (ACNUDH) confirma  nuevamente las graves violaciones a estos realizadas por agentes del Estado desde el 18 de octubre. El documento que establece responsabilidades políticas de las autoridades es emitido el día siguiente al que la cámara baja decidiera no discutir la acusación constitucional contra Sebastián Piñera y así protegerlo de las acusaciones por crímenes de Estado bajo su administración.

«Lapidario», «grave», son algunas de las palabras utilizadas por la clase política para referirse a este informe que vuelve a confirmar lo que todos los organismos dicen en la materia: En Chile hay graves violaciones a los Derechos Humanos. Este documento se da a conocer a la opinión pública precisamente al día siguiente en que en la Cámara de Diputados y Diputadas se aprobara la llamada «cuestión previa», declarando así la acusación constitucional contra Sebastián Piñera por su responsabilidad política en las graves violaciones a los Derechos Humanos como inadmisible, es decir, que no cumplía con los requisitos técnicos para siquiera discutirse. Con esto no se alcanzó a presentar ningún argumento del informe preparado por la comisión que pretendió acusar al presidente por su responsabilidad política por los crímenes de Estado. La jugada política no fue un rechazo a la acusación, sino impidió que la discusión se diera, protegiéndolo así de la exposición que significaría enfrentarlo a esas acusaciones, particularmente sabiendo que es el superior directo del ministro que el día anterior fue sentenciado políticamente en la misma materia.

Respecto al informe, éste detalla en 35 páginas una serie de graves episodios en que se han vulnerado Derechos Humanos de la población:  "De la información recopilada por la ACNUDH, hay razones fundadas para sostener que, a partir del 18 de octubre, se han producido un elevado número de violaciones graves a los derechos humanos", sostiene el informe para luego agregar que "estas violaciones incluyen el uso excesivo o innecesario de la fuerza que resultaron en la privación arbitraria de la vida y en lesiones, la tortura y malos tratos, la violencia sexual y las detenciones arbitrarias".

Posteriormente puntualiza en cuanto a que "ciertas violaciones a los derechos humanos, en particular el uso indebido de armas menos letales y los malos tratos, son reiteradas en el tiempo, en el espacio y con respecto a quienes son los supuestos perpetradores y las víctimas".

En el documento también se afirma un punto que constantemente sostenido por los miles de manifestantes y que se desconoce y niega por parte de las autoridades del gobierno y sus policías: "Carabineros utilizó fuerza no letal cuando la manifestación fue pacífica, con el objetivo aparente de dispersar la manifestación o evitar que los participantes llegaran al punto de reunión", para luego agregar que "Hay razones fundadas para sostener que ha habido un uso desproporcionado y a veces innecesario de armas menos letales, en particular escopetas antidisturbios pero también gases lacrimógenos, utilizados a corta distancia", se añade en relación a dicho punto.

Respecto a las personas lesionadas con armamento semi-letal, sostiene que "el número alarmantemente alto de personas con lesiones en los ojos o la cara da cuenta de esta grave violación. Preocupa en particular la utilización de perdigones que contienen plomo".

Por otra parte, también confirma los conocidos casos de violencia sexual cometidas por Carabineros de Chile en las detenciones: "Las mujeres, las niñas y las personas LGBTI han sufrido formas específicas de violencia sexual (incluida la desnudez forzada), principalmente relacionadas con las detenciones",

En cuanto a profesionales que trabajan en las marchas, constata lo que todo el mundo en éstas ve "las personas defensoras de los derechos humanos, incluido el personal del INDH, periodistas y las y los trabajadores de la salud han sufrido restricciones a su trabajo, así como represalias por el desempeño de sus funciones". Además realiza una crítica al sistema de justicia: "Preocupa a la ACNUDH el bajo número de formalizaciones contra presuntos autores de violaciones a los derechos humanos, pese al gran número de denuncias y acciones judiciales. Preocupa también la falta de información pública por parte de las fuerzas de seguridad sobre las acciones que han sido adoptadas para garantizar la rendición de cuentas".

Revisa el informe a continuación: