Ya sea mediante una profunda restructuración, o a través de la llamada "refundación" de Carabineros de Chile, cualquier intervención debe considerar los aspectos formativos y académicos que subyacen su quehacer funcionario en la escuela de oficiales y suboficiales, a la luz de los graves atropellos sufridos por la sociedad civil durante el último tiempo, a manos de sus egresados.

En un país donde ambas escuelas ostentan el status de Instituciones de Educación Superior y han sido acreditadas como tal por la propia CNA-Chile, la discusión que se avecina no puede dejar de contemplar este factor.

Por Alexandros Iliadis Castillo*

Ninguna discusión respecto del actuar de los oficiales y suboficiales de Carabineros de Chile durante las protestas acaecidas en el último año, o de sus consecuencias en la vida de la ciudadanía (con cerca de 500 mutilados, la serie de actos reñidos con la justicia, o la infiltración en sectores populares para obtener información de manera ilegal, entre otros), puede dejar de lado un elemento clave: dónde se educaron y de dónde se graduaron quienes hoy por hoy, tienen la responsabilidad del cumplimiento del orden público y del respeto a las normas y leyes imperantes.

Una breve revisión de los antecedentes, nos lleva a la siguiente información: la Escuela de Oficiales del General Carlos Ibáñez del Campo tiene el carácter de Institución de Educación Superior, algo que se arrastra desde la tristemente célebre Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, y que no ha sido tocado en ninguna de las leyes que la han reformado (Ley General de Educación -LGE- o la Ley de Educación Superior, promulgada en 2018).

En tal calidad, por ejemplo, esta Escuela fue acreditada por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA-Chile), en diciembre de 2019, en pleno estallido social y cuando los números de violaciones a los derechos humanos llevados a cabo por Oficiales graduados en esta Escuela, ya tenían a Chile como el primer país con lesiones por trauma ocular en el mundo.

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Entre otros ejemplos, fue un Oficial egresado de esta Escuela quien percutó el arma que cegó la luz en los ojos de Gustavo Gatica, y que dejó sin gran parte de los sentidos a Fabiola Campillay. Los operativos llevados a cabo por parte del equipo de Control del Orden Público, que terminaron con un menor arrojado a los cauces del río Mapocho, o que han terminado con manifestantes fallecidos en distintas movilizaciones como la del reciente 18 de octubre en la población La Victoria, también son dirigidos por Oficiales de dicha Escuela.

Por ello, resulta necesario comenzar por el tipo de formación entregada, la estructura de su malla curricular y plan de estudios, el cuerpo de académicos que la compone, los requisitos de admisión y los criterios de selección, así como el perfil de egreso y el logro de los objetivos por medio de la retroalimentación con su medio laboral.

Indudablemente esto resulta complejo, debido a que sus egresados trabajan en la misma institución que los formó como profesionales y "oficiales de orden y seguridad" (título otorgado), y es la misma institución que ha sido duramente cuestionada en materias de derechos humanos, acceso a información y protocolos, entre otros. Al respecto, ni el reglamento ni los contenidos de los cursos están disponibles en su página, adoleciendo de la necesaria transparencia que todo centro del saber y del pensamiento debiera tener.

Solo tras una exhaustiva búsqueda en internet, se puede llegar a antiguos planes curriculares, de las que se desprende una sobrecarga en la malla curricular, ambigüedad en los títulos de sus asignaturas, ausencia de los contenidos de ramos, y la poca presencia de asignaturas relevantes a la luz de los acontecimientos, como la casi ausencia de ramos de derechos humanos (solo el 2% de la malla tiene asignaturas de este tipo).

Las complicaciones por cumplir con una sobrecargada malla de las carreras, la ausencia de un plan de análisis del medio externo, o el desconocimiento del proceso formativo por parte de sus estudiantes (elementos mínimos para quien se aprecie de una institución de educación superior) fue relevado por la CNA, a pesar de lo cual, se optó por su acreditación.

Es necesario que la ciudadanía ejerza un control por medio de organismos públicos especializados y con estándares objetivos y legitimados por el medio. Lamentablemente, la propia CNA-Chile no cuenta con pautas ni criterios específicos orientados a evaluar este tipo de enseñanza, puesto que sus evaluaciones están orientadas mayoritariamente a Universidades, Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales, y a las carreras de pre y postgrado que ellas imparten. Poner a una Escuela de Oficiales al mismo nivel que estas instituciones devela una importante brecha para su evaluación y que debiera ser saldada mediante un conjunto de organismos estatales y por medio de la participación activa de organizaciones de la sociedad civil.

Para ello, la discusión sobre si la Escuela de Oficiales debiera o no tener el mismo status que una Universidad, por el sólo hecho de contemplar ocho semestres de formación, debe ser un diálogo técnico y desideologizado pero con altos estándares de transparencia e información a la ciudadanía. Finalmente, no son pocas las escuelas de formación militar que tienen rango de instituciones de educación superior en el mundo; lo importante acá es, que dicho rango esté dado por criterios y componentes conocidos por el público e informados oportunamente.

Lo que queda en claro es que, tanto Carabineros como la propia institucionalidad encargada de verificar su funcionamiento (CNA-Chile), hoy en día no han sido capaces de ponderar estos temas, entregando un sello de calidad que ha terminado avalando de manera cómplice los atropellos a los derechos humanos de los que todas y todos hemos sido testigos.

Sólo anteponiendo esta discusión podremos avanzar en intervenciones más profundas, que pueden ir desde su reforma hasta la restructuración de la Institución, la que, eventualmente, pudiera contemplar la fusión de ambas Escuelas, la existencia de un escalafón único, o el rol preventivo y desmilitarizado que toda institución de orden público debiera tener.

*Sociólogo, Universidad de Concepción, Chile. MA en estudios culturales europeos, IHU, Grecia.
Investigador Independiente en temas de educación superior, aseguramiento de la calidad e internacionalización.