La decisión del presidente Boric de indultar a una serie de presos políticos tiene tanto a la ultraderecha, como a la derecha y sus medios de comunicación, en una verdadera escandalera, a la que en alguna medida se ha sumado la Corte Suprema. No obstante, fue uno de sus compromisos de campaña, que incluso reafirmó en reuniones con sus  familias ¿A qué viene entonces tanta sorpresa y nerviosismo por una atribución que tiene cualquier presidente según la Constitución?

Por Alejandro Baeza

«El indulto a Jorge Mateluna se funda en las atribuciones que me otorga la Constitución y las leyes» fue la frase con la que el presidente Boric respondió en La Moneda este martes 03 de enero ante cuestionamientos de la prensa.

Y es que desde que fuera anunciado el tan esperado indulto, el caso de Mateluna se ha tratado de transformar en una cabeza de playa para atacar la medida, considerando la simpatía que ha generado la liberación de los manifestantes del Estallido Social que se encontraban en prisión política como castigo por haber sido parte de las masivas protestas populares que hasta el día de hoy aterran a la elite.

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Boric prometió indultar a presos políticos desde antes que ganara la primaria con Jadue, se reunió con la «Asamblea Nacional de Familiares de Presos Políticos de la Revuelta» y fue uno de los puntos coincidentes que luego tuvo con la candidata Yasna Provoste (por lo que menos sentido aún tienen las críticas desde la Concertación). Es de todas luces lógico afirmar que la gente que votó por Boric y lo eligió como presidente estaba consiente de esta promesa, o incluso más, se puede señalar que personas votaron por él precisamente por este motivo.

¿Cómo se explica entonces tanto «sorpresismo» ante la aplicación de una promesa de campaña aplicada nueve meses después de asumir el cargo?

La campaña desatada desde la ultraderecha, la derecha y sus medios de comunicación contra el indulto va en la línea del ensañamiento contra los manifestantes para usarlos de escarmiento hacia el resto de la población para que no vuelvan a ocurrir sublevaciones sociales y protestas de las magnitudes del Estallido Social, que con cada declaración dan a entender que les siguen provocando pesadillas a muchas personas del poder.

Tanto es así, que incluso diputados de RN han planteado la idea de presentar una acusación constitucional contra la ministra de Justicia, Marcela Ríos, pese a que su rol fue netamente ejecutar el mandato que es exclusivamente presidencial. Es decir, no ha violado ningún artículo de la Constitución. Si hubiera que acusar a alguien debiera ser al presidente Boric, pero no existen motivos para hacerlo.

El indulto es una atribución que puede ser cuestionada y debatida su pertenencia para una democracia del Siglo XXI, no obstante, es una herramienta vigente que permite la Constitución del 80 que la derecha tanto defiende y ha sido aplicada por diversos mandatarios.

Por ejemplo, el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle indultó a 343 personas, entre ellos, 14 condenados por homicidio, ocho por parricidio y 56 condenados por delitos vinculados al narcotráfico. Durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, indultó más de 4 mil personas, y en el segundo mandato a 24 condenados, incluyendo a cinco criminales de lesa humanidad y 18 narcotraficantes, esto aludiendo a motivos de salud. En el caso de Lagos, incluso concedió la libertad al asesino de Tucapel Jiménez, lo que fue ampliamente rechazado en su momento tanto por la agrupación de ex presos políticos de la dictadura como por la de familiares de ejecutados políticos.

Por eso también llama la atención el show que ha montado la Corte Suprema en su comunicado expresando su molestia por las declaraciones donde Boric señaló estar seguro que Mateluna no era culpable de los delitos por los que fue condenado un proceso ampliamente cuestionado y lleno de dudas. El máximo tribunal indicó el clásico argumento que sólo existe en la cabeza de los abogados, pero que cualquier sociólogo o cientista político sabe que es una fantasía: la supuesta independencia del Poder Judicial respecto al poder político.

No es sólo que los representantes del Poder Ejecutivo (incluyendo municipios) y el Poder Legislativo tengan como práctica habitual comentar fallos judiciales, sino que las mismas sentencias están tremendamente influidas por el contexto en que se desarrolla un juicio, la presión social, política o mediática. Es cosa de imaginar cómo sería el contexto para las resoluciones judiciales en casos de presos políticos del Estallido o la ola de opinología por estos indultos, en el caso de que el resultado del plebiscito hubiese sido el contrario.

Entonces, lo que vemos en estos momentos no es más que hipocresía y una campaña de deslegitimación bajo el argumento que sea para evitar nuevos indultos a quienes se atrevieron a levantarse contra el sistema chileno que tanto beneficio les ha traído a las elites.

Por ende, lo que nos corresponde hacer a nosotras y nosotros, quienes sostenemos la condición de prisión política de las personas que fueron detenidas en medio de las protestas sociales del Estallido y que defendemos su liberación cuanto antes, es apoyar la decisión del presidente de aplicar el indulto -independiente que algunos hubiésemos querido que ocurriera antes- para mostrar y dejar en claro que es una medida con amplio respaldo y así posibilitar que puedan ocurrir nuevos indultos en el futuro. Si dejamos esto en manos sólo de la clase política y la prensa empresarial, es muy difícil que pueda volver a ocurrir. Aún quedan muchas personas que merecen ser liberadas.

*Imagen: Dragomir Yankovic/Aton Chile | Obtenida de Radio Universidad de Chile