[resumen.cl] El 7° Juzgado de Garantía de Santiago acogió la acción legal enmarcada en el caso «títulos falsos", fraude al interior de Gendarmería que involucró a cientos de funcionarios entre 2012 y 2015, quienes emitieron documentación falsa relativa a títulos profesionales y técnicos para alcanzar distintas asignaciones y subir sus sueldos.

Por los delitos de prevaricación administrativa, falsificación de instrumento público, obstrucción a la investigación y por incumplimiento al deber de denuncia, el 7° Juzgado de Garantía de Santiago acogió una querella presentada contra de 2 funcionarios de Gendarmería y una abogada, vinculados al caso "títulos falsos" al interior de Gendarmería.

La acción legal fue presentada contra el coronel Renán Sepúlveda Aldunate, el funcionario Rodrigo Lorca Elizalde y la abogada Elizabeth Ubilla Contreras, acusando al primero de haber falsificado aparentemente una firma y a Ubilla de haber intervenido en un sumario que le fue requisado, posiblemente, por haber sustraído antecedentes y con estos vicios haberlos derivado como medio de prueba al Ministerio Público, según lo señaló el también condenado por el caso «títulos falsos» Leandro Tegler, capitán de la institución. 

Los bonos cancelados iban desde los $350.000 hasta los $500.000 dependiendo el rango de cada funcionario y que sumados alcanzarían los $600 millones. Hay que destacar que durante 2019, el mismo 7mo Juzgado de Garantía de Santiago ordenó la detención de un funcionario de Gendarmería prófugo en el Maule, también implicado en en dicho fraude.

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El modus operandi de los funcionarios implicados en el caso «títulos falsos», entre los años 2012 y 2015, se puede graficar con la acusación y condena que pesa sobre el ex capitán de Gendarmería Leandro Tegler, acusado de hacer creer a distintos funcionarios de la institución, sobre la posibilidad de obtener un título profesional de la Universidad de la República (ULARE) y en la Universidad SEK.

Para cometer el ilícito, se habría validado de un certificado falso que acreditaba su calidad de egresado de la ULARE, para así cobrar sobresueldos. Pero, posterior a su sentencia, Fiscalía le devolvió su carpeta de estudios y ésta, contradiciendo la sentencia y al propio Fiscal, contenía un certificado de título del instituto Arturo Prat, por lo que este último inició acciones legales contra el persecutor.

Por este motivo se habría abierto una nueva arista en el caso «títulos falsos» de Gendarmería, teniendo como protagonistas a la abogada y los funcionarios actualmente investigados por llevar a cabo actuaciones ilícitas, faltando a la verdad en sus testimonios e introduciendo testigos falsos con la finalidad de que la investigación penal en su contra no arrojase resultados inculpatorios, declaró el abogado querellante, Enrique Aguirre.

Los ilícitos habrían sido cometidos atentando contra la probidad pública de forma organizada y corrupta, atentando contra todo el orden establecido a través de la prevaricación de procedimientos administrativos, agregó el querellante.

Hay que destacar que serían al menos 300 funcionarios de Gendarmería investigados y procesados por el caso «títulos falsos», que esta semana volvió a estar en la palestra con esta nueva querella por prevaricación administrativa, falsificación de instrumento público, obstrucción a la investigación y por incumplimiento al deber de denuncia.