[resumen.cl] El 12 de agosto de 2009, Jaime Mendoza Collio, de 24 años, fue asesinado por el cabo Miguel Jara Muñoz, integrante del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) durante el desalojo de un proceso de recuperación liderado por comunidades mapuches. A 11 años del crimen, aún es recordada la impunidad del funcionario policial al ser condenado a tres años de libertad vigilada.
Fue el 12 de agosto de 2009 cuando la comunidad Requem Pillán ingresó al fundo San Sebastián en un proceso de reivindicación y recuperación territorial. El terreno, ubicado en La Araucanía, era administrado por Sergio Gonzalez Jarpa, quien solicitó la intervención estatal en la situación.
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En este contexto, Fuerzas Especiales de Carabineros ejecutó un desalojo haciendo uso de bombas lacrimógenas y disparo de perdigones hacia la comunidad.
Múltiples fueron las detenciones en el lugar, mientras se desarrolló una persecusión al interior del terreno.
Fue en este punto que el cabo Miguel Patricio Jara Muñoz, integrante del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE), hizo uso de su arma y disparó por la espalda a Jaime Mendoza Collio, de 24 años, un homicidio por agentes del Estado.
Al igual que en casos anteriores, Carabineros utilizó el fundamento de «legítima defensa» para justificar el uso de armamento letal.
Sin embargo, los análisis forenses dieron cuenta de que Mendoza Collio no utilizó un arma de fuego, y verificó que el disparo ejecutado por la policía fue por la espalda. Es decir, no existía caso de legítima defensa.
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Tras un extenso proceso judicial, en 2013 la Corte Suprema dio sentencia a Jara de tres años de libertad vigilada. Esto, tras absolución que la justicia militar había realizado sobre los cargos al funcionario policial.
A 11 años de su asesinato, aún persiste en la memoria – y la historia reciente – el hecho de impunidad hacia la institución policial, el cual sucedió durante el primer gobierno liderado por Michelle Bachelet.
En un contexto donde se cumplen 101 días de huelga de hambre de Presos Políticos Mapuche, y donde la violencia racial contra las comunidades se encuentra latente, el ejercicio de memoria histórica es fundamental para comprender que casos de esta índole, lejos de ser aislados, han sido sistemáticos durante la postdictadura.