El INDH enfrenta una toma que ya cumple más de cinco meses, y que debió y debe resolverse a través de un diálogo sin condiciones. Más aún cuando las demandas de la toma son esencialmente aquellas que desde todas las organizaciones defensoras de derechos humanos se han levantado desde siempre: Verdad, Justicia y Reparación integral y verdadera para quienes sufrieron la represión gubernamental desde el estallido; impulsar la libertad de los presos de la revuelta y que el INDH cumpla efectivamente su rol de protector de los Derechos Humanos.

Por CODEPU

El Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH, pese al esfuerzo de muchos de sus funcionarios, no logra superar la crisis que lo aqueja y que ya se prolonga por largo tiempo. Y lo expresamos con alarma y preocupación pues la profundización de la crisis afecta al rol de promotor y fiscalizador del respeto a los derechos humanos de dicha institución y principalmente a las víctimas de dichas violaciones.

En estos días, desde el propio organismo se informa que a pesar del aumento presupuestario de un programa para apoyar a quienes fueron violentados en sus derechos fundamentales durante la revuelta popular, el INDH decidió no renovar los contratos a plazo fijo de un importante grupo de profesionales. Con ello, afirman los funcionarios, "se disminuyen las posibilidades de todos los equipos regionales de atender psicosocial y jurídicamente las necesidades de las víctimas del estallido social en las que el instituto mantiene querellas criminales".

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A los despidos se suman renuncias de aquellos funcionarios que llegan a la convicción de que las decisiones adoptadas en el último tiempo hacen del INDH una instancia en la cual no es posible seguir colaborando.

Simultáneamente el INDH enfrenta una toma que ya cumple más de cinco meses, y que debió y debe resolverse a través de un diálogo sin condiciones. Más aún cuando las demandas de la toma son esencialmente aquellas que desde todas las organizaciones defensoras de derechos humanos se han levantado desde siempre: Verdad, Justicia y Reparación integral y verdadera para quienes sufrieron la represión gubernamental desde el estallido; impulsar la libertad de los presos de la revuelta y que el INDH cumpla efectivamente su rol de protector de los Derechos Humanos.

A todas luces, el camino asumido por el director del INDH, Sergio Micco, es un camino que no avanza hacia la resolución de la crisis sino la profundiza. Hace un tiempo señalamos que era evidente que el INDH estaba sometido a presiones de los sectores más conservadores de la sociedad y de quienes relativizan los derechos humanos con la finalidad de disminuir su incidencia tanto en el debate público como en el cumplimiento de su obligación de exigir justicia y castigo a los responsables de las violaciones de derechos humanos. Los altos grados de impunidad existentes hoy en día son una realidad inaceptable.

A estas alturas, no nos cabe duda de que la conducción del INDH, debiera renunciar pues no contribuye a superar la crisis de la institución ni a fortalecer la defensa de los Derechos Humanos ni tampoco a garantizar la plena independencia y autonomía de la institución. Por nuestra parte, estamos ciertos del carácter del INDH y de la conformación de su Consejo, en el cual no se expresa claramente el rol que debiera tener la sociedad civil organizada. La conducción actual desdibuja su labor haciendo más evidente que el país requiere dotarse una institucionalidad de derechos humanos que se haga cargo de las debilidades e insuficiencias de la actual.

En tanto CODEPU, consideramos que las organizaciones de la sociedad civil deben acentuar su rol de defensa y promoción de los derechos humanos y acrecentar el accionar común. Más aún en tiempos que se requiere mayor capacidad organizativa y unitaria para asumir los desafíos de justicia, verdad, memoria y reparación.

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Fotografía principal: Javier Salvo/Aton Chile | Extraída de columna original de CODEPU