Este miércoles la ministra del Interior Izkia Siches compareció ante la prensa junto al subsecretario de la cartera Manuel Monsalve y el director general de Carabineros Ricardo Yáñez. Todo esto a raíz de la información dada a conocer por Interferencia, respecto que Luigi Lopresti, jefe de la Dipolcar, habría escondido informes de inteligencia que comprometerían la seguridad del Presidente Boric y la ministra Siches. Así como también la entrega de secretos policiales a ex autoridades del Gobierno anterior, entre ellos el ex subsecretario de Interior Juan Francisco Galli.

Por: Adrián Ríos Pincheira

Siches reconoció la gravedad de las acusaciones, pero a renglón seguido señaló que: "En relación al director de inteligencia de Carabineros, no van a haber modificaciones en el breve plazo, a menos que la investigación de cuenta de nuevos antecedentes" De manera inusitada y considerando lo sensible de la información comprometida el gobierno optó por mantener a Lopresti, pese a que ya ha estado en la mira por situaciones complejas respecto a espionajes a dirigentes estudiantiles, los mismos que hoy ocupan cargos de alta responsabilidad.

Por su parte Yáñez añadió: «Le dispuse al propio director de inteligencia que hiciera la denuncia al Ministerio Público. Vamos a poner toda la información que sea necesaria y requerida para aclarar esto, porque son afirmaciones graves y que obviamente pueden dañar la confianza que existe entre la autoridad de Gobierno y las policías, particularmente Carabineros".

Todo ello demuestra en una debilidad política del ejecutivo, manifestada enseguida por personeros como el diputado PS Luis Soto, quien afirmó que Lopresti intentará bloquear cualquier investigación seria al respecto y asegurando la impunidad para el jefe de la Dipolcar debido al respaldo del ejecutivo.

Para mayor abundamiento, desde La Moneda se cuestiona la información del medio digital, señalando que no contaría con fuentes concretas, Monsalve aduce la contrastación con la información entregada por la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), que depende del órgano político directo, el Ministerio del Interior, desconociendo que la prensa puede trabajar con fuentes anónimas, como es el caso. Y aduciendo que es el poder judicial el encargado de esclarecer los hechos.