Con un monto autorizado de $1.300 millones, el gasto en veintidós vehículos Lexus de alta gama para renovar el transporte de magistrados de la Suprema ha reflejado la priorización que se le da al gasto público. A modo de ejemplo, el gasto que implica el cambio a vehículos de lujo equivale a 6.000 pagos de la Pensión Garantizada Universal (PGU), hoy fijada en $214.296.

Por J. Arroyo Olea

Esta semana se dio a conocer la luz verde por renovar una flota de vehículos para jueces de la Corte Suprema por más de $1.300 millones, buscando reemplazar veintidós Toyota Camry por el Lexus ES300h, entregándole un vehículo de alta gama a los magistrados.

El hecho ha significado un cruce de versiones entre el Gobierno y el Poder Judicial. Por una parte, este último ha declarado que la Dirección de Presupuestos (Dipres) dio luz verde a los recursos, mientras que desde la dirección del órgano presupuestario descartan dicha autorización.

En esta línea, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, señaló que «el Poder Judicial en la ejecución de su presupuesto es autónomo del gobierno, el gobierno no resuelve qué autos se compran ni cuándo se hace. Lo que se ha conocido estos días es una decisión autónoma de ellos».

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Ante esto, la Corte Suprema ha citado a un pleno extraordinario para abordar la situación. El hecho ha abierto una discusión pública respecto a la utilización de recursos fiscales y cómo estas se relacionan con las exigencias y necesidades de la población.

En este contexto, un claro ejemplo se ve reflejado en pensiones, en un escenario donde el Gobierno ha impulsado un proyecto de reforma que profundiza el modelo de AFP que ha sido duramente cuestionado por la población durante los últimos años al entregar bajas y denigrantes pensiones a las y los trabajadores.

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Así las cosas, el primero de febrero de este año, la Pensión Garantizada Universal (PGU) pasó a ser de $214.296, tras ser aumentada desde $206.173 ante un reajuste instruido por la Superintendencia de Pensiones en enero de 2024 que aportaría a los más de 2.000.000 de pensionados que la reciben.

El reajuste implica el aumento de la PGU en menos de $10.000. Sin embargo, comparándola con la adquisición que pretenden hacer desde la Corte Suprema para 22 vehículos, el monto supera el financiamiento de 6.000 pagos de la Pensión Garantizada Universal.

Concretamente, con 6.000 pagos de la PGU el gasto -que proviene de cargo fiscal- sería de $1.285.776.000, mientras que el gasto en los vehículos de lujo para los magistrados se ha calculado se ha calculado cercano a los $1.300 millones.