[resumen.cl] La Fiscal Adjunta de la Región del Bio Bio, María José Aguayo, solicitó al Juzgado de Garantía de Talcahuano una audiencia para formalizar como autores de delitos de Malversación de Caudales Públicos a 4 funcionarios del DAEM Talcahuano.

Los hechos investigados se remontan al período entre los años 2015 y 2019, cuando tras denuncias de la docente Patricia Mancilla se detectaron irregularidades en los montos de dinero manejados por el DAEM Talcahuano, conducido en ese entonces por Pedro Soto, el conocido director que ganó el concurso de alta dirección pública sin contar con título y que ya había hecho lo mismo en el DEM de Arauco. La docente fue hostigada, perseguida, despedida y luego se obligó a la entidad edilicia a devolverla a sus funciones, por medio de una orden de Contraloría.

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Los montos involucrados, en un principio, tienen relación con los dineros no utilizados en el PIE al 31 de diciembre de 2016 por $172.033.389 y un saldo sin utilizar de la SEP de $170.173.864. Ambos montos habían desaparecido de las arcas municipales. Luego de presentar los antecedentes a Contraloría, la entidad fiscalizadora inició una auditoría encontrando más irregularidades en cuanto a dineros y procesos administrativos al interior del Departamento de Educación Municipal.

Tras ello, y frente a los graves hechos detectados por el organismo contralor, la Municipalidad de Talcahuano presentó los antecedentes al Ministerio Público, que tras casi 2 años de investigación comenzó el proceso de formalización contra los funcionarios municipales.

Los formalizados

Se trata de la Jefa del Departamento de Finanzas del DAEM, Verónica Risso; los administrativos del mismo Departamento, Gerardo Cuello y César Jara, además del Jefe de Proyectos y Mantención del DAEM, Juan Carlos Escribá.

En el caso de Risso, se le formalizará por el artículo 233 del Código Penal, que señala: "El empleado público que, teniendo a su cargo caudales o efectos públicos o de particulares en depósito, consignación o secuestro, los substrajere o consintiere que otro los substraiga".

La jefa del departamento de Finanzas arriesga por estos hechos presidio menor en sus grados medio a máximo, pudiendo llegar a presidio mayor en sus grados mínimo a medio, si el monto malversado excediere de cuarenta unidades tributarias mensuales.

La profesional se expone en todos los casos a las penas de multa del doble de lo substraído, y de inhabilitación absoluta temporal en su grado medio a inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos.

En cuanto a Cuello, Jara y Escribá, serían formalizados por el artículo 234 del código penal, que indica: "El empleado público que, por abandono o negligencia inexcusables, diere ocasión a que se efectúe por otra persona la sustracción de caudales o efectos públicos o de particulares", arriesgando por ello la pena de suspensión en cualquiera de sus grados, quedando además obligado a la devolución de la cantidad o efectos sustraídos.

Esta nota trata de un proceso legal en curso. Todos los involucrados son inocentes hasta que se pruebe lo contrario.