Mediante visitas presenciales al Centro de Estudios y Trabajo (CET) de Vilcún, el Colegio Médico constató una serie de irregularidades administrativas en su interior, exponiéndolas a través de un informe elaborado entre noviembre de 2020 y enero de este año.

Por Juan Contreras Jara

Graves problemas sanitarios ligados al acceso de agua potable, tala de bosque nativo, jornadas de trabajo de 12 horas y paga estándar de 60 mil pesos o menos, nulo acceso a la salud y falta de criterios al aplicar sanciones son algunas de las irregularidades advertidas por el Departamento de DDHH del Colmed regional Temuco. El organismo realizó el informe publicado junto al INDH, a través de su jefe regional, Federico Aguirre.

Cabe recordar que en noviembre pasado, Celestino Córdova y otros presos  acusaron, mediante un video, el insalubre estado del estanque que proporcionaba de agua a los internos, la persecución político-religiosa que está sufriendo al interior del CET y el castigo infringido a la población penal que apoyó la denuncia a la opinión pública.

Hay que agregar que por esta situación se interpuso una querella criminal en el Juzgado de Garantía de Temuco contra la alcaide del CET de Vilcún, Jessica Rivas, tras incurrir en actos de tortura y apremios ilegítimos contra los reclusos.

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Sumado a ello,  Rivas tiene un sumario en curso por mantener a la población carcelaria sumida en paupérrimas condiciones sanitarias. Recordemos que en el video divulgado se podía ver excremento e incluso animales muertos al interior del estanque de agua para los reclusos, mientras a gendarmes se les suministraba agua embotellada.

Estanque de agua CET Vilcún | Fotografía enviada a RESUMEN.

El informe del Departamento de DDHH del Colegio Médico regional Temuco

El documento fue el resultado de las visitas realizadas por las médicas Sonia Méndez y Lorena Ibacache del Colmed los días 11, 21 y 28 de noviembre de 2020. La última se efectuó el 24 de enero del presente año.

El informe relata que en una de las visitas (28/11/2020), advirtieron que "dicho centro no contaba con personal paramédico, ni los derivaban a algún centro de salud para su evaluación, pesquisándose personas con diferentes patologías, como sospecha de rotura ligamentosa de un hombro, sinusitis aguda, sospecha de hipertensión arterial, hipoacusia bilateral con daño timpánico, hernia inguinocrural, micosis y dermatitis"

Por lo anterior desde el organismo gremial enviaron diagnósticos y tratamientos médicos sugeridos, sobre todo ante el caso de lesión del hombro que requiere ecografía y evaluación por traumatólogo, además de la sinusitis que requeriría manejo antibiótico. Ninguna de las afecciones antes mencionadas mantenía tratamiento médico porque "no cuenta con permanecía de algún funcionario del área de salud, ni con visitas regulares", consignó el documento.

Explotación laboral al interior del CET de Vilcún: Trabajos pesados, sin implementos de seguridad y ganando 60 mil pesos mensuales como máximo

El mismo informe reveló que los internos cumplen con extensas jornadas laborales que en casos superan las 12 horas diarias y que además incluirían trabajos nocturnos. Sumado a esto, los reclusos entrevistados informaron al Colmed e INDH que  deben realizar trabajos pesados, donde se superaría la Ley del saco (25kg máximo) por carga permitida.

Además se enfatizó que los "internos señalan que no se les otorgan zapatos de seguridad, ni medidas de protección que puedan prevenir accidentes en sus jornadas de trabajo, debiendo ser adquirirlas por sus propios y escasos medios económicos".

Una situación similar ocurre con la disposición de herramientas al interior del CET de Vilcún. Pese a que los internos realizan labores de artesanías, hechura de estacas, vigas para construcción, entre otras actividades lucrativas para el centro penitenciario, éstos deben autoproveerse de las herramientas de trabajo.

Por todas las actividades antes mencionadas, el CET paga a sus internos remuneraciones que no superan los $60 000.

Tala de bosque nativo, sanciones infundadas y persecución religiosa

Según el sitio web del Ministerio de Justicia, son 1 027 hectáreas de bosque nativo las que administra Gendarmería de Chile desde 1974, meses después de instaurada en Chile la dictadura. En el lugar se les mal llama "colonos" a los presos que trabajan la tierra y crían animales,  haciendo una forzosa comparación con los terratenientes que llegaron a colonizar la Araucanía.

Los presos que hoy viven en el CET de Vilcún expresaron en las entrevistas realizadas por el Colmed que "que en las más de 1000 hectáreas que conforman al CET se talan árboles nativos (castaños y otros), para venta de estacas y vigas de construcción". Sumado a ello, el informe expuso que se registraron basurales ilegales, lo que evidenciaría un mal manejo de los desechos a través de acopios informales.

El documento informó además que los reos no tienen información sobre el criterio sancionatorio al interior del centro penitenciario, "nunca se les había dado a conocer por escrito. Los reclusos nos señalan que esto ha empeorado tras la implementación en noviembre de 2020 del Nuevo proceso de Calificación de Conducta, donde refieren que se les penaliza ante mínimas acciones, que se las ha bajado sus calificaciones, que arriesgan perder o no poder acceder a beneficios y que no existe claridad en la implementación y el criterio de la aplicación de dichas calificaciones".

A través de distintos comunicados públicos, la vocería del machi Celestino Córdova ha denunciado la persecución realizada por la alcaide Jessica Rivas, fundamentalista evangélica, contra la espiritualidad Mapuche al interior del CET.

Pese a que al interior de este tipo de centros penitenciarios debe respetarse y fomentarse el libre ejercicio de la espiritualidad, Rivas y compañía "ha obstaculizado la práctica de la espiritualidad religiosa mapuche, al impedir que se acceda a lugares o plantas medicinales requeridas para dicho fin y se denuesta dicha práctica en virtud de la religión predicada por gendarmes, incluida la Mayor del CET", expuso el documento.

Haber denunciado todo lo descrito anteriormente tiene a la población penal del CET de Vilcún en ascuas por posibles represalias, expresadas hasta la fecha en traslados infundados hacia centros penitenciarios cerrados en Temuco y Curacautín.

Desde el Colegio Médico Regional Temuco finalizaron el informe haciendo un llamado a las autoridades pertinentes a fiscalizar la situación, expresando que "la pena privativa de libertad es una sanción penal que restringe el derecho a libertad de las personas, pero no por eso se les debe privar de la dignidad humana y demás derechos e intereses fundamentales reconocidos por el Derecho Internacional como inherentes a todo ser humano".

Adelantaron que "estamos manifestando estos requerimientos a las instancias que corresponda para que sean investigadas a la brevedad". Además enfatizaron en que lo que se espera es que existan "condiciones mínimas como tener agua potable, contar con horarios definidos de jornadas laborales, respeto a la diversidad de prácticas religiosas y que existiesen actividades de intervención y capacitación -hasta ahora inexistentes- o que exista claridad en las sanciones a las que se exponen, siendo estas razonables, adecuadas y no desproporcionadas".