[resumen.cl] Alejandro Peña, exfiscal jefe Metropolitano Sur, formará parte de la defensa de Sebastián Zamora, carabinero acusado de homicidio frustrado tras empujar a un joven al lecho del río Mapocho el pasado 2 de octubre. Junto a Peña, trabajarán los exfiscales José Antonio Villalobos y Vinko Fodich.
Durante la tarde de ayer se dio a conocer que Alejandro Peña, quien fue fiscal jefe de la Fiscalía Metropolitana Sur y encabezó las investigaciones del montaje «Caso Bombas» durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, formará parte de la defensa del carabinero Sebastián Zamora, quien empujó a un joven desde el puente Pío Nono el pasado 2 de octubre de 2020 durante manifestaciones desarrolladas en Santiago, cuestión por la cual se encuentra procesado por el delito de homicidio frustrado.
Junto a Peña, la defensa estará conformada por otros dos exfiscales: Vinko Fodich (Fiscalía Local de 'uñoa) y José Antonio Villalobos (Delitos de Alta Complejidad Oriente), sumado al abogado Luis Urrutia Letelier, quienes forman parte de PFV Abogados.
Mientras la investigación ha seguido en curso, de parte de la familia del joven afectado han enfatizado en que desde el Gobierno «han hecho oídos sordos«. La madre de la víctima ha recalcado la importancia de que se avance en justicia considerando que «el carabinero Zamora intentó matar a mi hijo«.
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Montaje «Caso Bombas»: vergüenza del Estado
El 14 de agosto de 2010 un operativo liderado por el Ministerio Público detuvo a más de 10 personas en distintos lugares de la Región Metropolitana, realizando allanamientos en viviendas y casas okupa debido a investigaciones sobre una serie de explosiones detonadas en diferentes comunas.
La investigación se encontraba liderada por la Fiscalía Metropolitana Sur, concretamente, por el fiscal regional Alejandro Peña, dando paso a la llamada «Operación Salamandra» e, iniciada la judicialización, el conocido «Caso Bombas».
Sin embargo, la investigación estuvo cruzada por una serie de irregularidades que finalmente acreditaron la elaboración de un montaje en el que participaron diferentes instituciones estatales, dando cuenta de inconsistencias desde la presentación de pruebas hasta los argumentos presentados por la Fiscalía para procesar durante casi de 2 años a más de 10 activistas sociales, cuestión que terminó con la salida de Peña de al Fiscalía para asumir la jefatura de la División de Seguridad en el Ministerio del Interior y la absolución de todas las personas detenidas.
El hecho significó una derrota y vergüenza para el Estado. Personeros como el ministro del Interior de la época, Rodrigo Hinzpeter y Alejandro Peña, fueron señalados como orquestores de uno de los montajes más conocidos de la postdictadura chilena,