Emilio Piedrasanta

En el contexto de lo ocurrido a partir del levantamiento social, se realizó este viernes un encuentro con organizaciones y colectivas vinculadas al seguimiento de la violaciones de derechos humanos. El encuentro buscó revisar y aportar análisis sobre la violación sistemática de los derechos humanos y sus consecuencias sobre la salud mental de la población. Hay que recordar que los hechos han sido ampliamente constatados y que ello se ha recogido en los informes realizados sobre el panorama del país. Estos incluyen señalamientos por parte de Human Rigth Watch sobre las serias violaciones que han ocurrido, la visibilización que hizo Amnistía Internacional sobre el patrón generalizado que se daba al cumplirse un mes, o la advertencia de la CIDH y la ONU sobre lo grave, masiva y reiterada de las violaciones cometidas por el Estado. De hecho, este lunes 23 de diciembre, el INDH señaló que estas son las violaciones más graves perpetradas contra los derechos humanos desde la dictadura.

En la actividad Paulo Velásquez y Sindy Salazar, del Comité 19 de octubre, nos señalaron el contexto y las condiciones anómalas o irregularidades cometidas por las instituciones del orden. Puntualizaron que los derechos específicos afectados son el Derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, la igual protección ante la ley y el derecho a defensa, a la privacidad e inviolabilidad del hogar, el Derecho a la libertad personal y a la seguridad individual, el Derecho a la protección de la salud, y la Libertad de emitir opinión. En estas semanas el colectivo ha dado acompañamiento a las manifestaciones y un seguimiento a las situaciones ocurridas por la actuación del gobierno, trabajo que ha tenido muchas dificultades por el entorpecimiento, el incumplimiento de las obligaciones de parte de las fuerzas policiales y militares. No obstante, se ha logrado hacer un registro de acciones violentas que ejercidas por sus agentes haciéndose 81 denuncias, sin que representen la totalidad de situaciones, por lo extenso y generalizado del actuar represivo del Estado.

La Comisión de DD.HH. del Colegio Médico de Concepción señaló los efectos en la salud mental de la vulneración de los derechos humanos en el contexto de una protesta social. Sobre ello, Asef Antonio indicó los efectos que ocurren por la violencia ejercida por los actores estatales, la falta de atención o negación de derechos a la salud física y psicológica, la impunidad respecto a las violaciones y la violencia psicológica por la reiteración de los problemas. Esto último, señala, involucra la continua represión en las manifestaciones, el abandono de los sectores desfavorecidos y la frustración del pueblo movilizado ante los nulos cambios respecto a los problemas que provocaron el levantamiento popular o por la indiferencia del Estado a las demandas.

La Red contra la Violencia abordó la violencia político sexual y cómo afecta la participación de las mujeres y las niñas. En este sentido, Silvana Del Valle refirió que esta violencia es ejercida fundamentalmente contra las mujeres, niñas y disidencias sexuales con el objetivo de menoscabar o expulsar a estas personas de su participación pública o para humillar a quien se define como enemigo por parte del Estado o las elites para permitir que los grupos privilegiados dominen. Señala que es en especial fuerte porque involucra la significación de la sexualidad para humillar a las personas, destruir su integridad y generar miedo, a la vez que se evita que estas aporten para luchar contra las estructura de control y opresión. En las mujeres se da junto con el hecho de que se les cataloga de inferiores y que es particular o focalizada a ciertas clases y pueblos. Tal como lo hizo el Comité 19 de octubre, la Red denunció ante la CIDH la violación sistemática de derechos humanos desde el 18 de octubre, pero también que esto ha sido un continuo en toda la época postdictatorial y sobre ellas ha existido una permanente impunidad.

Finalmente, Claudia Urbina, del colectivo de Familiares y amigos/as de víctimas de violencia de Estado, compartió el caso de violencia física y psicológica que se ejerció contra su hermano para visibilizar las agresiones y la brutalidad de carabineros, pero también la anormalidad y la total discrecionalidad de sobre su papel. Su hermano recibió el impacto de una bomba lacrimógena disparada contra su rostro, causándole una profusa hemorragia y múltiples fracturas maxilares, por lo cual fue trasladado al Hospital Regional en Concepción, donde carabineros lo detuvo y, desde ahí, tuvo un trato que califica de tortura. Con este caso, también cuestionó la indiferencia, menosprecio y negligencia médica de los servicios de salud, al no atenderlo correctamente, pero también por su falta de respuesta y hasta facilitación a carabineros para que recibiera maltrato y fuera detenido de manera ilegal. Este hecho involucró el incumplimiento de parte del personal hospitalario para garantizar la salud de él, y sugirió la comisión de un actuar conveniente o cómplice con sus verdugos.

La actividad finalizó en un diálogo que permitiera discutir sobre los problemas que se dan respecto a las garantías a la atención de salud, y la visibilización del nivel de la crisis ante la violación sostenida de derechos humanos y la inobservancia de la autoridad de lo ocurrido. En ese sentido, el conjunto de asistentes señaló la necesidad de mantener la manifestación y a su vez la exigencia por justicia, verdad y reparación y el fin de la criminalización de la protesta social.