El día 17 de noviembre, luego de casi veintidós horas de debate, la Cámara de Diputados aprobó el primer presupuesto presentado por el Gobierno del presidente Gabriel Boric. Una extensa jornada no exenta de polémicas dado los puntos rechazados para que la propuesta pudiese ser despachada. Uno de los asuntos cuestionados fue el importe del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural perteneciente al Ministerio de las Culturas, el Patrimonio y las Artes. Dicha entidad es la encargada de solventar gran parte de los museos y sitios de memorias que hoy existen en el país, por lo tanto, son excluidos del presupuesto nacional entidades como el Museo de la Memoria, la Fundación Documento y Archivo Vicaría de la Solidaridad, la Fundación Patricio Aylwin Azócar, el Museo del Carmen de Maipú, Londres 38 Casa Memoria, entre más de una decena de espacios. En otras palabras, de llegarse a aprobar en el Senado el Proyecto de Ley de Presupuesto tal como lo han resuelto las y los parlamentarios, estos lugares patrimoniales no podrían contar con fondos gubernamentales para sus funcionamientos, dejándolos abandonados a la suerte de privados y gestiones prácticamente inviables en nuestro contexto.

Nora Fuentealba Rivas

La cantidad de dinero objetada fue la de noventa mil millones de pesos aproximadamente, este monto significa en términos concretos un 0,035% del presupuesto total del Ministerio de las Culturas, el Patrimonio y las Artes, el que este año aumentó en $38.000 millones redondeando, siendo el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural beneficiario del aumento de un 24% respecto al año 2022. Por lo tanto, en términos concretos y considerando que se tratan de más de trece instituciones las que se encuentran esperando financiamiento, los montos estimados se presentan a mi juicio coherentes a la misión y trabajo que estos lugares realizan.

Ahora, con todos estos antecedentes puestos sobre la mesa se hace necesario preguntarnos qué hay detrás de este rechazo, lo que nos obliga a situarnos en el espacio de las disputas por las memorias de nuestro pasado reciente, dado las características de la mayoría de los sitios excluidos del proyecto. En ese sentido, creo que para una parte importante de las y los lectores se hará evidente el sesgo político de dicha decisión considerando la actual división de la Cámara de Diputados (65 cupos obtenidos por la oposición, 65 por el oficialismo y 25 más por otros partidos). Sin embargo, sin negar lo anterior, creo que es imprescindible profundizar en el papel de los espacios de memorias en el país y sus disputas de sentidos, en especial cuando nos aproximamos a conmemorar cincuenta años del lamentable golpe de estado de 1973 con sus respectivas consecuencias.

Actividad en Sitio de Memoria El Morro. Agosto de 2007

La marca tras los sitios excluidos del presupuesto está dada por su pasado conflictivo. Las memorias de esos espacios son tensadas por un pasado que no ha dejado de pasar y que se ha hecho evidente en los resultados de los dos últimos plebiscitos realizados en el país respecto a la Constitución vigente. Las discusiones motivadas por las votaciones de texto constitucional hicieron evidente la escisión que cruza el país a la hora de comprender ese pasado en el presente. Las heridas ocultas por los silencios y omisiones de una transición que se ha tornado más larga de lo que pensábamos, han obstaculizado la justicia y con ella el relato de un saber común capaz de sacar del aislamientos a las víctimas, para ingresarlas a los horizontes de la esfera pública y a las construcciones de un imaginario colectivo que trascienda los imperativos ideológicos, para proyectar un futuro capaz de reconocer repeticiones, permitiendo así la elaboración de un trauma que aún mantiene al país sumergido en un pasado estático.

De esta forma, con la exclusión de estos sitios del presupuesto nos encontramos con una estrategia que busca imponer el olvido como solución al conflicto, apoyando así los discursos que buscan justificar los asesinatos, torturas y desapariciones realizadas durante dictadura cívico militar, con discursos que van desde la necesidad de los hechos para el progreso del país, intentando así empatar ese pasado con el anterior o en su defecto negando lo sucedido.
La complejidad de lo anterior tiene más de un problema, por un lado, tal como lo señala Elizabeth Jelin, cuando se niegan los espacios sociales de circulación de la memoria, trae como resultado el aislamiento de las víctimas, las que se verán encerradas en una repetición del dolor, por lo tanto, sin elaboración social. Por otro, este aislamiento que tiende a pensar que solo se trata de memorias singulares y de unos pocos, acota la memoria a lo que Tzvetan Todorov llamó "literalidad de la memoria", donde el pasado estático nos señala causas y consecuencias, fijando el pasado de tal forma que mantiene a las víctimas en su condición de víctima, sin que puedan salir de ello. Por el contrario, el buen uso de los espacios de memoria traduciría esas experiencias en demandas generalizadas, permitiendo que se elabore una memoria ejemplar, que posibilita obtener aprendizajes del pasado, relacionándolo y otorgándole sentido en el presente. Es aquí cuando la justicia se hace posible, ya que extrae de la memoria ejemplar los recuerdos traumatizantes un proyecto, el cual eventualmente otorgaría forma al futuro.

Por lo tanto, la estrategia de olvido impuesto por una parte de la bancada parlamentaria complica los mismos propósitos que intenta imponer, dado que mantiene el pasado y sus conflictos abiertos, esto bajo el presupuesto de que los sitios de memoria buscan encapsular a los recuerdos dentro de discursos y sentidos que no convienen al progreso del país o a sus intereses personales. El asunto aquí es que la exclusión de estos sitios de memorias del presupuesto anual podría hacer efectivamente de las memorias aquello que ese sector intenta combatir, dado que el dinero que obtienen esos espacios no es solo para preservación de archivos u objetos del pasado, sino para pensar ese pasado en el presente a través de diversas actividades que permiten movilizar el recuerdo, cuestionarlo, proyectarlo y darle eventualmente sentido.

De esta forma, esta estrategia se complementa o completa con el rechazo al presupuesto planificado para el INDH (Instituto Nacional de Derechos Humanos), ya que dichos derechos para determinada bancada parlamentaria privilegiarían solo a algunas y algunos, dejando fuera a lo que entienden como comunidad. Lo que ellas y ellos ignoran o prefieren no saber, es que en realidad se produce el movimiento inverso, pues sería la colectividad la que aísla a las víctimas y no al revés, y frente a eso no hay comunidad posible. En ese sentido, el (no) lugar de la memoria que proponen estas y estos diputados, impide que ella nos pase y se resuelva.

En otras palabras, la solución a los conflictos del pasado no se encuentra en estrategias como la planteadas, sino en la posibilidad de elaborar el conflicto en el presente, haciéndolo, por lo tanto, presente. Pues es en el centro de esa discusión donde se hace posible la justicia y solo a través de ella se puede proyectar un futuro que no nos libere del odio y el horror del pasado. Finalmente, no hay espacios de memorias sin voluntad de justicia, ni justicia sin memoria, y solo podremos redimirnos cuando nos reconozcamos en ellas.

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