Cuarenta y cinco empresas forestales se han unido para demandar por falta de servicio al Estado de Chile. Piden que se reparen los daños desde 2017 por la quema de sus maquinarias y otras acciones contra su patrimonio.
Por Nicolás Salazar
Las empresas forestales demandantes estiman que serían cerca de 166 mil millones de pesos por los que el Estado debe indemnizarlas.
La denuncia se presentó a través de un escrito de 63 páginas, y fue ingresado en el Segundo Juzgado Civil de Concepción.
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Serían 67 ataques incendiarios los que están integrados en la denuncia. El gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz, respaldó en medios de comunicación la acción.
Más allá de la denuncia, las empresas demandantes olvidan que han sido subsidiadas durante décadas por el Estado a través de incentivos económicos para la forestación de monocultivo de pino y eucalipto.
El caso más emblemático ha sido la bonificación a través del decreto ley 701, el que subsidió la plantación forestal desde la dictadura militar hasta años recientes.
Por otro lado, la demanda muestra ante la opinión pública a las empresas forestales como víctimas. Sin embargo, estas empresas son parte activa de un conflicto, al desarrollar sus actividades sobre tierras que hace décadas son reclamadas por comunidades mapuche.