Han transcurrido dos siglos desde la firma del Tratado de Tapihue, un hito que prometía paz y reconocimiento entre el naciente Estado de Chile y el pueblo mapuche. Sin embargo, esta conmemoración no es una celebración, sino un crudo recordatorio de una promesa rota, de una historia marcada por el despojo, la violencia y el incumplimiento sistemático por parte del Estado chileno.

Por Nicolás Salazar Maleras*

Un contexto de guerra y necesidad de paz:

A principios del siglo XIX, la guerra entre patriotas y realistas en Chile generó un vacío de poder que afectó también a las tierras mapuche. En este contexto, el general Ramón Freire, buscando consolidar el territorio y asegurar la paz en la frontera sur, promovió la firma del Tratado de Tapihue en 1825. Para el pueblo mapuche, este tratado representaba una oportunidad para reafirmar su autonomía y proteger su territorio ancestral.

Los tratados fueron un recurso constante en las relaciones hispano-mapuches y luego chileno-mapuches. Tapihue se inscribe en esta tradición, buscando establecer un nuevo marco de convivencia.

El Tratado: Letra muerta ante la ambición territorial

El Tratado de Tapihue, aunque breve, contenía elementos cruciales para la convivencia pacífica. Se reconocía la independencia del territorio mapuche al sur del río Biobío, estableciendo una frontera clara entre ambas naciones. Se acordaba el libre comercio y el respeto mutuo entre ambas culturas. Sin embargo, estos principios fundamentales fueron rápidamente desechados por el Estado chileno. A fines del siglo XIX, la expansión territorial del Estado hacia el sur se convirtió en una prioridad nacional, lo que inevitablemente chocó con los acuerdos de Tapihue.

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Para ilustrar la magnitud de la traición, citaremos algunos principios que se desprenden del espíritu del tratado, contrastándolos con la realidad:

1. Reconocimiento de la Autonomía Territorial: Tapihue implicaba el reconocimiento de un territorio mapuche autónomo. Sin embargo, el Estado chileno, a través de sucesivas campañas militares y la posterior ocupación de la Araucanía, desconoció esta autonomía, incorporando por la fuerza el territorio mapuche a su soberanía. El Estado perpetró un genocidio que cobró la vida de decenas de miles de mapuche creando una política de instalación de colonos europeos.
2. Respeto a las Autoridades Mapuche: El tratado presuponía el respeto a las autoridades tradicionales mapuche. En la práctica, el Estado chileno impuso su propia institucionalidad, desconociendo y reprimiendo las formas de organización política y social mapuche.
3. Paz y Comercio: Tapihue buscaba establecer relaciones pacíficas y comerciales entre ambas partes. Sin embargo, la historia posterior se caracterizó por la violencia, el despojo y la imposición de una lógica económica que marginó al pueblo mapuche, siendo hasta el día de hoy las zonas mapuche las más pobres del país.

El presente: Criminalización y militarización, lejos del diálogo

Lejos de honrar el espíritu de Tapihue, el Estado chileno ha optado por la criminalización de las demandas mapuche y la militarización del territorio. Comunidades enteras son estigmatizadas, líderes sociales son perseguidos y procesados bajo leyes antiterroristas, y el territorio ancestral mapuche se encuentra bajo una constante presencia militar. Esta política represiva contradice flagrantemente el espíritu de diálogo y respeto mutuo que inspiró la firma del tratado.

Históricamente, el Estado chileno ha resuelto a través de la imposición y la fuerza, en lugar del diálogo y el entendimiento. El gobierno de Boric no ha sido la excepción, instalando nuevas leyes represivas y prolongando la ocupación militar iniciada por Piñera post estallido.

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Durante el gobierno de Boric se han promulgado diversas leyes como la ley de usurpaciones, la ley Nain Retamal y la Ley de Organización Criminal que están siendo utilizadas para reprimir a comunidades mapuche que están exigiendo la restitución de sus tierras ancestrales que fueron usurpadas por empresas forestales, colonos y latifundistas durante la ocupación militar de la Araucanía en el siglo XIX, la dictadura de Pinochet y la democracia actual.

La desaparición de la dirigente mapuche Julia Chuñil el pasado 8 de noviembre de 2024, tras ser amenazada por poderes empresariales, reaviva la violencia estructural contra el pueblo mapuche.

Un llamado urgente al diálogo

La conmemoración de los 200 años de Tapihue, este 7 de enero de 2025, no debe ser un mero ejercicio retórico. Debe ser una oportunidad para reflexionar sobre la deuda histórica del Estado chileno con el pueblo mapuche y para rectificar el rumbo.

Es imperativo abandonar la vía de la represión y retomar el camino de otorgar autonomías políticas y grados de autodeterminación, basado en el reconocimiento de los derechos del pueblo mapuche y su territorio.

El espíritu de Tapihue, aunque traicionado, sigue siendo una guía. Nos recuerda que la paz y la convivencia solo son posibles a través del reconocimiento mutuo y el respeto a los acuerdos. La historia nos enseña que la imposición y la violencia por parte del Estado solo generan más conflicto.

Sindicar que el problema son las organizaciones mapuche que han utilizado la acción directa es desconocer que la autodefensa de un pueblo es un derecho ante los atropellos. Seguir planteando que el problema es el «terrorismo» y la «inseguridad» es seguir evadiendo las causas políticas detrás de la problemática y los intereses forestales, inmobiliarios, agroindustriales y energéticos detrás de las tierras mapuche.

Para entender mejor

Es importante recalcar que el Tratado de Tapihue, aunque no se conserva el texto original completo, se conoce a través de referencias históricas y su contexto.

La importancia radica en el principio que estableció: el reconocimiento de la autonomía mapuche. Este principio, reiteradamente violado, es el que debe ser reivindicado en el presente para dar una solución política a un conflicto que lleva siglos.

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* Nicolás Salazar Maleras es Licenciado en Historia y Profesor, titulado en la Universidad de Concepción