A pesar de las fuertes medidas represivas que el gobierno ha establecido en el contexto de la Covid-19, diferentes organizaciones y colectivos se han movilizado a lo largo del país para protestar frente al alza de crímenes de lesbo-homo-bi-transfobia.

Por Nüada

Durante los meses de febrero y marzo de este año se han realizado varios accionares en diferentes zonas de Chile, encabezados por colectivos disidentes y feministas. Esto, en parte impulsado por los recientes crímenes de odio que se han dirigido particularmente a miembros de esta comunidad y que han remecido a la población por la brutalidad de su naturaleza.

Entre algunos de los casos más terribles que han ocurrido en los pocos meses que lleva el 2021 se encuentran:

El 16 de enero, una mujer de 48 años fue agredida por dos vecinos en Lampa, siendo golpeada con pies, puños y palos hasta quedar inconsciente, en medio de constantes insultos lesbofóbicos.

Ese mismo mes, el 29 de enero, Sebastián Abarca, joven homosexual de 27 años, fue encontrado sin vida en Valparaíso, su cuerpo presentaba diversas heridas cortopunzantes en el tórax.

Un día antes, un interno de la Cárcel de La Serena se suicidó, tras recibir constantes acosos de gendarmes por su orientación sexual; la situación había sido denunciada con anterioridad, pero nadie hizo nada.

El 16 de febrero, una pareja de lesbianas, N.A.G.C (33) y G.E.C.O (41), fue brutamente atacada entre seis personas en Puente Alto, resultando ambas gravemente heridas.

Dos días después, el 18 de febrero en Coronel, Stefanía Constanza Breve Neira, joven lesbiana de 19 años, fue apuñalada junto con su pareja, perdiendo la vida.

También en febrero, fue encontrada sin vida Valentina Vera López, activista por los derechos de las personas trans, en Puerto Montt.

El 01 de marzo, Emilia Milen Herrera Obrecht, conocida como Bau, joven trans de 25 años y activista fue asesinada por guardias del Condominio RiñiMapu.

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Todo esto, entre otras situaciones de menor gravedad, pero no por eso menos indignantes, como un Jefe de tienda Fashion’s Park negando el permiso laboral a un trabajador que contrajo unión civil, argumentando que "los gays son calientes, incapaces de una relación estable"; Un Chofer de ambulancia denunciando acosos homofóbicos de un compañero y de un superior en Cerro Navia; Banco Santander humillando y negando derechos a una mujer trans en razón de su identidad de género; Un guardia de supermercados Santa Isabel impidiendo el ingreso de una mujer solo por ser lesbiana; Motel Betamax de Santiago cobrando más del doble de su tarifa a parejas del mismo sexo; Una mujer trans y su pareja denunciando despido transfóbico de la empresa Geotel de Calama; y quizás la guinda de la torta: El presidente en funciones tratando de boicotear la adopción homoparental y el matrimonio igualitario.

Frente a todas estas circunstancias es que colectivas, organizaciones y agrupaciones de diversidades de sexo y género se han manifestado para exigir justicia para las víctimas y emplazar al Estado, cuya responsabilidad de proveer seguridad a toda la población se condice con la ideología extremadamente conservadora del actual gobierno.

En Temuco, colectivas como La Quebrá del Ají y el Bloke Disidente, se han sumado a las protestas de carácter nacional. Diego Lagos, integrante de ambos espacios establece que "lo que nosotres como colectiva observamos, es que hay una serie de situaciones que vienen ocurriendo hace ya bastantes años, que es el riesgo permanente en el cual está la vida de todas aquellas, aquellos y aquelles que se encuentran es una posición de precariedad y de marginalidad frente a este sistema colonial, capitalista, patriarcal".

Además, se refiere a situaciones puntuales que han ocurrido durante el último tiempo en nuestro país: "Lo que hemos visto los últimos meses en Chile, la visivilización de varios casos graves de violencia extrema hacia disidencias, que incluyeron la muerte de lesbianas, amenazas de violaciones correctivas, golpizas para maricas y la muerte de una activista trans en una comunidad en resistencia".

En relación a estos crímenes, que no han sido ampliamente abordados por los medios tradicionales, Diego Lagos asegura que "por eso se ha levantado la consigna, junto a distintas organizaciones, de que la vida está en peligro. Lo que nosotres consideramos es que hoy hay una alerta importante, porque nuestra vida corre riesgo, nuestra existencia y nuestro derecho a vivir sin violencia".

Según el rol que tiene cumple el Estado en todos estos casos, Diego indica que "el Estado tiene una responsabilidad, por dos partes: Porque en muchos casos quienes ejercen esa violencia, quienes ponen en riesgo la vida de otres, son principalmente agentes del Estado, Carabineros, Militares, Fuerzas Armadas en general. Por otro lado, porque el Estado, a través de su inacción o su inobservancia respecto a determinadas conductas, favorece a que grupos o agentes paraestatales, es decir fuera del Estado, ejerzan violencia sistemática hacia grupos precarizados, subalternados. Vemos cómo estos grupos de sicarios que en protección de territorios de privados, que han sido usurpados, se sienten con el derecho de matar a otra persona. Entonces el Estado tiene una responsabilidad principal, respecto a los hechos que están ocurriendo hoy».

Fotografía principal: Disidencia aquí y en la quebrada del ají