Por Juan Contreras Jara / resumen.cl
Este jueves se hizo pública una grave denuncia en contra del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) y la Municipalidad de Calera de Tango, en la Región Metropolitana. En dicha oficina, se le habría negado el pago de licencias médicas, de pre y post natal a una de sus monitoras comunitarias, que hoy tiene ocho meses de embarazo.
La trabajadora a honorarios denunció que desde el Ministerio negaron la posibilidad del pago de sus licencias médicas. El principal motivo de esta decisión, tiene relación con la entrada en vigencia de la nueva Ley de Cotización Obligatoria para este sector que desde febrero de este año que -según denuncia la afectada- anularía el beneficio de pre y post natal pagado para sus trabajadoras. En definitiva, ellas podrían tomarse las licencias médicas, pero sin poder cobrar el subsidio del pre y post natal.
La afectada, Nicole Norambuena, trabajadora social en el Centro de la Mujer de Calera de Tango/Padre Hurtado, detalló a Resumen que el convenio/contrato que ella tenía con su empleador, o sea, la municipalidad de Calera de Tango, "garantizaba el poder tener acceso a todos los beneficios maternales, aún considerando que yo era trabajadora a honorarios y boleteaba. La realidad de las personas que boletean es que no están sujetas al fuero maternal, todos estos derechos son propios de un contrato laboral".
Nicole agregó además, que a pesar de esta compleja situación a ella se le respetó, hasta el año pasado dicho acuerdo; "considerando que estábamos, en el fondo, prestando servicios para el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género y por lo mismo, existían toda esta serie de beneficios asociados a nuestro contrato, pero en febrero de este año el convenio cambió. Ellos argumentan que con la entrada de esta Ley de Cotización Obligatoria, es responsabilidad de tu aseguradora de salud el pagar estas licencias y aquí es donde empieza el problema, el vacío legal".
La aseguradora de salud de la monitora social afectada es Fonasa, entidad que delega la gestión del pago de estas licencias al Compin (Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez). Esta oficina le está solicitando 12 meses de cotizaciones y, por lo menos, doce meses de afiliación a una AFP, para poder acceder a una licencia de pre y post natal, requisitos que no puede cumplir.
Nicole fue contratada en septiembre de 2017 por la Municipalidad de Calera de Tango para prestar servicios como monitora comunitaria en dicho centro de la mujer. La trabajadora a honorario explica que se enteró, al poco tiempo de estar trabajando, que estaba embarazada. "Fue todo muy sorpresivo, además yo soy diabética insulino dependiente, debido a esto, mi embarazo es de alto riesgo. Por este motivo yo comencé de inmediato un tratamiento durante el embarazo".
Norambuena explica que el Municipio nunca dio una respuesta clara sobre la difícil situación vivida por la trabajadora: "al darnos cuenta con el equipo de la oficina de que se habían anulado los beneficios maternales en este nuevo convenio, le consultamos a nuestro empleador sobre mi situación, pero desde enero solo han dilatado el asunto; diciendo que más adelante lo veíamos, que había que conversar, pero nunca dando una respuesta concreta".
La trabajadora social señaló también, que luego de enterarse de las nuevas cláusulas para las y los trabajadores a honorarios, acudieron a la Dirección de Desarrollo Comunitario de Calera de Tango, para que intercediera por ella. "Luego de que fuimos a la Dideco, el municipio decidió enviar un oficio al Ministerio, porque necesitaba la autorización de ellos para destinar fondos a pagarme las licencias. Los fondos para pagarnos vienen directamente desde el Ministerio hacia el Municipio".
Sobre la respuesta del SernamEG, la afectada comenta que tenía que irse con prenatal el 21 de febrero y esa misma semana llegó la respuesta desde el Ministerio. "No fue de manera formal si no que por un llamado telefónico de nuestra supervisora del ministerio, ella nos informa que no se permitía realizarme el pago de las licencias porque el convenio entre el municipio y yo no estaba contemplado. Ellos se desligan porque dicen que los contratos vienen de forma anual, por ende, el que rige es el de enero de este año. Todo esto lo supimos extraoficialmente, porque el Ministerio debe enviar un oficio con esta información."
Con respecto a la contradicción que significa para el SernamEG negar un derecho básico a una de sus trabajadoras, como lo son el pre y post natal, Nicole expresa indignación. "El ministerio trata de vender una imagen, donde busca erradicar la violencia contra la mujer, pero a la vez tiene a sus trabajadores en condiciones paupérrimas. Todas las personas que trabajamos en algún dispositivo del centro de la mujer, estamos contratados bajo los contratos a honorarios donde te exigen de la misma manera que en un contrato laboral, pero al momento de que uno quiera tener alguna garantía se niegan."
Norambuena agrega que entiende que entre una nueva ley en vigencia, pero el ministerio debió haber previsto este tipo de situaciones. "Nosotros quedamos desprotegidos. En este tipo de temas todos tienen que ver, pero a la hora de que uno pide algo o solicita un beneficio que es justo y legitimo como la licencia de pre y post natal, nadie se hace cargo. El ministerio dice que tengo que hablarlo con el municipio, porque es mi empleador directo y en el municipio me dicen que no pueden hacer nada porque existe este nuevo convenio y no pueden pasarlo a llevar".
La afectada también expresa incertidumbre con respecto a la renovación de su contrato, lo que estaría sujeta a variadas evaluaciones en cuanto a su desempeño al interior del centro, por lo que tampoco se respetaría el derecho al fuero maternal "Mi hija nace en tres semanas y siento que no tengo ninguna garantía de continuidad. Ayer me pagaron el sueldo de marzo, pero ahora estoy de brazos cruzados, porque no sé si me van a volver a contratar o si voy a volverla recibir un sueldo o no".
Con respecto a las acciones que tomará en caso de no recibir el pago por el uso de sus licencias la afectada no descarta una acción legal, intentando demostrar en tribunales su vínculo laboral con el Ministerio.
La profesional enfatizó en que "solo estoy pidiendo que me respeten el pago de las licencias. Mi mayor molestia es contra el Ministerio, que es el que más me está violentando".
Foto: Publimetro