El Juzgado de Garantía de Bulnes, en la Región de Nuble, estableció las medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno, prohibición de acercarse la Municipalidad y comunicarse con los coimputados, al director de Control del municipio de Portezuelo, Juan Pablo Santos Riquelme, imputado por el Ministerio Público por el delito de violación de secreto. Ilícito que se habría perpetrado en el marco del proceso de licitación de cuentas bancarias realizado al interior del municipio durante 2022.

Según el Ministerio Público, se logró detectar que, desde abril del 2022,  el imputado Santos Riquelme, previo a la publicación de la licitación sobre estudios financieros y proyección de ingresos de la Municipalidad de Portezuelo,  inició conversaciones con el coimputado Rodrigo Carmona Olivares, dueño de la empresa Gestión Global SPA.

En ese contexto,  el 1 de julio del mismo año le informa que la licitación está lista y que pronto será publicada, lo que se concreta el 7 de julio donde nuevamente informa y entrega el id correspondiente a Carmona Olivares.  El 11 de julio, en tanto reveló un secreto de la licitación al entregar al coimputado la respuesta exacta a la pregunta realizada a través del sistema de Mercado Público, lo que a juicio de la Fiscalía le otorgó ventajas en el proceso.

Gestión Global SPA es la empresa investigada por casos de corrupción en Nuble en el marco de una investigación conocida como «Cuentas Corrientes».

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A comienzos de mayo, la Fiscalía de Nuble investigaba a 5 municipalidades de la Región -San Ignacio, Niquén, Portezuelo, Bulnes y Cobquecura- dejando a su paso 2 alcaldes con medidas cautelares: prisión preventiva para el Alcalde de San Ignacio, César Figueroa Betancourt y del arresto domiciliario para el Alcalde de Niquén, Manuel Pino.

El hilo que une a ambos alcaldes, parece ser, el operador político Rodrigo Sandoval Terán, quien fungía como asistente del empresario Rodrigo Carmona, gerente general de Gestión Global SPA, la empresa cuestionada en el caso denominado «Cuentas Corrientes».

Sandoval es periodista -catalogado como operador político por la propia Fiscalía de Nuble- y estaría involucrado en la trama de presuntos delitos de corrupción en la municipalidad de San Ignacio. Figuró, hasta el mes de marzo, como asesor del diputado Frank Sauerbaum.

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La empresa es cuestionada porque el precio a pagar por su asesoría no dice relación con la prestación del servicio, consistente en realizar un estudio, sino con factores que tenían que ver con los intereses generados por los dineros municipales en los bancos donde se depositaban tales recursos. Es decir, podía generar enormes ganancias pero no por su trabajo, sino por factores externos asociados a la rentabilidad de los fondos depositados por las entidades municipales.

Esta forma de operar se extendió por al menos 5 comunas de la Región de 'uble e incluso se extendió a otras zonas, como Graneros en la Región de O’Higgins y San Bernardo en la Región Metropolitana.

Foto: Diario La Discusión