Once meses lleva en prisión preventiva el estudiante de primer año de informática Darío Chacón Velásquez, tras su detención la madrugada del 23 de enero pasado por no portar su cédula de identidad, en lo que parecía un control de identidad rutinario a una cuadra y media de su domicilio en Ancud, Chiloé.

Por Juan Contreras Jara

Carabineros lo trasladó hasta la Comisaría de Ancud desde donde fue derivado inmediatamente al cuartel de la PDI, donde terminó siendo interrogado y sindicado como sospechoso de la quema de la iglesia de San Francisco, ubicada a un costado del edificio policial.

El joven, actualmente recluido en el Centro de Detención Preventiva (CDP) de Ancud, fue detenido en cercanías de dicha iglesia, la misma mañana en que fue siniestrada. Durante estos meses no se ha recabado más información del incendio, pese al tiempo transcurrido y Darío está siendo acusado como único responsable. Fiscalía pide 10 años y un día de presidio, según informó su defensa.

Las instituciones que se están querellando contra Darío son el Ministerio Público, la Intendencia de Los Lagos y el Obispado de Ancud. Desde el 24 de enero, cuando fue formalizado, debió permanecer internado en el hospital de Puerto Montt donde se le realizaron exámenes psiquiátricos por un mes, antes de trasladarlo definitivamente al CDP.

Su abogado, Humberto Ramírez, comentó que los cargos que se le imputan son dos delitos de incendio, "475 n°1 del Código Penal y otro del 476 n°2 del mismo Código", el segundo tiene relación con las lesiones sufridas por un sacerdote que habría ingresado tres veces a la iglesia mientras ésta se incendiaba a buscar documentos.

Ramírez indica que "la acusación fue presentada el 13 de octubre pasado y entre las evidencias que maneja el Ministerio Público estarían: declaraciones de policías, testigos civiles, informes periciales de bomberos, entre otros". Todo esto se expondrá y evaluará como prueba en la preparación del juicio oral reagendado para el próximo 21 de enero de 2021.

Julita Velásquez, madre del estudiante expresó que este proceso "ha sido muy tormentoso, no lo veo desde mayo, cuando se logró conseguir arresto domiciliario por dos días". Debido a la contingencia le permitieron ingresar un teléfono y hablar tres horas a la semana. "Él está muy delgado, lo he notado deprimido porque ha pasado tanto tiempo que él ya se considera un preso político, por el retraso del juicio, la exposición y la condena pública previa para él y su familia".

Durante estos once meses se le ha negado en tres oportunidades el cambio de cautelar. Su defensor detalló que "primero estuvo sujeto a la medida cautelar de internación provisional en el Hospital de Puerto Montt desde el 24 de enero de 2020 hasta el 17de abril de 2020. El 17 de abril se decretó el arresto domiciliario total y el 22 de abril fue revocado por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt. Dicha resolución fue recurrida de amparo por la defensa. Recurso que fue rechazado 3 votos contra 2 por la Corte Suprema".

El procedimiento contra Darío Chacón y la pre condena mediática

Sumadas a las evidencias antes mencionadas de manera general, un encendedor y una caja de fósforos también formarían parte de las supuestas pruebas contra el estudiante, afirmaron desde su familia. Recalcaron que éstas últimas dos aparecieron mágicamente en su casa, pese a que su hijo las portaba con él y en ese momento se encontraba detenido.

En conversación con RESUMEN, Julita Velásquez comentó que el encendedor y la caja de fósforos le fueron requisadas por Carabineros cuando fue trasladado hasta la comisaria de Ancud para efectuar el control de identidad.

Para su sorpresa, las mismas especies aparecerían minutos más tarde sobre la cama del joven, luego que personal de la PDI ingresara a su domicilio sin una orden de allanamiento, ambas fueron requisados por los funcionarios.

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Julita relató que "eran las siete de la mañana y yo no entendía nada. Ellos ingresaron a mi casa sin una orden judicial. Mientras ellos estaban acá a Darío le estaban tomando declaraciones. Me pidieron permiso para tomar fotografías a la casa y tomar algunas pertenencias de Darío y yo no entendiendo nada, lo permití. Fue una torpeza gigante de mi parte pero fue porque enviaron a una persona conocida".

La madre de Darío ejerce el oficio del Tarot en Ancud y este funcionario policial o "persona conocida" como relata más arriba es el subcomisario David Cohen, su cliente. "Él me dijo que no me preocupara".

Posterior a ello y cuando Darío ya se encontraba en su domicilio luego de su paso por el cuartel de la PDI, llegaron decenas de funcionarios de la misma institución a llevarse al joven detenido nuevamente. Eso sí, este procedimiento con la intencionada e inescrupulosa exposición mediática efectuada por el medio digital de La Opinión de Chiloé que sentenció al joven y a su familia horas después de su detención, pese a no haberse realizado hasta la fecha ningún juicio condenatorio ante los tribunales.

Sobre esta situación Julita Velásquez fustigó, "quiero hacer una denuncia contra este medio de comunicación, porque a las 18:00 de esa tarde ya lo declaraban culpable. Se expuso su foto, nuestro domicilio y mi oficio. Me tildaron de bruja porque se supone que yo envié a Darío a quemar la iglesia, por lo que he recibido amenazas de muerte y quema de la casa. Entregaron mi nombre completo, mis trabajos anteriores, etc.".

Incluso habría citado un informe del SML realizado durante la estadía de Darío en Puerto Montt, documento al que según su madre ni la defensa ha podido tener acceso. "La psiquiatra que lo estaba evaluando descartó que haya entregado esa información porque es confidencial. Me extraña  mucho que ellos tengan más acceso que los abogados a este tipo de informes", señala.

Por lo anterior, la familia de Darío ha tenido que cargar con una serie de amenazas de todo tipo, las que denuncian, derivaron de la exposición y juicio anticipado que hizo el medio local. "Que lo quemen a él en la plaza o quemen su casa son algunas de las amenazas literales", lamentó Velásquez.

En el último de los ataques sufridos por la familia de Darío, su madre relató que "rompieron mi garaje y entraron a mi casa. [un hombre] Estaba ebrio e intimidó a mi hija. Llamamos a Carabineros y ellos lo tomaron detenido, pero lo liberaron al otro día y no quedó en nada pese a que nosotros no retiramos la denuncia".

Por lo pronto, la familia del joven estudiante de informática deberá esperar hasta el otro año para poder recién retomar el curso del proceso judicial de su hijo, que para entonces lo habrá mantenido, sin aún ser declarado culpable, más de un año preso, lo que es sin dudas un herramienta política, como cualquier prisión preventiva que se extienda por un periodo tan largo.