El lawfare tiene sus tiempos, un timing como dicen algunas. No se hace en cualquier momento, sino en un contexto especial en que éste afecte de mayor manera a su objetivo. Por eso es que su formalización ocurre ahora, no durante los tres años de investigación o después, sino que a meses de las elecciones municipales, instancia que prefigura el terreno para las presidenciales y legislativas del año siguiente.

Por Facundo Valderrama

Hoy se cumplen siete días desde que el alcalde Daniel Jadue está en una cárcel. Su caso, es el centro de la noticia a nivel nacional. Los medios de comunicación de los grupos de poder, como el Canal 13 de Andrónico Luksic, el Mega del Grupo Bethia, El Mercurio de la familia Edwards, La Tercera de Álvaro Saieh (ya me detendré en éste más adelante) y así el largo etcétera que incluye a todos los medios de comunicación, son parte de la arista mediática que debe tener todo buen lawfare para intentar imponer una condena en los marcos mentales de la población antes que siquiera opere la justicia.

Sí, es lawfare. Estamos en presencia de un nuevo episodio de esta maniobra tramposa mediática-judicial en América Latina.

El lawfare, guerra jurídica, instrumentalización de la Justicia, judicialización de la política o acoso judicial, es la utilización abusiva de instancias judiciales, manteniendo una apariencia de legalidad, para inhabilitar o provocar el repudio popular contra una figura política, según la simple definición de Wikipedia.

Una fase distinta, pero con el mismo fin, a la que vivimos en el continente a partir del derrocamiento del presidente Jacobo Arbenz en Guatemala 1954, cuando la estrategia de la clase dominante para imponerse y aplacar proyectos transformadores en casi la totalidad de los países de América Latina fue la de golpes de Estado militares, dictaduras sanguinarias y violaciones masivas a los derechos humanos, bien lo sabemos en Chile. Hoy, en un estadio distinto, la región es víctima de nuevas tácticas atentado a la soberanía de sus pueblos en la institucionalidad del Estado, principalmente de dos formas: El "golpe blando" o destitución del poder legislativo a un presidente ya en ejercicio, como ocurrió con Fernando Lugo en Paraguay, Dilma Rousseff en Brasil o Pedro Castillo en Perú; y en segundo lugar el lawfare para impedir que una figura pueda siquiera postularse.

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Quizás los dos ejemplos más demostrativos de esto último pueden ser la condena contra el expresidente Rafael Correa por influir psíquicamente (literal) en funcionarios del Estado para aceptar coimas, proceso que lo tiene inhabilitado de ocupar cargos públicos en Ecuador; o también lo que ocurrió con la maniobra contra Lula da Silva en Brasil, condenado a cárcel en un corrupto juicio por supuestamente aceptar un departamento que nunca se dio por enterado, en un proceso dirigido por un juez que despejó el camino para el triunfo de Bolsonaro y que fue premiado siendo nombrado ministro de Justicia de ese gobierno, y que actualmente ejerce como senador de un partido de ultraderecha. Demostraciones de que cuando la clase dominante quiere ejercer su poder en el Estado, lo hace. Sin importar si esto tiene base o no. Para eso tiene la capacidad de hacerlo y tiene medios de comunicación para justificarlo.

Tanto en el pasado como en la actualidad, las estrategias son regionales y se aplican casi calcadas en cada país del continente.

En Chile, es Daniel Jadue quien está siendo víctima de lawfare ¿Pero por qué habría una estrategia deliberada para destruir la carrera política de Jadue? ¿Qué lo convirtió en un objetivo de los grupos de poder? Los motivos son varios, principalmente, están buscando castigar cualquier tipo de iniciativa política que ponga en duda el régimen de tiranía del mercado, pues la idea de las farmacias populares destapó un modelo de gestión pública para ser partícipe de la prestación de bienes y servicios sin fines de lucro.

De hecho, los medios que forman parte de esta maniobra, para confundir a la población, hablan de las farmacias populares en pasado como si fuera un proyecto fracasado, pero ahí están, todavía prestando un importante servicio, incluyendo la de Recoleta, sólo la "empresa privada" Achifarp quebró. Un esfuerzo ingente y poco sutil de enlodar el concepto de este proyecto y así a cualquier iniciativa de gestión pública en la administración de bienes de primera necesidad por fuera de la esfera del mercado, paradójicamente, en un área donde las grandes cadenas farmacéuticas ya han dado muestras de comprobado comportamiento mafioso con la colusión para subir los precios de los medicamentos y enriquecerse a costa de -sin exagerar- la vida de la gente más pobre. 

El poder está usando sus medios para intentar instalar la idea que el alcalde está siendo procesado por corrupción, con notas de televisión con música tremendista, juicios morales de animadores de matinales que no entienden mucho el caso, titulares insidiosos y todo tipo de contenido sesgado para direccionar a priori la opinión de la población (uno de los más beligerantes es Mega, que repite la fórmula televisiva de cuando fue parte del montaje mediático del «Caso Bombas»).

En segundo lugar, quieren frenar las opciones presidenciales del único potencial candidato del bloque oficialista que sí podría expresar un cambio en el eje de administración del poder Ejecutivo y representar por primera vez un cambio en el statu quo postdictatorial. Daniel Jadue es un cuadro del Partido Comunista (PC) que no se ha olvidado del nombre de su partido, como pareciera ocurrir con la mayoría de sus militantes, que plantea como horizonte futuro (y necesario) la superación del modo de producción capitalista y de un alineamiento geopolítico lejos de la decadencia imperial de Estados Unidos. No hay ningún otro dirigente en el PC, un partido de profesionales de clase alta y media alta que se autopercibe como "obrero", parte de un gobierno administrador del neoliberalismo, que siquiera hable de estos temas en el debate político. Por eso es que las élites del poder le tienen pánico a Jadue. La sola idea de imaginarlo en La Moneda les produce pavor, sudor frío y pesadillas. 

Quizá otro aspecto importante y del que poco se habla, es la probable maniobra que podría estar jugando el sionismo, grupo bastante imbricado en ciertos sectores del poder, en un momento de cuestionamiento internacional hacia el Estado de Israel. Daniel Jadue es militante de la causa palestina antes de entrar al PC y es sin lugar a dudas, uno de los principales referentes que tiene ésta en nuestro país, ya sea por su activismo político o por su producción intelectual plasmada en libros en la materia, tanto así, que incluso le ha llevado a enfrentarse a ciertas posturas relativistas con el sionismo dentro de su propio partido. Es más, en 2020, el Centro Simon Wiesenthal (que alguna vez fuera tan valioso para la humanidad) le calificó como una de las personas más "antisemitas" del planeta. Daniel Jadue podría ser el primer presidente palestino del mundo, antes incluso que en Palestina ¿Se imaginan lo que significaría eso para la causa a nivel mundial?

Es por estas cosas que Daniel Jadue es, en este momento al menos, el enemigo número uno de los grandes grupos de poder y de la poco refinada élite que se cree dueña de este país.

El lawfare tiene sus tiempos, un timing como dicen algunas. No se hace en cualquier momento, sino en un contexto especial en que éste afecte de mayor manera a su objetivo. Por eso es que su formalización ocurre ahora, no durante los tres años de investigación o después, sino que a meses de las elecciones municipales, instancia que prefigura el terreno para las presidenciales y legislativas del año siguiente, las que, si son capaces de alargar este proceso, podrían incluso impedirle participar. Esto pese a que ya van tres años de lo que podría denominarse una "investigación desformalizada" en las que el Fiscalía comenzó pericias en el caso Achifarp, es recién ahora en que fue formalizado. No obstante, esto no impidió que el Ministerio Público fuera filtrando estos antecedentes a un medio de comunicación del duopolio de la prensa escrita que sobrevive sólo por dineros públicos de avisaje estatal: La Tercera, el diario que ha liderado todo este tiempo las acusaciones contra Jadue y que incluso le asignó, usando un concepto futbolístico, una periodista como una marca personal. Es desde La Tercera donde se han colgado todos los demás medios del poder para sumarse a la operación, televisivos, radiales y escritos. El alcalde ha tenido que enterarse a través de estos el porqué se le estaba persiguiendo durante tres años.

Las irregularidades son tan groseras, que incluso la Fiscalía (no un juzgado) le negó salir del país sin siquiera tener una medida cautelar que se lo impidiera, violando toda norma de proceder legal -y constitucional- y haciendo más evidente que nunca que se trata de una maniobra política, lo que queda todavía más claro tras decretar su prisión preventiva, la cautelar más drástica que existe en la legislación chilena, reservada para casos excepcionales de extrema gravedad, que no se aplicó a casos como el de Cathy Barriga o el de Raúl Torrealba, que sí están investigados por presunto desfalco de dineros públicos y no por el simple no pago y quiebra de una agrupación privada de compra de insumos médicos en tiempos de pandemia global. 

Cabe esperar que de alguna forma u otra prime la cordura y se caiga esta operación, pues el daño que puede generar es de una gravedad tal que sus impulsores, debido a sus propias limitaciones intelectuales y de clase, son incapaces de dimensionar, pues el lawfare no solamente daña la imagen de la persona que es víctima directa, sino que afecta a la soberanía popular y a la democracia en sí misma por, entre otras cosas, eliminar opciones de elección libre a la población. Es por eso que se utiliza siempre en contra de quienes podrían disputar un poder hegemónico o desestabilizar el statu quo. Ya pagó bastante caro Brasil las maniobras para favorecer a Bolsonaro y su proceso de destrucción de la institucionalidad de la que aún el país no es capaz de recuperarse, así que esperemos por el bien de nuestro país que esta mafiosa práctica no se instale en Chile.

Pese a todo este escenario, quizás valga la pena recordar para finalizar esta columna que Lula estuvo preso más de un año. Mandela estuvo encarcelado casi tres décadas ¿Y qué pasó con ellos después?