Este sábado de cumplen 97 años de la fundación de Carabineros de Chile. Una institución profundamente cuestionada debido a décadas de abusos que de forma soterrada o abierta han afectado a miles de personas. Mientras aumenta la sensación de inseguridad y la delincuencia propiamente tal, las sociedades se vuelcan a pedir ayuda a las policías. Pero, cabe preguntarse ¿están preparadas las policías para hacer frente a esto? Esto, a la luz de su comportamiento frecuentemente abusivo y negligente al que nos tienen acostumbrados.

Raimundo Contreras

Son 97 años de la lógica de violar y atropellar Derechos Humanos, de gatillo fácil, de disparar y matar sin hacerse mayores aprensiones, de reprimir a mansalva, de convertir el uso desmedido y desproporcionado de la fuerza en la forma común de actuación y de relación con la comunidad.

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A la población humilde la reprimen, apresan, torturan, disparan y matan, como si fuesen verdugos de su propio pueblo; en cambio, al cuiquerío y a las patotas de ultraderecha les brindan protección y genuflexiones, como ha sido evidente durante años recientes, tras el Estallido Social y la pandemia, en donde hemos visto sobradas muestras de este comportamiento bastardo.

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Las frecuentes y reiteradas situaciones en que altos mandos de Carabineros y efectivos de ese cuerpo policial uniformado han sido partícipes de hechos ilícitos rebasaron largamente los límites de lo socialmente tolerable, incluso en una sociedad tan arbitraria y desigual como la nuestra.

Entre el historial criminal de la institución se encuentran: sendos crimenes en dictadura, asesinato de comuneros y dirigentes campesinos, asesinato de detenidos en comisarías, violación y abusos sexuales a bordo de vehículos policiales o aplicación de torturas e implantación de pruebas falsas para encarcelar personas inocentes.

La macabra lista suma y sigue: Múltiples hechos de violencia intrafamiliar al interior de la institución, tráfico de drogas y vínculos directos con narcotraficantes, hurto, cochecho y tenencia ilegal de explosivos, secuestro y extorsión, torturas contra manifestantes, asesinatos mediante brutales golpizas a detenidos ,obstrucción de investigaciones en su contra o robo a conductores durante controles vehiculares.

Por si esto fuera poco, los efectivos comúnmente son señalados como un tardío apoyo a víctimas de delincuencia común mientras que se caracterizan por realizar hostigamiento a organizaciones barriales y persecución a humildes vendedoras y vendedores de productos alimenticios en las calles.

La represión a las legítimas manifestaciones populares durante el Estallido Social dejó varias cientos de víctimas mutiladas y con severos traumas oculares, un hecho que por su magnitud generó relevancia internacional.

Con respecto a los robos y estafas, destaca la malversación de fondos públicos del denominado «Pacogate» que involucró a su más alta plana de generales. Un fraude que desde que fue descubierto no dejó de aumentar hasta superar los 35.000 millones de pesos, contabilizados a principios de 2020, para luego aumentar hasta 45.000 millones de pesos en el último reporte de octubre del mismo año. Este fue considerado como el mayor fraude en la historia de Chile y como el «caso más grande de corrupción» 

Sin embargo, el medio digital Interferencia reveló la existencia de otra serie de irregularidades por un monto tres veces mayor al «Pacogate», se trata del fondo que gestiona aportes mensuales de aproximadamante 60 mil policías, equivalente a unos $150 mil millones de pesos. Auditorías externas y mismos carabineros enterados de esta situación hablaban de «la Cutufa de Carabineros».

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Queda en evidencia, además, una complicidad y complacencia de otros actores de la labor judicial que se hacen parte de las acciones ilícitas de Carabineros otorgándoles una credibilidad legal que hace años, muchos años ya, dejaron de tener. En particular ciertos fiscales y ministros de Corte, le brindan valor de prueba categórica a los partes y declaraciones policiales, aunque la contraparte afectada demuestre inocencia no rectifican oportunamente y prefieren hacerse cómplices y partícipes de una injusticia aplicando graciosamente penas de prisión y castigos ilegítimos a víctimas de la mafia policial.

Ojalá carabineros y las policías tuvieran el mismo celo y premura que muestran contra la población trabajadora y el pueblo pobre, cuando se trata de reprimir a delincuentes más poderosos de cuello y corbata.

Es el momento de asumir que el país necesita dotarse de un nuevo sistema policial, que no solo ponga fin a la actual policía uniformada y cree una nueva, sino que esencialmente llegue a cambiar la composición y formación de sus integrantes, la doctrina interna, los reglamentos y regulación de sus promociones, el carácter, la razón de ser, los objetivos, los principios y valores que deben hacer del cuerpo policial una institución al servicio de la comunidad, al servicio de la población, y no en contra de ella.

El pueblo no necesita de ningún cuerpo policial dedicado a matar a sus habitantes, destinado a reprimir a la ciudadanía trabajadora, pobre, carenciada, a los considerados débiles en la terrible escala de valores de este sistema esclavizante.

Prevención del delito: ¿Cómo? ¿Quién? Con la actual composición de mando es un chiste.

Servicio público: Salvo la relación que se produce en los pueblos pequeños y en limitadas funciones, el resto se comporta y actúa en confrontación con la ciudadanía.

Labor social: Si no hay catástrofes naturales (terremotos, inundaciones, etc), ya no se asocian ni cumplen ninguna labor de utilidad comunitaria.

Control del orden público: La actual doctrina institucional lo asocia solamente con la tarea de reprimir manifestaciones populares.

En suma, no hay por dónde encontrarle sentido a las funciones que cumple Carabineros en relación con los objetivos e intereses de la comunidad, de la sociedad común, de la ciudadanía.

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