La Tercera Sala de la Corte Suprema estableció que la sentencia que había sido dictada previamente por el Segundo Tribunal Ambiental incurrió en error al desestimar la realización de un proceso de participación ciudadana en la modificación del proyecto. Esto debido a la alteración significativa de los impactos ambientales del megacriadero de cerdos.

Por: Alberto San Martín

Un nuevo proceso de participación ciudadana deberá abrirse debido a la «modificación sustancial» que fue introducida al estudio de impacto ambiental del proyecto de modificación del megaplantel porcino, informó Diario Constitucional.

 El fallo indica que «Si durante el procedimiento de evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental, esta hubiese sido objeto de aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones que afecten sustantivamente los impactos ambientales del proyecto, el organismo competente deberá abrir una nueva etapa de participación ciudadana, esta vez por diez días, período en el cual se suspenderá de pleno derecho el plazo de tramitación de la Declaración de Impacto Ambiental. El Reglamento deberá precisar qué tipo de aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones, según el tipo de proyecto o actividad, serán consideradas como modificaciones sustantivas a los proyectos».

La sentencia señala que: «Se entenderá que las aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones afectan sustantivamente al proyecto o actividad o a los impactos ambientales, cuando incorporadas estas en la Adenda de acuerdo a lo establecido en el artículo 51 del Reglamento, es posible apreciar una alteración significativa en la ubicación de las partes, obras o acciones del proyecto o actividad y/o en la extensión, magnitud o duración de los impactos ambientales generados»

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La sentencia indicó que «Se ordena al Servicio de Evaluación Ambiental disponer la apertura de un nuevo proceso de participación ciudadana limitado a las cuatro observaciones contenidas en la Resolución Exenta Nº 158/19, y abordadas por el titular en la segunda Adenda complementaria, prosiguiendo con el procedimiento de evaluación hasta la emisión de la RCA que en derecho corresponda, complementaria de la RCA Nº 225/19, instrumento que, en consecuencia, mantendrá transitoriamente su vigor».

Largo historial de irregularidades y afectación a la calidad de vida de la población

Ya desde principios de 2016, la comunidad local alertaba de irregularidades en su proceso de calificación ambiental y permisos municipales.

Para intentar evitar su puesta en marcha en ese entonces, vecinos y vecinas realizaron caravanas, actividades informativas, una caravana fúnebre y otras manifestaciones.

La comunidad se organizó para exigir un estudio de impacto ambiental pero a finales de 2017 el proyecto comenzó a operar y tras solo un par de semanas de funcionamiento se realizaron las primeras denuncias por malos olores y falta de permisos.

En los meses posteriores le siguieron protestas con cortes de ruta y exigencias de clausura.

En 2019 autoridades del Maule aprobaron el controvertido proyecto de biodigestores y un mes después, la Superintendencia de Medio Ambiente formuló cargos contra la chanchera.

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Los cargos incluían: «operar el plantel porcino, al menos entre julio de 2018 y mayo de 2019, sin realizar el tratamiento de purines conforme a lo establecido» una infracción considerada como grave y además la «construcción y operación de proyecto, sin contar previamente con resolución de calificación ambiental», infracción también considerada como grave.

Ese mes de octubre la Corte de Apelaciones de Talca anuló mediante un fallo el decreto municipal que invalidaba el permiso de edificación del megaplantel de cerdos de Coexca en San Javier.

En febrero de 2020 Resumen constató en terreno los nauseabundos olores y la desesperante presencia de moscas en torno a la chanchera, tanto en las viviendas de las y los vecinos, como en el perímetro de plantaciones de pino.

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En enero de 2021, la Superintendencia de Medio Ambiente confirmó que en octubre de 2020 un ducto de residuos líquidos se rompió y alcanzó un estero que desemboca en el escuálido río Purapel.

Durante todo este tiempo, vecinos y vecinas han realizado una serie de denuncias constatando que las malas prácticas de la empresa siguen manteniéndose y no hay evidencia de una fiscalización adecuada.

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Investigaciones recientes llevadas adelante por equipos académicos locales han apuntado a la contaminación del río Purapel y las emisiones de gases contaminantes como metano y amoniaco. Junto a esto, causa preocupación que la empresa emplea grandes cantidades de diversos plaguicidas (diazinón, piremifos metil, cipermetrina y tiametoxam) debido a que la Superintendencia de Medio Ambiente ordenó medidas provisionales a causa de la cantidad de moscas que afectaban a la comunidad.

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Resultados preliminares indican que los impactos en la calidad de vida y la salud de la población incluyen náuseas, diarrea, dolores de estómago, vómitos, pérdida de apetito, cefalea e irritación de ojos, nariz y garganta. Causa preocupación la proliferación de vectores de enfermedades tales como ratones y moscas. Se reportaron problemas como insomnio, ansiedad, angustia, pérdida de apetito y sentimiento de aislamiento entre la comunidad afectada. En términos socioeconómicos, se han visto afectados cultivos orgánicos, la producción de miel, el turismo y otros aspectos, además de preocupaciones sobre la conservación de la biodiversidad local.

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